La UE confirma que no negocia con Marruecos una prórroga del acuerdo pesquero

“Actualmente no hay ninguna negociación en curso entre la Unión Europea y Marruecos en el ámbito de la pesca”. Así de categóricas han sido fuentes de la Comisión Europea consultadas por EL PAÍS sobre una posible prórroga del acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos. Eso quiere decir que el próximo 17 de julio, cuando expire el actual protocolo pesquero, suscrito en 2019, los barcos europeos que faenan en aguas controladas por Rabat, más del 70% de ellos españoles, deberán regresar a puerto por tiempo indefinido.

Las mismas fuentes han recordado que, en septiembre de 2021, el Tribunal General de la UE anuló el actual convenio pesquero entre la UE y Marruecos, pero mantuvo sus efectos prácticos hasta que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJUE) se pronuncie sobre los recursos interpuestos por el Consejo y la Comisión Europea, a instancias de España. Se espera que la sentencia, para la que no hay fecha, se dicte a finales de este año pero antes, el próximo 17 de julio, a solo seis días de la celebración de las elecciones generales y pocas semanas después de que España asuma la Presidencia de turno a la UE expirará, sin que se haya negociado una prórroga temporal.

En el trasfondo del pleito jurídico está el conflicto del Sáhara Occidental, en cuyas aguas se producen el 90% de las capturas incluidas en el acuerdo pesquero con la UE. La sentencia anulando el protocolo se basó en que la Comisión debería haber recabado el consentimiento del Frente Polisario, como representante legítimo del pueblo saharaui, al tratarse de un territorio pendiente de descolonización. Fuentes de la Comisión sostienen que “la posición de la UE sobre el Sáhara Occidental sigue siendo la misma” y que el acuerdo de pesca no afecta a “las posiciones respectivas de las Partes [Marruecos y la Unión] en relación con el estatus del territorio del Sahara Occidental”. Según su doctrina oficial, “la UE apoya los esfuerzos de Naciones Unidas por alcanzar una solución política justa, realista, pragmática, duradera y mutuamente aceptable a la cuestión del Sáhara Occidental, basada en un compromiso de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad”.

Según el acuerdo vigente, Bruselas abona anualmente a Rabat 52 millones de euros a cambio de 128 licencias de pesca para buques europeos, 92 de ellos españoles; entre los que se encuentran 47 con puerto en Andalucía, 38 en Canarias y siete en Galicia. Una vez descartada la prórroga, la Secretaría General de Pesca trabaja ya en un esquema de ayudas para los armadores y pescadores afectados.

El Gobierno ha advertido, sin embargo, de que estas ayudas no se darán a todos los buques incluidos en el acuerdo, sino solo a los que efectivamente hayan faenado al amparo del mismo. En los dos primeros años de vigencia del actual convenio solo hizo uso de la licencia una cuarta parte de la flota que podía beneficiarse de ella. La razón estriba, según fuentes del sector, en que muchos consideran el banco marroquí-sahariano como una alternativa si no hay pesca en otros caladeros y a que no siempre resulta rentable faenar por el canon que hay que pagar a Marruecos.

Al contrario de lo que sucede ahora, Marruecos y la Comisión Europea pactaron en febrero de 2011 prolongar por un año tras su finalización la aplicación del acuerdo pesquero entonces vigente. Sin embargo, en noviembre de 2011, el Parlamento Europeo rechazó la prórroga, lo que hizo que Rabat ordenara la salida inmediata de la flota de la UE.

Según Planas, el Gobierno ha instado a la Comisión Europea, que es la competente en la materia, para que “lo más pronto posible” negocie con Marruecos un nuevo protocolo de pesca que sustituya al que expira en seis semanas. “Nosotros estamos plenamente informados de la negociación e intervenimos en ella, pero tiene que ser la Comisión Europea la que consiga el acuerdo”, ha asegurado el ministro. En todo caso, se da por descontado que el nuevo convenio no llegará hasta que se falle el recurso que la Comisión Europea presentó contra la sentencia del Tribunal General de la UE que anuló el acuerdo vigente desde 2019.