El Gobierno quiere consensuar con el PP la nueva Ley de Secretos Oficiales y el control del CNI
Fuentes del Ejecutivo admiten que las normas que afectan a la seguridad nacional deben pactarse con el primer partido de la oposición
El Gobierno quiere consensuar con el PP la nueva ley de Información Clasificada (que sustituirá a la ley franquista de Secretos Oficiales) y la reforma de la ley del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), anunciadas el jueves en el Congreso de los Diputados por el presidente Pedro Sánchez durante un pleno monográfico sobre el caso Pegasus de espionaje a políticos independentistas catalanes. Fuentes gubernamentales admiten que estas dos normas, que afectan a la médula de la seguridad del Estado, deben contar con el apoyo del principal partido de la oposición, que se ha alternado con el PSOE en el Gobierno de España durante los últimos 40 años. Las fuentes consultadas aseguran que se buscará aprobar estas leyes con el máximo apoyo, pero admiten que se dará prioridad al PP, pues no se entendería acordarlas solo con los socios de coalición o investidura.
Las mismas fuentes admiten la dificultad de alcanzar un acuerdo de este calado con el PP, con el que ni siquiera se ha conseguido desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero no renuncian a lograrlo y recuerdan que el PP apoyó la admisión a trámite de la reforma de la Ley de Seguridad Nacional, actualmente en el Congreso.
El debate sobre el caso Pegasus ha servido a Sánchez para realizar tres anuncios que afectan al servicio secreto. El primero es la aprobación de una nueva Directiva de Inteligencia, el documento en el que el Gobierno fija los objetivos informativos del CNI. Esta directiva debe aprobarse anualmente, pero no se ha renovado desde marzo de 2019, por lo que sigue en vigor un documento que se elaboró en pleno juicio a los máximos responsables del procés. La directiva la aprueba el presidente a propuesta de la comisión interministerial de Asuntos de Inteligencia, por lo que el Gobierno se basta por sí solo para sacarla adelante.
En cambio, la reforma de la Ley Orgánica Reguladora del Control Judicial Previo del CNI debe ser aprobada por la mayoría absoluta del Congreso. Sánchez no ha dado muchas pistas sobre el contenido de esta reforma y se ha limitado a señalar que se trata de “reforzar las garantías de control” del servicio de inteligencia y de adaptar su marco regulatorio “para que pueda enfrentarse con éxito a los nuevos retos tecnológicos y sociales”.
Más explícito fue el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que en su informe sobre el caso Pegasus advertía: “Los veinte años transcurridos [desde la aprobación de la ley], la impresionante evolución tecnológica de las últimas décadas, los cambios que vendrán en un futuro próximo, la ‘aceleración’ de las tecnologías de la comunicación y la información deben conducir a abrir una reflexión sobre la suficiencia o insuficiencia del control judicial existente […]. La interceptación de las comunicaciones no significa lo mismo en 2022 que en 2002, ni significará lo mismo en unos pocos años”. Es decir, una ley diseñada para controlar la interceptación de conversaciones de voz por telefonía convencional sirve para autorizar la infección de móviles con programas espía como el Pegasus que permiten sustraer toda la información almacenada, activar a distancia su micrófono o su cámara o enviar mensajes suplantando la identidad del usuario.
El PNV ha presentado, además, una proposición de ley que pretende ampliar de uno a tres el número de magistrados del Supremo que deben aprobar por unanimidad las interceptaciones y, sobre todo, pasar de un control “previo” a otro integral, de forma que los magistrados también deberían ser informados a posteriori de la ejecución de las interceptaciones que aprueben para comprobar que se adecúan a lo autorizado. El PNV viene presentando igualmente, desde 2016, sucesivas iniciativas de reforma de la vigente Ley de Secretos Oficiales, que data de 1968, con retoques en octubre de 1978, antes de la entrada en vigor de la Constitución. El PP y el PSOE se han confabulado desde entonces para bloquear la tramitación de la reforma, recurriendo a maniobras parlamentarias como la de prorrogar indefinidamente el plazo de presentación de enmiendas. Ahora, sin embargo, Sánchez ha prometido que remitirá al Congreso una ley de Información Clasificada (nuevo nombre de la norma) después del verano.
Este proyecto de ley ya figuraba en el plan legislativo del Gobierno para este año, pero fuentes de La Moncloa reconocían hace pocas semanas que no era prioritario. El caso Pegasus le ha dado un nuevo impulso y el Ejecutivo deberá sacar del cajón el borrador que una comisión interministerial, dirigida por la entonces vicepresidenta Carmen Calvo, elaboró el año pasado y que señalaba que los documentos de “alto secreto” estarían bajo llave al menos durante medio siglo.
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