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El PP de Feijóo eludió dar la batalla parlamentaria para que su líder participara

El debate sobre el estado de la nación no está regulado en el Reglamento del Congreso y los artículos que precisan quién puede intervenir ante el pleno son genéricos

Debate estado nacion España
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (a la derecha), y la secretaria general y portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, el domingo en el despacho reservado en el Congreso de los Diputados al líder de la oposición.Diego Puerta (EFE)
Javier Casqueiro

Alberto Núñez Feijóo no se medirá este martes, cara a cara, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el primer debate sobre el estado de la nación de esta legislatura. Estará en el hemiciclo, en el puesto de honor que se reserva para el jefe de la oposición, pero no podrá hablar desde la tribuna principal. El PP ha concluido, de consultas informales con letrados de las Cortes, que el senador Feijóo no tiene derecho a intervenir ante el pleno del Congreso. Pero tampoco ha querido dar esa batalla reglamentaria, seguramente larga y confusa, sin garantías de éxito. Fuentes populares y de la Cámara apuntan a que como el Reglamento del Congreso no precisa nada sobre la organización de este debate, que perfilan en cada caso los partidos con la Presidencia de la Cámara en la Junta de Portavoces, el PP sí podría haber discutido al menos esa decisión.

El PP aún decía hace poco más de una semana que estaba “estudiando” las posibilidades de que su nuevo líder nacional, senador por designación autonómica, pudiera dar la réplica a Pedro Sánchez en un debate de la nación que llega en uno de los momentos críticos de la legislatura. Fue el domingo de la semana pasada cuando la dirección popular informó de que ese papel le corresponderá finalmente a la secretaria general y portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, y que Feijóo se limitaría a sentarse a su lado, sin muchas más explicaciones.

El equipo de Feijóo añadió luego que su plan es que el líder tampoco haga declaraciones a los medios tras el duelo dialéctico para fijar la atención en el discurso de Gamarra, con duros mensajes críticos sobre la situación económica e institucional del país. Pero será difícil que Feijóo no haga manifestaciones a los numerosos medios de comunicación que se concentrarán en el Congreso durante los tres días que durará el debate, aunque el líder del PP solo ha confirmado su asistencia en la primera jornada.

El líder popular sí quería protagonizar el enfrentamiento cuerpo a cuerpo con Sánchez, según sostiene su equipo, que a su vez rechaza que Feijóo lo haya eludido por miedo o falta de preparación. El PP explica que es el Reglamento del Congreso y sus servicios jurídicos los que rechazan esa posibilidad y razonan que ante esa evidencia, el PP “no está para emprender batallas o guerras de guerrillas reglamentistas con la presidenta de la Cámara”, la socialista Meritxell Batet. La anterior dirección, encabezada por Pablo Casado y la misma Cuca Gamarra, sí batallaron contra la presidenta del Congreso en el caso de la votación errónea del diputado Alberto Casero para la reforma laboral. Entonces sí se presentaron recursos contra varias decisiones de la Presidencia y se acusó a Batet de ponerse de parte del Gobierno. Ahora ni se ha planteado esa opción.

Ni la Presidencia de las Cortes ni los servicios jurídicos del Congreso han sido, sin embargo, consultados oficialmente por el PP sobre este inédito escenario, en el que un líder de la oposición no disfruta de un escaño en la Cámara baja sino en el Senado, según ha confirmado EL PAÍS. El PP precisa que la pregunta “a letrados” fue informal y por parte de la propia Gamarra. Hubo otros sondeos de diputados de la dirección popular a letrados próximos a ese partido. Pero ni el PP ni la propia Presidencia han encargado al secretario general del Congreso y letrado mayor ningún informe al respecto, incluso con la intención de que ese precedente quedara fijado un criterio formal para el futuro ante la constatación de que se están produciendo circunstancias políticas hasta ahora impensables.

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En 1987 se produjo una coyuntura similar con la nominación de Antonio Hernández Mancha como líder del PP para relevar a Manuel Fraga, y también fue designado senador, pero no discutió con Felipe González en el debate de la nación de aquel año porque se consideró, como ahora, que no tenía derecho y fue unos meses más tarde cuando registró una moción de censura para lograr ese objetivo. Ese debate no le salió bien a Hernández Mancha y fue una de las razones de su desaparición de la escena política. El PP actual ha recogido ahora ese precedente para entender que Feijóo tampoco podía asumir ese rol.

El Reglamento del Congreso, aprobado en febrero de 1982, antes de que Felipe González accediera en 1983 al primer debate del estado de la nación, no recoge la organización de ese evento. Sí detalla en dos artículos que son los diputados los que hablan en los plenos y los senadores solo pueden asistir a las sesiones y comisiones de esa Cámara que no sean secretas. El artículo 69 señala: “Ningún debate podrá comenzar sin la previa distribución, a todos los Diputados con derecho a participar en el Pleno o en la Comisión, en su caso, al menos con cuarenta y ocho horas de antelación, del informe, dictamen o documentación que haya de servir de base en el mismo, salvo acuerdo en contrario de la Mesa del Congreso o de la Comisión, debidamente justificado”. El artículo 66 indica: “Los Senadores podrán asistir a las sesiones del Pleno y de las Comisiones que no tengan carácter secreto”. De la combinación de ambos preceptos, los servicios de la Cámara concluyen desde hace años que los usos y costumbres fijan que en el Congreso solo pueden hablar en general diputados, excepto en contadas excepciones, como cuando comparece el Defensor del Pueblo o parlamentarios autonómicos para defender reformas de sus estatutos.

El Reglamento del Senado, sin embargo, sí determina en su artículo 83 que los diputados pueden asistir a sus sesiones no secretas, “sin voz ni voto”. Fuentes del PP con experiencia en el Congreso y acceso a los letrados lamentan que la dirección de ese partido no haya querido “explorar otras fórmulas normativas” que podrían haber salvado esos escollos y permitido al menos discutir esa decisión ante la Presidencia. “Se ha dejado pasar una oportunidad, por dejación o desconocimiento, pero el debate no está regulado en el Reglamento y la que decide cómo se hace es la Junta de Portavoces, por lo que el PP podría haber pedido a Batet una resolución específica de la Presidencia o plantear una resolución conjunta de las mesas de las dos Cámaras y al menos dar la batalla”. No se hizo.

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Sobre la firma

Javier Casqueiro
Es corresponsal político de EL PAÍS, donde lleva más de 30 años especializado en este tipo de información con distintas responsabilidades. Fue corresponsal diplomático, vivió en Washington y Rabat, se encargó del área Nacional en Cuatro y CNN+. Y en la prehistoria trabajó seis años en La Voz de Galicia. Colabora en tertulias de radio y televisión.

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