Sánchez reprocha al PP que pida elecciones anticipadas mientras incumple la Constitución
Ocho vocales conservadores del CGPJ tildan al presidente del Gobierno de “irresponsable” por sus críticas a “la derecha política y judicial”
La crisis institucional que ha llevado esta semana a una amenaza de choque sin precedentes entre el Poder Legislativo y el Tribunal Constitucional se mantiene abierta a la espera del pleno que celebra el lunes el tribunal de garantías. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha culpado este sábado de la situación al Partido Popular, al que reprocha que pida elecciones a diario mientras impide que se renueven el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional, donde son mayoría los miembros elegidos a propuesta de los populares.
Sánchez no ha aludido esta vez a la “derecha judicial”, como sí hizo el jueves en Bruselas, cuando aseguró que “la derecha política y judicial han querido atropellar la democracia”. Contra esas palabras del presidente del Gobierno han reaccionado este sábado los ocho vocales conservadores del Consejo que vienen bloqueando desde septiembre la renovación del Constitucional. En una declaración difundida a primera hora, estos consejeros, todos propuestos por el PP para formar parte del órgano, tildan a Sánchez, de “irresponsable”. El presidente del Gobierno, que ha intervenido horas después en un acto en Valencia, no ha hecho alusión a esas manifestaciones ni ha insistido en su crítica al ala conservadora del Constitucional. Sí lo ha hecho la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien ha acusado a la derecha de “conspirar contra el orden constitucional y la democracia”.
Sánchez ha centrado sus críticas en el PP y en su líder, Alberto Núñez Feijóo, al que ha reclamado que cumpla el mandato de la Constitución y renueve el tribunal de garantías. “Sus magistrados toman decisiones muy importantes para el país y es razonable que las tomen con plena legitimidad y en plenas facultades de sus competencias y no con un mandato caducado”, ha advertido el presidente, que ha participado junto al dirigente valenciano Ximo Puig y la candidata del partido a la alcaldía de Valencia, Sandra Gómez, en el acto de presentación de los cabezas de lista a las elecciones municipales en las ciudades de más de 50.000 habitantes. Allí han estado el alcalde de Sevilla y candidato a la reelección, Antonio Muñoz; la candidata de Las Palmas, Carolina Darias; la cabeza de lista de Madrid, Reyes Maroto, y el candidato a la alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, entre otros.
El jefe del Ejecutivo ha reprochado a los populares “todo este ruido, esta crispación y este grado de insultos”. “Desde que gobierna el PSOE, el PP pide comicios anticipados todos los días y para todo. Pero cuando ellos ganan las elecciones, no las quieren ni anticipadas ni retrasadas; ahí lo que toca es mantener en los puestos a los que nombran, aunque sea de por vida. Y es lo que están haciendo desde hace cuatro años en el CGPJ y en el Constitucional: bloquear el gobierno de los jueces, bloquear la renovación del Constitucional, y si para eso necesitan bloquear el Parlamento, no se cortan un pelo, van y lo hacen. Así entiende la derecha y la ultraderecha la democracia en este país”. Según Sánchez, “solo hay un partido político que incumple la Constitución, que es el PP”.
El presidente ha insistido en que la renovación del tribunal de garantías es imprescindible porque lo establece la Constitución y ha recordado la importancia de las decisiones que tiene pendiente tomar este órgano: “En junio de este mismo año, el Tribunal Supremo de los EE UU [de mayoría conservadora] dijo que era inconstitucional el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo”, ha recordado, para recalcar a continuación que, ahora mismo, hay recurridas en el Constitucional la reforma laboral que pactaron Gobierno, sindicatos y empresarios, que tan buenos resultados ha dado; la ley de interrupción voluntaria del embarazo, o la ley de eutanasia.
Crítica de los conservadores del CGPJ
Sánchez ha eludido criticar directamente al tribunal de garantías, como sí hizo el jueves después de que el presidente de este órgano convocara un pleno de urgencia ―luego retrasado al lunes― para resolver las medidas cautelarísimas reclamadas en el recurso de amparo del PP contra la reforma judicial planteada por el PSOE y Unidas Podemos para desbloquear la renovación de varios órganos judiciales. Sánchez, a quien el estallido del conflicto cogió en Bruselas en una cumbre europea, dirigió durísimas palabras no solo contra la oposición política, sino también contra la mayoría conservadora del Constitucional.
Esas son las manifestaciones contra las que ha cargado este sábado el núcleo duro del CGPJ, en un texto en el que también califica de “groseras descalificaciones” las declaraciones realizadas ese día por varios portavoces parlamentarios, que no cita, en el Congreso. Los vocales firmantes ―Carmen Llombart, Francisco Martínez Tristán, Juan Martínez Moya, Nuria Díaz, José Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández, José María Macías y María Ángeles Carmona― consideran “irresponsable hacer ese tipo de aseveraciones, carentes de todo fundamento y más aún cuanto que supone transitar de la confrontación partidista a la deslegitimación de las instituciones ante la ciudadanía”.
Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra el Gobierno por sus críticas a los jueces en las últimas semanas. “Llamar a los jueces fachas con toga es incompatible con la democracia”, se ha quejado en La Rioja, en referencia a unas declaraciones del coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna. Feijóo no ha aludido de forma directa al intento del PP de suspender la votación en el Pleno del Congreso de la reforma del delito de sedición, pero sí ha dejado claro, en términos generales, que su partido “no dará un paso atrás” en la defensa “de la libertad y la concordia” y “en la defensa de España por encima de siglas e ideologías”. El viernes, en Valencia, Feijóo acusó a Sánchez de haber emprendido “su propio procés”. “Ha intentado, y está a punto de conseguirlo, controlar todas las instituciones”, criticó. “No distingue entre el Estado y el Gobierno. Uno en el CIS, otro en Correos, otro en Patrimonio Nacional, y otros ministros en el Tribunal Constitucional, y otros en el Consejo de Estado”.
