Cinco reuniones con focos y cuatro años de negociación: el diálogo de Sánchez con el independentismo

Pedro Sánchez y sus distintos gobiernos —el que encabezó desde la moción de censura de junio de 2018 hasta enero de 2020, y el Ejecutivo de coalición con Podemos que preside en su segundo mandato— llevan negociando acuerdos con los dirigentes independentistas catalanes prácticamente desde su llegada al poder.

El intento de ruptura con el resto de España que culminó la Generalitat en octubre de 2017 sembró de escombros la escena política en Cataluña y rompió los escasos puentes de diálogo que existían entre el Gobierno central y el catalán. Sánchez heredó esa diabólica situación. El líder socialista, que había apoyado como jefe de la oposición la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía catalana tras la declaración de independencia, prometió en la campaña electoral de 2019 legislar para endurecer las penas por convocar referendos ilegales y defendió que los líderes juzgados del procés cumplieran íntegras sus condenas. Pero, cuando llegó al Gobierno, Sánchez pareció seguir las palabras de Manuel Azaña, expresidente de la República, cuando dijo: “Yo sostengo que el problema catalán es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar”.

Así conllevó el problema Pedro Sánchez en estos últimos cuatro años:

Diciembre de 2018. Cita con Torra: “Abordar el conflicto sobre el futuro de Cataluña”

Mejorar la relación con la Generalitat se convirtió en una prioridad en la agenda de los gobiernos de Pedro Sánchez. Sólo seis meses después de llegar a La Moncloa, el 20 de diciembre de 2018 se reunió con el president Quim Torra. Ambos coincidieron, y así lo destacaron en un comunicado conjunto, en que existía “un conflicto sobre el futuro de Cataluña”. Aunque en ese texto se aclaraba que Torra y Sánchez tenían diferencias sobre el origen y naturaleza del conflicto o las vías posibles de resolución.

El juego de las palabras acordado aquel día sugería que se buscaría a través del diálogo una propuesta política que someterían a consulta de la sociedad catalana. Pero esas mismas palabras también dibujaban algunas líneas rojas que siguen hoy vigentes. Aunque la apuesta política consistía en “avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña”, lo que sugería la posibilidad de llegar a un referéndum de autodeterminación, se apostillaba: “En el marco de la seguridad jurídica”. Y la seguridad jurídica, según la parte socialista en la negociación, pasaba por no incumplir la Constitución.

La reunión con Torra fue acompañada por una fotografía oficial que, hasta el último momento, el Gobierno de Sánchez se resistió a conceder pero finalmente concedió: el presidente y su equipo con Torra y el suyo, en Pedralbes. El jefe del Govern entregó a Sánchez un documento con 21 exigencias que, tres años después, no se han satisfecho en su mayor parte. El escrito reclamaba el reconocimiento del derecho de autodeterminación para Cataluña y “una mediación internacional” para una “negociación en igualdad”.

Esa mediación se convirtió en el requisito que puso ERC para apoyar los Presupuestos. El Gobierno llegó a defender la figura de un “relator” en las conversaciones, lo que llevó a la oposición a convocar manifestaciones en la calle, y finalmente retiró la propuesta. Y por ese obstáculo, entre otros, el presidente Sánchez se quedó sin apoyo de ERC y sin cuentas, disolvió las Cortes y tuvo que convocar elecciones.

En la tabla reivindicativa que Torra entregó a Sánchez, y que el Gobierno central nunca asumió en la mayoría de sus puntos, se planteaba también que “la vía judicial” debía quedar atrás. Faltaban aún diez meses para que se conociera la sentencia del juicio del procés. Pero esa cuestión judicial “que debía quedar atrás” fue, a la postre, uno de los puntos que Sánchez exploró con más intensidad para buscar un acuerdo con los independentistas que les garantizase la paz social y política en Cataluña y el apoyo imprescindible en el Congreso de los Diputados.

Febrero de 2020. Arranca el diálogo “en el marco de seguridad jurídica”

Un año después de la primera toma de contacto —y tras otra reunión preparatoria con Torra—, Pedro Sánchez reunió oficialmente la primera mesa de diálogo oficial con el Ejecutivo catalán, en febrero de 2020. En octubre de 2019, Barcelona había sufrido más de una semana de protestas muy violentas contra la sentencia del procés.

