25 años de Poder Judicial bajo control de la derecha

Buena parte del funcionamiento de la justicia —la mayoría de los nombramientos de cargos de la cúpula judicial; los informes sobre proyectos de ley del Gobierno; la acción disciplinaria— ha estado en manos del PP (antes AP) y de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura desde casi el comienzo de la democracia en España. Incluso durante los 25 años de gobiernos del PSOE (1982-1996; 2004-2011; y 2018-2022), la derecha mantuvo el control del Poder Judicial mediante distintas maniobras: el bloqueo en la renovación del Consejo con sus votos en el Congreso o el bloqueo en la renovación de cargos judiciales con los votos de los vocales elegidos por ellos mismos. Los hitos principales de esa situación son los que siguen.

Una ley constitucional de 1985 que el PP no cambió en 37 años. El PP recurrió en 1985 la ley socialista que dejaba en manos del Parlamento la elección de los 12 vocales de extracción judicial que hasta entonces decidían los jueces sin intermediarios. El Constitucional avaló en 1986 esa reforma legal y desde entonces el PP ha prometido cambiar el sistema para que los jueces vuelvan a elegir directamente a 12 vocales del Consejo. Pero nunca lo hizo cuando pudo en sus dos etapas y 15 años de Gobierno (1996-2004; 2011-2018).

El Consejo del Poder Judicial se creó por ley en 1980 y en sus primeros cinco años de funcionamiento estuvo controlado por los 12 jueces conservadores elegidos por sus compañeros. La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (la única existente entonces) arrasó pese a que representar solo al 25% de los jueces. Cuando el PSOE llegó al Gobierno, cambió la ley para evitar que solo jueces conservadores coparan los 12 puestos de vocales judiciales del Consejo.

El PP (entonces AP) recurrió la reforma ante el Constitucional, pero fracasó. El tribunal avaló la reforma al entender que el nombramiento por las Cortes con una mayoría de tres quintos garantizaba la pluralidad buscada. El Constitucional concluyó que los parlamentarios que elaboraron la Carta Magna quisieron que los jueces eligieran directamente a los 12 vocales judiciales, pero de manera que estuvieran representadas las distintas corrientes de pensamiento existentes en la carrera, cosa que no ocurrió en la primera y única elección directa que se produjo.

La sentencia de 1986 respaldó la nueva fórmula de “atribuir a las Cortes la facultad de propuesta de los miembros del Consejo procedentes del Cuerpo de Jueces y Magistrados, máxime cuando la ley adopta ciertas cautelas, como es la de exigir una mayoría calificada de tres quintos en cada Cámara”. Aunque en el mismo fallo, el Constitucional advirtió del peligro de un mal uso de la nueva norma: “Ciertamente, se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y atienden solo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de estos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial”. PP y PSOE desoyeron con estrépito el aviso del Constitucional.

1995-1996. Aznar bloquea antes para imponer una mayoría conservadora después. José María Aznar bloqueó la renovación del Poder Judicial que tocaba en noviembre de 1995, cuando agonizaba el Gobierno socialista de Felipe González. Solo cuatro meses después, el PP ganó las elecciones generales, Aznar fue investido presidente y renovó el Consejo imponiendo su mayoría parlamentaria. Durante la campaña de 1996, el PP prometió cambiar el sistema de elección de los 12 vocales jueces, pero cuando Aznar llegó al Gobierno se olvidó durante los ocho años de mandato.

1996-2004. El PP logra escorar a la derecha la Sala de lo Penal del Supremo. La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura no levantó la voz para pedir un cambio en el sistema de elección durante los años de gobierno de Aznar. En ese tiempo logró la mayoría de puestos que el PP eligió para el Poder Judicial y copó los principales puestos que iban quedando vacantes en el Supremo. Cuando Aznar llegó al Gobierno, la Sala de lo Penal tenía seis magistrados conservadores y siete progresistas. Cuando se fue, había revertido esa situación a favor de la derecha judicial. Una situación que llega hasta hoy: de 15 jueces, solo hay tres del sector progresista en la sala que dirime las causas penales contra los políticos aforados.

2005. Zapatero cambia la ley para evitar el rodillo conservador. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quiso frenar el rodillo conservador en el Poder Judicial y cambió la ley para obligar a que el nombramiento de jueces en el Supremo pasara de la mayoría absoluta necesaria entonces a tres quintos del Consejo, lo que obligaba a consensuar los nuevos puestos y a un reparto más equitativo.

Durante las dos legislaturas de Aznar entraron en la Sala Segunda ocho magistrados conservadores, por solo tres progresistas. La derecha judicial rechazó el cambio legal que le quitaba el poder para nombrar magistrados sin contar con el sector progresista e hizo un informe contrario en el CGPJ.

2008-2013. “Pasteleo impresentable” entre progresistas y conservadores. Los vocales conservadores y progresistas negociaron los nombramientos en el mandato 2008-2013 mediante un “pasteleo impresentable”, según denunció uno de los vocales elegidos por el PSOE en el cupo de juristas de reconocido prestigio. Otra vocal progresista de entonces, Margarita Robles, hoy ministra de Defensa, presumió en un correo dirigido a sus compañeros de Jueces para la Democracia del reparto de puestos: “La conservadora APM (1.300 afiliados): 21 nombramientos; Jueces para la Democracia (520 afiliados): 18 nombramientos; la centrista asociación Francisco de Vitoria (595 afiliados): 6 nombramientos”.