Interior reduce en tres años a menos de la mitad el número de presos clasificados como peligrosos

El número de reclusos clasificado en primer grado penitenciario por su peligrosidad se ha reducido a menos de la mitad en poco más de tres años. De los 995 internos que había en el llamado régimen cerrado a finales de 2018, se ha pasado, a finales de septiembre, a 480, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior en respuesta al Portal de Transparencia y actualizados por EL PAÍS en fuentes penitenciarias. La ley penitenciaria señala que esta modalidad de cumplimiento, la más severa, está pensada para “los penados calificados de peligrosidad extrema o para casos de inadaptación” a la vida penitenciaria y supone “un mayor control y vigilancia”, así como la imposibilidad de disfrutar de beneficios como los permisos. “La permanencia de los internos destinados a estos centros será por el tiempo necesario hasta tanto desaparezcan o disminuyan las razones o circunstancias que determinaron su ingreso”, añade la norma.

Las fuentes penitenciarias consultadas coinciden en señalar que el acusado descenso se explica, en parte, por el cambio de la política penitenciaria con los presos de ETA tras el anuncio de su disolución en mayo de 2018. En aquel momento había 209 reclusos etarras en primer grado (el 88% de los 245 miembros de la banda encarcelados en España). En la actualidad, no hay ninguno. A esto se suma el descenso de la población reclusa en las cárceles dependientes de Interior ―Cataluña y País Vasco tienen transferidas la gestión de los centros penitenciarios en sus territorios― que ha pasado en ese periodo de 50.521 a los 46.953 actuales.

Instituciones Penitenciarias señala un tercer elemento: el impulso dado en 2019 al Programa de Intervención con Internos en Régimen Cerrado, cuyo objetivo es facilitar la reinserción de los reclusos más peligrosos. En vigor desde 2010, este protocolo había estado en “hibernación” prácticamente desde entonces, apuntan fuentes penitenciarias. Con su reactivación, un buen número de presos en primer grado ha pasado en estos tres años al segundo, en el que está la mayor parte de la población reclusa y que, entre otros beneficios, abre la puerta a conseguir permisos. Lourdes Gil, coordinadora de Tratamiento y Gestión Penitenciaria, destaca que “uno de los objetivos del actual equipo directivo de Instituciones Penitenciarias era, precisamente, reducir el número de internos sometidos al régimen cerrado”. Otro era fomentar el acceso de presos al tercer grado o semilibertad. En su último informe, el Defensor del Pueblo había pedido a Interior “incidir en la preparación para la progresión de grado de las personas clasificadas en primer grado” con el fin de “facilitar la normalización del cumplimiento de la condena y la estancia en prisión y la preparación para la vida en libertad”.

Las estadísticas facilitadas por Interior reflejan los efectos este cambio. Entre 2012 y 2018, el número de presos en primer grado estuvo siempre en torno al millar, con un mínimo de 931 en el primer año de ese periodo y un máximo de 1.030 en 2017. Es a partir de 2019, ya con Fernando Grande-Marlaska al frente del ministerio, cuando esta cifra comienza a descender. Así, los 995 de finales de 2018 pasaron un año después a ser 822. A finales de 2020 la cifra era de 654. Un año más tarde, 495 y en mayo pasado, 455, para repuntar ligeramente en los últimos meses a los actuales 480, de los que 14 son mujeres, según datos oficiales. Su distribución entre cárceles es irregular. La que más internos de este perfil acoge es el Centro Penitenciario de Puerto I (Cádiz), con 60 presos. Le siguen la cárcel de A Lama (Pontevedra), con 32; y las de Teixeiro (A Coruña) y Mansilla de las Mulas (León), con 31 en cada una. Hay 29 en la de La Moraleja (Palencia) y 28, en la de Estremera (una de las siete prisiones de Madrid). Otras 25 cárceles tienen, al menos, un interno en primer grado.

Flori Pozuelo, responsable del Área de Programas Específicos de Tratamiento en Instituciones Penitenciarias, defiende el impulso dado al programa que ha llevado a que un 70% de los 480 internos en primer grado participen en el mismo. Durante el mismo, que es voluntario y dura una media de seis meses, estos reclusos toman parte en actividades terapéuticas, culturales y deportivas que buscan “que tengan una convivencia normalizada con el resto de la población reclusa. Se intenta evitar que un interno se cronifique en primer grado durante años”, añade. Esta visión es respaldada por José y Juan, dos funcionarios de la prisión de Villabona (Asturias) y que ahora imparten cursos a compañeros de otras cárceles. Ambos coinciden en señalar que en este centro, donde en la actualidad hay 14 de estos internos, más del 90% se ha apuntado al programa en estos años y que esto se ha traducido en una reducción de la conflictividad: “Hay menos incidentes y los que hay son menos graves”.

Desde los sindicatos ponen en duda los beneficios del acusado descenso. Francisco Llamazares, presidente de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), cree que estos resultados del programa para presos peligrosos no reflejan la realidad y buscan “vender el producto a la sociedad y bajar las estadísticas. Para saber si los programas [de reinserción] han funcionado con este perfil de internos habría que hacer una revisión periódica durante los próximos 10 años para ver quién ha vuelto a delinquir y quién no”, añade. En la misma línea se manifiesta José Ramón López, máximo responsable de ACAIP-UGT, el sindicato mayoritario, para quien, si bien estos programas “son necesarios”, considera que Interior maquilla las cifras: “Jugar con la estadística es muy peligroso, ya que, por reducir el número de internos en primer grado, se progresa a quienes no cumplen el perfil, presos inadaptados que aumentan la conflictividad en los módulos de régimen de vida ordinaria”.