Exhumar a los republicanos y expulsar a los benedictinos: los siguientes pasos en la resignificación del Valle de Cuelgamuros

El traslado de los restos de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, del Valle de Cuelgamuros, llamado de los Caídos hasta la aprobación definitiva de la ley de memoria democrática el pasado octubre, es en palabras del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, “un paso más en la resignificación” del monumento. Un proceso que comenzó en 2007, con la primera ley de memoria, que prohibía los actos de exaltación del franquismo en el recinto. El segundo gran hito fue la exhumación, en octubre de 2019, de los restos de Franco, decisión avalada por los tres poderes del Estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. La Ley de Memoria Democrática aprobada el pasado octubre incluyó el cambio de nombre y otras medidas aún no ejecutadas. En ese complejo proceso para arrebatar a Franco el monumento ideado para inmortalizar su victoria quedan todavía pendientes las siguientes fases:

Exhumación de los restos reclamados por sus familiares. A falta de un informe sobre sustancias tóxicas que puedan encontrar los especialistas, todo está ya preparado para entrar en las criptas donde yacen al menos 33.833 personas, el equivalente a la ciudad de Teruel, y tratar de recuperar los restos de 118 víctimas reclamados por sus familias. El proceso ha sufrido innumerables retrasos debido a que grupos profranquistas presentaron recursos en cascada ante los tribunales para tratar de evitarlo y cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a las familias de los represaliados el pasado julio y ordenó levantar las medidas cautelares impuestas por el Juzgado Número 10 de Madrid, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial alegó que la sentencia no era firme y se negó a conceder la licencia de obra necesaria. Por este motivo, la alcaldesa, Carlota López Esteban, del PP, tuvo que declarar el pasado enero en los juzgados, acusada de prevaricación administrativa por los representantes de las familias. Debido a esos retrasos, algunos de los familiares no podrán ya ver cumplido su deseo de recuperar los restos. Manuel Lapeña, hijo y sobrino de dos represaliados enterrados en el Valle, murió en 2021, a los 97 años. Desde 2016 disponía de una sentencia autorizando la exhumación de sus familiares. El equipo de expertos no solo procederá a exhumar los restos de republicanos reclamados, cuando sea posible técnicamente —algo que no está garantizado en todos los casos—, sino que también aprovechará la intervención en las criptas para repararlas, ya que en algunas de ellas se han producido filtraciones de agua.

Portal específico del Valle de Cuelgamuros. La secretaría de Estado de Memoria Democrática, que depende del Ministerio de la Presidencia, ultima un portal de internet dedicado al Valle de Cuelgamuros con la documentación histórica que explica cómo y para qué concibió Franco el monumento, cómo se construyó —con mano de obra presa—, y cómo se convirtió en una gran fosa común al ser trasladados allí, sin el consentimiento de sus familias, cientos de republicanos enterrados en fosas comunes durante la Guerra Civil.

Nuevo decreto y expulsión de la comunidad benedictina. El complejo ha sido administrado por la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, creada por un decreto de 1957 para “rogar a Dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional”. Un convenio de 1958 encomendó esa tarea a la comunidad benedictina. Tras la accidentada exhumación de los restos de Franco —el prior, que se opuso en todo momento al traslado, estuvo a punto de ser detenido—, fuentes del Gobierno señalaron que los benedictinos se habían “ganado a pulso” su expulsión del Valle, y que su actitud hasta la fecha no era compatible con el nuevo significado que se quiere dar al monumento. La Ley de Memoria Democrática aprobada el pasado octubre establece en su artículo 54.5 que “se declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, por resultar incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales”. Esa extinción se materializará al entrar en vigor un real decreto —todavía no aprobado— que “establecerá el nuevo marco jurídico aplicable al Valle de Cuelgamuros que determine la organización, funcionamiento y régimen patrimonial”.

Centro de interpretación. La resignificación no trata de alterar el monumento, sino de explicarlo desde la democracia. Así, el último paso del proceso para arrebatar el Valle al franquismo consistirá en convertir el recinto en un centro de interpretación para que el visitante sepa por qué es uno de los emblemas del nacionalcatolicismo o cómo más de 20.000 personas, entre ellas numerosos presos políticos, participaron en su construcción. El Gobierno se ha fijado en distintos ejemplos, como la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), antiguo centro de torturas de la dictadura argentina, hoy convertida en museo pedagógico y de homenaje a los desaparecidos, o el monumento a las víctimas del Holocausto de Berlín, para cuya construcción se invirtieron 15 años de debate social y político. La principal opción que se baraja es la convocatoria de un concurso internacional de ideas para elaborar un proyecto integral de centro de interpretación en el Valle.