“Donde hay secreto, prospera la impunidad”

Todos los Estados tienen secretos. Pero ningún país “serio”, “civilizado” y “moderno”, en palabras de los principales historiadores e investigadores españoles, permite que lo sean para siempre, como sí ocurre en España, denuncian, “gracias a una ley franquista que la democracia no ha modificado”. José Álvarez Junco, Ángel Viñas, Julián Casanova, Enrique Moradiellos, Mirta Núñez, Carlos Sanz, Rafael Moreno y Pili Zabala, hermana de José Ignacio Zabala, asesinado y torturado por los GAL en 1983, explican a EL PAÍS su experiencia estos años —en los que a menudo les ha resultado más fácil encontrar en archivos fuera de España los documentos para conocer su propia historia— y a qué papeles le tienen más ganas ahora que el Gobierno planea, “por fin”, levantar el velo franquista y redactar una nueva ley de secretos oficiales. La primera que fijará plazos para desclasificar documentos históricos.

Ese retraso pone a España “a la cola de Europa”, según Viñas, catedrático emérito de la Universidad Complutense. Para Álvarez Junco, también catedrático emérito, obedece a que ciertos sectores, como “la Iglesia, el Ejército, la policía y los jueces”, pueden salir “mal parados”. Los militares y las fuerzas de seguridad, afirma, “son muy distintos a los del franquismo”, pero a la justicia, añade, puede interesarle menos tener que “dar explicaciones”. “La judicatura fue totalmente depurada por el franquismo. En 1939, digamos que no quedaba un solo juez que no fuera a misa. Esa judicatura pasó luego la Transición sin purga alguna y eso provoca que hoy sea un cuerpo del Estado, en general, tan atrasado y conservador”.

La desclasificación es importante para los historiadores porque les permite organizar sus investigaciones —saber qué hay y cuándo podrán verlo—, “pero también para los ciudadanos”, señala Álvarez Junco. “Para saber cómo fue el debate de si se fusilaba o no a Julián Grimau [dirigente comunista ejecutado en 1963]; para detallar el sistema de represión franquista; para conocer las negociaciones de Adolfo Suárez, que no estaba decidido desde el principio, con Falange, funcionarios, militares y quiénes de sus colaboradores le hacían la cama; para ver todas las conversaciones que mantuvo el rey Juan Carlos el 23-F; para entender por qué EE UU al principio intentó derrocar a Franco y luego le apoyó… para todo eso hacen falta documentos”.

El historiador Carlos Sanz coincide: “Examinar cómo se han comportado las instituciones ante una determinada crisis y qué cosas no hay que repetir es un instrumento de mejora de las instituciones. Ese conocimiento forma parte del control democrático porque donde hay secreto prospera la impunidad y eso acaba siendo peligroso para todos”.

“Mi hermano”, relata Pili Zabala, “nunca nos dijo: ‘Soy de ETA’. Pero independientemente de que se hubiese probado o no esa militancia, ningún código penal permite hacer lo que le hicieron: torturarlo, matarlo y hacerlo desaparecer. Mi madre, que tiene 90 años, y toda la sociedad necesita conocer toda la documentación existente sobre aquello para obtener verdad, reparación y que nunca se vuelva a repetir”. Ha presentado en la Fiscalía de Gipuzkoa documentos desclasificados de 1984 de la CIA que hablan sobre la guerra sucia. Uno de ellos señala que aunque el Gobierno de Madrid “niega tener conocimiento o conexión con los GAL, los políticos vascos están claramente convencidos de su complicidad”. Otro critica la torpeza de una estrategia que creará “mártires” y “aumentará la simpatía por ETA”. Zabala quiere que sirvan “para investigar a Felipe González”.

Sanz cita de carrerilla los documentos que le gustaría ver: “Todos los que tienen que ver con el GAL; qué se negoció para la entrada de España en la OTAN; la relación con Gibraltar; la descolonización de Guinea Ecuatorial, el Sáhara, la participación en la guerra del Golfo; el incidente de Palomares; el 23-F; las conversaciones con Inglaterra y Argentina durante la guerra de las Malvinas...”.

