El Gobierno mantiene su posición sobre el Sáhara pese a las medidas de presión de Argelia
Las represalias del país africano ponen en riesgo la cooperación bilateral contra la inmigración y el terrorismo y exportaciones españolas por un valor de 2.000 millones anuales
El Gobierno español no va a dar marcha atrás en su decisión de cambiar su postura sobre el conflicto del Sáhara, alineándose con la oferta autonomista de Marruecos, pese a la decisión de Argelia de dejar en suspenso el tratado de amistad, cooperación y buena vecindad entre los dos países. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha intentado templar gaitas con el país magrebí, y su titular, José Manuel Albares, ha respondido con buenas palabras al gesto inamistoso de Argel. Tras reiterar su voluntad de tener “las mejores relaciones con Argelia” —“como con todos nuestros vecinos”—, el jefe de la diplomacia española ha mantenido su adhesión a los principios contenidos en el tratado del que ahora reniega Argel, en especial el “respeto mutuo”, la “no injerencia en asuntos internos” y la “cooperación mutuamente beneficiosa” para ambos Estados. Pero no se ha movido un ápice de la nueva posición sobre el conflicto en la antigua colonia española.
Las palabras de Albares no parecen haber calmado a las autoridades argelinas, que, pocas horas después, han anunciado que la Asociación de Bancos y Entidades Financieras (Abef) ha enviado una instrucción a los bancos de su país anunciando la congelación de las domiciliaciones bancarias de las operaciones de comercio exterior de productos dirigidos o procedentes de España a partir de este jueves, lo que pone en riesgo el intercambio comercial entre los dos países. Según datos de la Secretaría de Estado de Comercio, España exportó al país africano por valor de 1.242 millones de euros entre enero y agosto de 2021, (1.916 en todo 2020), mientras que importó de dicho país por 2.556 millones (2.511 el año anterior), en su mayor parte hidrocarburos. España es el tercer cliente de Argelia (tras Italia y Francia) y su quinto proveedor (detrás de China, Francia, Italia y Alemania).
La oposición ha aprovechado la nueva vuelta de tuerca de Argel en la escalada de tensión con España para cargar contra el Gobierno, y el Grupo Popular y Ciudadanos han pedido la comparecencia de Albares en el Congreso. “Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer”, ha escrito la portavoz del PP, Cuca Gamarra, para quien la decisión del Gobierno argelino constituye “otra consecuencia de la falta de política de Estado”. El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha subrayado que la decisión de Argel se produce “justo después de que Sánchez sacara pecho de lo bien que lo hace todo y de exigir a la oposición altura de miras y sentido de Estado”.
Fuentes diplomáticas reconocen que la decisión de dejar en suspenso el tratado de amistad es un gesto político cuyas consecuencias resultan difíciles de prever. El tratado es en realidad una mera declaración de buena voluntad, una enumeración de principios y buenas intenciones, ayuno de compromisos prácticos. Su carácter eminentemente político se refleja en su fecha de aprobación: octubre de 2002, tres meses después del incidente del islote de Perejil, el momento de mayor tensión entre España y Marruecos, cuando ambos países estuvieron al borde del enfrentamiento armado.
Uno de los pocos puntos concretos que incluye el tratado, la celebración anual de una Reunión de Alto Nivel (RAN) entre ambos gobiernos, no se cumple: la última tuvo lugar en 2018. Su utilidad radica en que sirve de paraguas a los acuerdos, esos sí concretos, en materias como la cooperación económica, militar o de lucha contra el terrorismo y la inmigración ilegal. “La cooperación concreta puede mantenerse sin necesidad del tratado, pero no sin la voluntad política que refleja la existencia del propio tratado”, explican fuentes diplomáticas. La prueba de hasta qué punto esta voluntad política afecta a materias que no vienen reguladas en el acuerdo está en la decisión de congelar la domiciliación bancaria de las operaciones de comercio exterior con España.
Lo que más preocupa al Gobierno de Sánchez es el deterioro de la cooperación en la lucha contra la inmigración irregular y un posible cuestionamiento del suministro de gas a largo plazo, aunque el ministro Albares se apresuró el miércoles a recordar que Argelia es un “socio fiable” que ha dado “garantías al máximo nivel” de que cumplirá los contratos que ha firmado.
Desde comienzos de año, 7.160 inmigrantes irregulares que llegaron a España por vía marítima salieron de Marruecos, frente a los 1.250 que lo hicieron desde Argelia; es decir, menos de una quinta parte. Sin embargo, la mayoría de los que zarpan desde Argelia son naturales de dicho país, lo que no sucede con los que salen desde Marruecos. Por eso, el número de argelinos llegados las costas españolas el año pasado (11.330) fue muy próximo al de marroquíes (13.178). Interior teme que se produzca un aumento de llegadas, especialmente a las islas Baleares, que por su carácter insular y turístico son especialmente vulnerables.
Respecto al gas procedente de Argelia, que representa el 40% del que se consume en España y el único que llega por gasoducto (más económico que el que se importa en buques), se confía en mantener el suministro, blindado por contrato hasta 2032. Pero eso no significa que se mantenga el precio, que desde hace meses renegocia la empresa española Naturgy con su socio argelino, Sonatrach.
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