No es la primera vez que vocales del CGPJ, cuyo mandato caducó hace más de cuatro años, se pronuncian contra declaraciones realizadas por miembros del Gobierno, y en ocasiones anteriores lo han hecho con un texto acordado por la mayoría de los vocales y suscrito por su presidente. Nunca hasta ahora habían criticado directamente al presidente del Ejecutivo, aunque sí al vicepresidente durante la etapa de Pablo Iglesias, contra el que cargaron en dos ocasiones, la primera de ellas ―cuando apenas llevaba 48 horas en el cargo― después de que Iglesias cuestionara la actuación de la justicia española durante el procés.
En el tiempo que lleva el Gabinete de coalición del PSOE y Unidas Podemos, la comisión permanente o una mayoría de vocales del órgano han reprochado distintas actuaciones del Gobierno (como la reforma legal exprés con la que se vetaron los nombramientos discrecionales del CGPJ mientras, como ahora, esté en funciones) o de ministros concretos. La última, hace un mes, en plena polémica por las primeras rebajas de pena a agresores sexuales tras la entrada en vigor de la ley de libertad sexual, la conocida como ley del solo sí es sí. La comisión permanente ―el máximo órgano de decisión tras el pleno― mostró entonces su “más firme repulsa a los intolerables ataques vertidos en las últimas horas contra los miembros del Poder Judicial por algunos responsables políticos”, en referencia a las dudas por la actuación de los jueces sembradas por algunos dirigentes de Unidas Podemos, empezando por la ministra de Igualdad, Irene Montero.
En esta ocasión, sin embargo, el texto está firmado por el sector más duro del grupo conservador (8 de los 10 vocales de este bloque), pero no por una mayoría de consejeros ni por ningún órgano del Consejo, ni siquiera por todos los vocales conservadores (se han quedado fuera Wenceslao Olea y Vicente Guilarte). Los ocho firmantes son quienes, desde septiembre, han maniobrado para impedir, o al menos dilatar, el nombramiento de dos magistrados del Constitucional que el CGPJ tenía que haber designado antes del 13 de septiembre.
La declaración de estos vocales se produce a tres días del pleno extraordinario previsto el martes, día 20, para hacer esas designaciones, una sesión forzada precisamente por estos consejeros para intentar adelantarse a la aprobación de la reforma legal impulsada por el Gobierno para facilitar la renovación del tribunal de garantías. Este cambio elimina la obligación de que los nombramientos se hagan con una mayoría de tres quintos y permite que sean elegidos los dos magistrados más votados, lo que facilitaría la designación tanto del candidato preferido por los consejeros propuestos por el PP como del elegido por los progresistas. Los conservadores quieren esquivar esta vía porque pretenden frenar el nombramiento del aspirante oficial de los progresistas, el magistrado de la Sala Tercera del Supremo José Manuel Bandrés.
En el texto difundido este sábado, los ocho vocales que lo firman recalcan que tanto el Constitucional, contra el que supuestamente se dirigían parte de las críticas de Sánchez, como el resto de tribunales “han contribuido decisivamente a la consolidación de la democracia, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución”, y señalan que la Comisión Europea ya ha recordado en tres ocasiones que “los miembros de los gobiernos y parlamentos de los Estados de la Unión Europea deben ‘abstenerse de actuaciones y declaraciones públicas que puedan socavar la legitimidad del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los órganos jurisdiccionales ordinarios, los jueces, individual o colectivamente, o del poder judicial en su conjunto”.
“El Estado de derecho es la piedra angular de una sociedad democrática, donde los tres poderes y todos los ciudadanos están sometidos al imperio de la Constitución, bajo cuyo cobijo se garantiza la convivencia libre y pacífica, en condiciones de igualdad”, señala el comunicado, que añade que “el papel fundamental de los jueces” es “el cumplimiento del orden constitucional y garantizar los derechos de los ciudadanos”. Tras rechazar las “descalificaciones” de Sánchez, los vocales hacen “un llamamiento a una convivencia regida por los valores de la concordia, la libertad y la seguridad jurídica, cuyo cumplimiento es especialmente exigible a todos quienes desempeñamos responsabilidades públicas”.
Crítica de las asociaciones judiciales
La situación que se vive en el Consejo y el Constitucional ha provocado también la reacción de asociaciones judiciales. La Francisco de Vitoria, la segunda en número de asociados y de tendencia conservadora, criticó el viernes los “ataques permanentes al Poder Judicial” por parte de los representantes políticos. Estos ataques, según el portavoz de la asociación, Jorge Fernández Vaquero, no son más que la consecuencia de “la incapacidad manifiesta de la clase política para dar respuesta a los problemas de los ciudadanos”. “Esto está llevando a que desde la clase política se trate de burlar esa frustración de las expectativas forzando un funcionamiento anormal de las instituciones. Esto es desastroso”, señaló Vaquero.
Juezas y Jueces para la Democracia, la asociación que representa al ala más progresista de la carrera, ha enviado este sábado un comunicado en el que reclama que las declaraciones públicas de los responsables de los partidos “bajen el tono”. La portavoz de la asociación, Ascensión Martín, reclama también que se respeten “las decisiones del Parlamento para tratar de superar el boicot al que un grupo de vocales del CGPJ somete la renovación del Tribunal Constitucional” y exige “responsabilidad” a los consejeros del grupo conservador.