De esa primera mesa de diálogo salió un acuerdo para celebrar reuniones mensuales que nunca se cumplió; y una coletilla a la que el Gobierno de Sánchez se aferró: “Los acuerdos se tomarán en el marco de seguridad jurídica”. No se citaba expresamente que el límite era la Constitución, aunque el Ejecutivo siempre ha sostenido que eso estaba implícito.

Junio de 2021. Los indultos

La pandemia alteró todos los planes. Cataluña dejó de ser una de las prioridades del Gobierno. Pero, pese a la situación de emergencia, el Ejecutivo comenzó a preparar la primera de las medidas, con consecuencia judicial, encaminadas a atender las exigencias de la Generalitat. El 22 de junio de 2021, el Consejo de Ministros aprobó “por utilidad pública” los indultos a los nueve presos del procés.

Era, según explicó Pedro Sánchez, la manera que tenía su Gobierno de abrir un nuevo tiempo: “Encontraremos dificultades en el camino, pero merece mucho la pena intentarlo. Por nuestros hijos y nuestras nietas, la sociedad entera se lo merece. Queremos cerrar de una vez por todas la división y el enfrentamiento. La sociedad española demuestra hoy su grandeza. Es el momento de volver a la política”, dijo el presidente.

Ya entonces, la vía judicial seguía siendo para el Gobierno el camino más útil para beneficiar a los independentistas. De aquel tiempo son los primeros estudios que el Ministerio de Justicia encargó para reducir las penas del delito de sedición.

Septiembre de 2021. Segunda mesa de diálogo

Tres meses después de los indultos, en septiembre de 2021, se celebró la segunda reunión oficial de la mesa de diálogo, ya con Pere Aragonès al frente de la Generalitat. El nuevo president amplió la lista de exigencias —pidiendo una amnistía— y afirmó: “Las posiciones están muy alejadas, pero hemos coincidido en que la mesa de diálogo es el mejor camino. Hemos decidido trabajar sin prisas, sin pausa pero sin plazos”.

La amnistía era tan ilegal como el propio referéndum de independencia, y el Gobierno de Sánchez siguió buscando otra vía judicial para reducir daños a quienes andaban todavía huidos de la justicia, como Puigdemont, o pendientes de juicio (varias decenas de algos cargos de la Generalitat).

Julio de 2022. Última reunión: “Superar la judicialización”

Nueve meses después se convocó la tercera, y por ahora última, reunión de la mesa de diálogo entre ambos gobiernos. La pandemia había dejado de ser la prioridad, la polémica por los indultos parecía olvidada y ERC mantenía su apoyo parlamentario al Ejecutivo. Aunque Sánchez llevaba más de dos años explorando los rincones de la ley para favorecer a los independentistas condenados o imputados, la tercera mesa de diálogo dejó por primera vez escrito el compromiso de ambas partes para “superar la judicialización”. También “para reforzar el impulso de la lengua catalana”.

Ambos acuerdos comprometían más al Gobierno de Sánchez que al de Aragonés.

En relación con la lengua catalana, el Ejecutivo central renunció a reclamar la ejecución forzosa de la sentencia que obligaba a la Generalitat a garantizar al menos un 25% de clases en castellano. Y aceptó una reforma legal, apoyada por el PSC en el Parlament, que hacía más difícil todavía el cumplimiento de esa sentencia.

En relación con el acuerdo para “superar la judicialización”, nada se explicaba ni concretaba. El comunicado de la reunión de la mesa se limitaba a subrayar “la necesidad de poner fin a la judicialización de la vida política, partiendo del compromiso de conducir la actividad política e institucional de acuerdo al ordenamiento y los procedimientos democráticos”.

Solo los hechos, seis meses después de aquella reunión, han aclarado en qué consistía “superar la judicialización”. El Gobierno impulsó una reforma del Código Penal que derogó el delito de sedición, lo sustituyó (con un tercio de la pena máxima) por el delito de desórdenes públicos agravados y modificó la malversación para reducir también el castigo en el caso de que no haya lucro.

Así, cuatro años de negociaciones con el Gobierno independentista catalán han dejado un Código Penal más blando para determinados delitos, han devuelto la libertad a los nueve líderes de la Generalitat condenados a prisión por el 1-O y han mejorado las expectativas de varias decenas de altos cargos, pendientes todavía de juicio pero con menos riesgo de sufrir una condena de altas penas de cárcel.