Feijóo rebaja sus exigencias y asume renovar el Poder Judicial entre los 51 jueces seleccionados en 2018
El Gobierno evita hacer referencia a que no reformará el sistema de elección con el objetivo de proteger la negociación en marcha con el PP
Poco a poco, las piezas para lograr la renovación del Poder Judicial, pendiente desde hace casi cuatro años, van cuadrando. Los implicados en esta historia, el Gobierno y el PP, tenían claro que la negociación ha estado tantas veces a punto de cerrarse —hasta cuatro— y los trabajos preparatorios estaban tan avanzados que bastaba solo con un poco de voluntad política para llegar a una solución rápida. Y ese empujón político es el que parece haber decidido ya el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al rebajar algo sus exigencias y aceptar que Congreso y Senado, como establece la ley, nombren a los 12 vocales jueces a partir de la lista de 51 candidatos elegidos por los propios jueces en 2018.
El dirigente popular ya no exige como condición indispensable el cambio del sistema de elección para que los jueces puedan elegir directamente a 12 de los 20 vocales del Poder Judicial sin pasar por el filtro del Parlamento. Con el modelo actual, el Congreso y el Senado eligen a los 12 sobre una lista de aspirantes previamente seleccionados por los jueces (a través de avales o asociaciones judiciales). Feijóo reivindicó el martes, en un acto en el diario El Mundo, que los jueces “tengan peso” en esos nombramientos, pero no enfatizó que deban elegir a los vocales directamente y sin participación del Parlamento. Ese giro consolida la idea que ya manejaban en La Moncloa el lunes, tras la reunión de tres horas entre Feijóo y Pedro Sánchez, de que esta vez es la buena, porque nadie aguanta ya más la presión, especialmente el PP, al que buena parte del sector judicial culpa del bloqueo, y por la mala imagen que España está dando en Europa.
Feijóo asume ahora, finalmente, que la renovación se haga sobre el método existente en la ley, de forma rápida, señalan en su entorno, y que se elija a los 12 magistrados de esa lista de 51 jueces que en 2018 se frustró por un wasap enviado por el entonces portavoz en el Senado del PP, Ignacio Cosidó, en el que señalaba que este partido iba a “controlar por detrás” la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a través de Manuel Marchena, que ya estaba pactado como nuevo presidente. Marchena renunció entonces a esa opción y complicó este proceso. Elegir entre esos 51 jueces a 12 vocales, y entre juristas de reconocido prestigio a otros ocho, hace que la negociación sea en teoría ahora más sencilla.
Todo estaba ya casi cerrado entre Félix Bolaños y Teodoro García Egea en 2021, cuando el veto del PP al juez Ricardo de Prada, propuesto por Unidas Podemos dentro del cupo de juristas de reconocido prestigio, rompió otra vez la negociación. Esta formación insiste ahora en que no aceptará ningún veto, aunque tampoco se ha enrocado absolutamente en De Prada, de momento. El PSOE acepta que Unidas Podemos promueva a dos candidatos de su cuota. De Prada, uno de los tres magistrados de la sentencia del caso Gürtel que condenó al PP y precipitó la moción de censura de 2018, es juez en ejercicio, lo que según el PP le invalida para formar parte del cupo de juristas de reconocido prestigio.
El movimiento de Feijóo hacia la renovación se está fraguando de manera lenta pero sin pausa. De hecho, en el Ejecutivo creen que la negociación, que estaba muy avanzada, puede ir muy rápido porque está todo muy claro. El reparto previsto era de 10 vocales conservadores y 10 progresistas, con una presidenta progresista que promoverán esos 20 vocales. La mayoría progresista sería así de 11 a 10. La lógica señala que la nueva dirección del PP querrá cambiar algunos nombres sobre los que tenía planteados el equipo de Casado, pero el corazón de la lista debería ser similar. Sobre todo entre los 12 jueces, porque ahí las opciones de elección son muy limitadas y la lista original está cerrada. No está encima de la mesa la posibilidad de reabrirla, algo que retrasaría mucho el proceso. Lo que no está aún decidido es si la renovación del Tribunal Constitucional, que forma parte del paquete del pacto, se haría con este CGPJ caducado y desprestigiado ahora con el presidente dimitido o ya con el nuevo recién nombrado. Eso sí podría ir rápido.
Feijóo admitió que, a diferencia de la última etapa de Casado, él ya no exige como requisito previo para renovar el órgano de gobierno de los jueces que haya una nueva ley para cambiar el modelo de elección de los vocales del CGPJ, algo que, por otra parte, se demoraría en el Congreso meses, en un año de claro tinte electoral. “Aceptamos que esa ley la pospongamos para los próximos meses. Creo que es una cesión francamente intensa”, señaló el martes. Y fue ahí donde combinó la exigencia de que “los jueces elijan a los jueces” con la de que “tengan peso” en la elección o “participen” en ella, algo que en realidad ya sucede, aunque siempre se podría reforzar en línea con lo que recomienda la UE.
El presidente del PP reafirmó el martes su “compromiso personal” de que, si llega al Gobierno, emprenderá en todo caso ese cambio legal. Es algo que los populares han defendido y prometido en varias ocasiones con José María Aznar y con Mariano Rajoy al frente de sus ejecutivos, pero que nunca han hecho poniendo diversas excusas. “En España esto no se hace desde el año ochenta y pico ―quedó establecido en una ley orgánica en 1985―, alguna dificultad tendrá. Estoy asumiendo alguna responsabilidad y un compromiso que no se ha hecho en mi país en los últimos 40 años. Creo firmemente en ello, creo que no hay otra posibilidad”, completó.
El presidente del PP valoró las mejoras logradas tras su reunión con Sánchez. Ahora, según Feijóo, la negociación no va de intercambio de nombres sino de “requisitos de idoneidad”, y también consideró un “avance” que ahora se aborde la solución a esta grave crisis institucional de forma conjunta, tanto con la renovación del Tribunal Constitucional como con la del Consejo General del Poder Judicial, algo que el Ejecutivo rechazaba.
Fuentes del equipo de Feijóo matizaron que no es que el líder popular renuncie ahora a plantear en la negociación esa posición sobre que los jueces elijan a la mayoría absoluta del órgano que les gobierna. De hecho, esa postura está en el documento que se remitió a La Moncloa en julio y volverá a estar ahora en la mesa entre Bolaños y Pons. Lo que Feijóo quiso subrayar ayer es que si ese punto no se logra consensuar (algo más que probable porque el Gobierno lo rechaza de plano) el dirigente del PP lo llevará en su futuro programa electoral y efectuará esa reforma si gobierna tras las próximas elecciones.
El Gobierno se evitó cualquier tipo de declaración que pueda poner en peligro la negociación. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, se mostró optimista. “Estamos avanzando en un acuerdo. Lo estamos forjando”, dijo. No quiso ni siquiera reivindicar el actual sistema de elección del CGPJ, algo que el Ejecutivo sí hace en privado, hasta el punto de que descarta aceptar un cambio. “No es momento de mostrar nuestras diferencias, que las hay”, zanjó Rodríguez. Feijóo interpretó, sin embargo, que en su entrevista con Sánchez habían alcanzado “el compromiso” de reformar la ley que regula ahora ese modelo de elección.
