Corinna Larsen reclama ante la justicia británica 146 millones de euros al rey emérito por el presunto acoso sufrido

El juicio que enfrenta a Juan Carlos I y la mujer con la que mantuvo una relación amorosa durante más de una década, Corinna Larsen, ha regresado a la parte noble del majestuoso edificio gótico de los Reales Tribunales de Justicia, en Londres. La sala 13, abundante en madera y vidrieras, y llena de anaqueles con la jurisprudencia acumulada del derecho común británico, ha reunido este martes a 35 personas, entre abogados, relaciones públicas, periodistas, la jueza Rowena Collins Rice, y la propia Larsen, que no ha dejado de tomar notas y comentar con su equipo a lo largo de la sesión. La única revelación novedosa de la sesión ha sido, finalmente, la cantidad que Larsen reclama por los supuestos daños psicológicos sufridos: 126 millones de libras esterlinas (unos 146 millones de euros). Los abogados de Juan Carlos I piden a la justicia británica que rechace la demanda con el argumento de que “no tiene posibilidades reales de salir adelante”.

El proceso civil se halla aún en una fase inicial, en la que deben dilucidarse cuestiones preliminares. Pero la sensación de esta vista, que se prolongará durante cuatro días, es la de un momento definitivo, casi resolutorio. Una vez aclarada la cuestión de la inmunidad de Juan Carlos I, que la justicia británica ha reconocido para todos aquellos actos o maniobras contra Larsen que hubiera realizado cuando aún era jefe de Estado, antes de su abdicación el 19 de junio de 2014, el nuevo equipo jurídico del rey emérito ha querido ir a por todas. Ha reclamado que la jueza se pronuncie sobre una batería de alegaciones destinadas a tumbar el caso antes de que comience a ser considerado. En primer lugar, porque las maniobras denunciadas por Larsen, según el abogado Adam Wolanski, que ha comenzado la exposición en sala, no encajan con la definición de acoso (harassment, en el término inglés) que contempla la ley británica. En segundo lugar, porque el relato que constituye la denuncia —enmendado una y otra vez en los últimos dos años— carece de credibilidad, no contiene hechos o pruebas concretas que sostengan las acusaciones, aporta datos irrelevantes para la causa y supone un abuso del derecho procesal. “La demanda presentada es totalmente incoherente, la presentan sin concretar los hechos y no tiene posibilidades reales de salir adelante”, afirma el texto presentado ante la jueza por los abogados de Juan Carlos I.

Wolanski ha dedicado toda la jornada, que correspondía a la defensa del rey emérito por haber sido acordado de ese modo entre los dos equipos jurídicos y la jueza, a desmontar las acusaciones de Larsen, que no podía evitar mirar hacia la prensa española cuando los hechos relatados eran especialmente llamativos. Hasta una sonrisa se le ha escapado cuando el abogado ha vuelto a relatar que Juan Carlos I le pidió matrimonio.

“Se trata de una compilación de quejas, algunas realmente triviales, ocurridas a lo largo de 10 años. Y ni siquiera señala, en muchas de ellas, a Juan Carlos I”, decía el abogado. De hecho, ha resaltado cómo durante el tiempo en que habrían ocurrido algunos de los supuestos episodios de hostigamiento, Larsen seguía asegurando públicamente que mantenía una gran amistad con el emérito.

“Sigue el dinero”

La única revelación novedosa de la sesión ha sido, finalmente, la cantidad que Larsen reclama por los supuestos daños psicológicos sufridos: unos 146 millones de euros (126 millones de libras esterlinas). Pero esa cifra no deja de ser un desiderátum, un ejercicio de voluntarismo y de cálculo arbitrario. La verdadera cifra en la que el abogado buscaba fijar la atención de la jueza era el llamado “regalo de Lucum”, como lo llamaba constantemente Wolanski. Los 65 millones de euros que Juan Carlos I donó “de manera irrevocable” a Larsen, a través de la Fundación panameña Lucum. Cuando la relación amorosa se quebró, después de la inefable cacería de Botsuana de abril de 2012 que irritó a la mayoría de españoles, el rey emérito quiso recuperar su dinero. Fue a partir de ese momento cuando la empresaria alemana comenzó a sufrir, según su propio relato, una campaña de acoso y derribo contra su persona por parte del “aparato del Estado” y de la prensa española. La respuesta, según ha narrado este martes ante el tribunal británico el equipo jurídico del ex jefe de Estado, fue enviar hasta tres cartas intimidatorias a la Casa Real de España en las que amenazaba con tirar de la manta si no le ayudaban a poner freno al supuesto acoso. “Una amenaza en toda regla. Dadme lo que pido o acudiré a la prensa para entregar un material incriminatorio que hará daño a la Casa Real”, ha descrito Wolanski la maniobra de Larsen. “Un chantaje (blackmail, en inglés)”, ha asegurado el abogado en varias ocasiones.

“La demandante quiere que este tribunal le resuelva el litigio en torno al ‘regalo de Lucum’, y esto es un lío”, ha denunciado Wolanski.

El nuevo bufete contratado por Juan Carlos I, Velitor (la tercera firma jurídica a la que acude desde que comenzó el juicio), no ha querido dejar cabos sueltos ante una vista que podría suponer, en el caso de que acierten en su estrategia y convenzan a la jueza, el punto final de un largo proceso civil en los tribunales británicos que ha erosionado la cartera y la reputación del emérito y el prestigio de la monarquía española. Wolanski ha señalado también que la jurisdicción inglesa no es la apropiada para tratar la demanda, por la diversidad geográfica de los hechos narrados en ella y porque debería ser en todo caso la justicia española la que ejerciera su competencia. Finalmente, las sucesivas correcciones añadidas al texto de la demanda por parte de los abogados de Larsen —las principales, a sugerencia del juez que vio en un principio el caso, Matthew Nicklin— han convertido el relato en algo confuso y poco consistente, asegura Wolanski. Para colmo, denunciaba el abogado, la parte acusadora ha intentado colar por la puerta de atrás hechos relevantes para su acusación que ocurrieron antes de la abdicación, y que, por tanto, no deberían ser tenidos en cuenta.

El abogado que representa a Larsen comenzará a intervenir a partir de este miércoles. Tiene por delante la ardua tarea de convencer a la jueza Collins de que hay razones legales y materiales para que el proceso siga su curso. La decisión, que podría no conocerse hasta octubre, es una incógnita. A diferencia del derecho continental europeo, no debe ser necesariamente el mismo juez el que lleve el caso en todo momento. Nicklin dio señales de simpatía hacia la causa de Larsen. Collins, a la que ha tocado esta vista por reparto, ha sido una esfinge durante las largas horas de la primera sesión.