Para Viñas, “todo lo anterior a 1968 debe abrirse al público inmediatamente”. “Si un señor fue un asesino, lo fue. Siempre hay serpientes venenosas en los archivos y cuando los abres, a veces te muerden, pero, ¿por qué iba a tener que cargar la democracia con los crímenes del franquismo?”. Para los documentos a partir de ese año, ve necesaria una buena ley de secretos oficiales, que se fije en los modelos del Reino Unido, Francia, Alemania, EE UU o la OTAN. “Lo importante es que fije unos procedimientos claros de desclasificación con unos plazos y unos criterios objetivos y públicos”. En 1983, como asesor del ministro de Asuntos Exteriores, el socialista Fernando Morán, Viñas ya propuso, mientras presionaba para abrir los archivos del ministerio, que algunos documentos fueran preservados más tiempo. Morán le remitió a un alto cargo, que le daba largas. “Al final, un día, me dijo: ‘Pero Ángel, ¿tú quieres que se sepa lo que han hecho nuestros compañeros?’ Pues sí. Vayamos a los archivos para ver lo que hizo Fulanito y por qué lo hizo. Eso es la historia: el relato de acciones de hombres y mujeres en el pasado. Por qué hicieron lo que hicieron”. Su propuesta no avanzó hasta que aquel cargo fue relevado. Tras consultarlo con otros departamentos e incluir algunos asuntos más en la lista de secretos los archivos de Exteriores se abrieron. “Hasta la época de Mariano Rajoy, que pusieron la excusa de unas obras”, recuerda.

Todos quieren la ley pero también advierten de los riesgos. Un límite, señala Moradiellos, catedrático y académico de la Real Academia de la Historia, “puede ser el honor y la seguridad de las personas”. “Durante el franquismo, mucha gente pudo tener que hacer, para salvar a su familia, cosas que hoy no entenderíamos” explica. “El M-16 [el servicio de espionaje británico] sobornó, a través de la banca March, a militares para que disuadieran a Franco de entrar en la II Guerra Mundial del lado de Hitler. El hecho se conoce, pero la lista de beneficiados no, aunque se sospecha que el hermano de Franco fue uno de ellos”.

El investigador Rafael Moreno, profesor de Periodismo, ha consultado “más de 5.000 documentos desclasificados” del accidente nuclear de Palomares (Almería) en 1966, pero de EE UU. Una de las revelaciones de esos papeles, que le llegaron “en cajas” del departamento de Energía estadounidense, fue descubrir que los americanos enterraron parte del material radioactivo y que negociaron con la dictadura “el nivel de radiactividad posible a dejar allí”. La Audiencia Nacional pidió el pasado febrero al Consejo de Ministros que desclasifique el Plan de Rehabilitación de Palomares, considerado oficialmente secreto. La limpieza de la zona está pendiente ahora, 55 años después, de la Administración de Joe Biden.

Moreno participa en la serie documental Palomares, que Movistar estrena el próximo 22 de abril. “Los americanos me enviaron hasta documentos sobre un accidente similar que tuvieron posteriormente en Dinamarca porque señalaba algunas lecciones aprendidas del accidente en Almería”, señala. “Otros documentos desclasificados por EE UU hablan del debate sobre si había que mostrar o no la cuarta bomba. Al final se decidió que sí porque si no, la gente podía no creer que se hubiese encontrado, e incluso se invitó a las autoridades españolas a participar en un acto, pero declinaron”, recuerda. Con todo, aún le gustaría saber más: “Qué sabía Franco, si se hizo seguimiento a los guardias civiles que estuvieron en la zona por posibles secuelas...”.

Casanova pone otro ejemplo de cómo sucesos históricos repercuten en el presente y la importancia de conocer y sobre todo “saber interpretar” el pasado. “En los años sesenta, la universidad estaba prácticamente controlada por integristas católicos. Expulsaron a la intelectualidad, no dejaron crecer la hierba durante años y eso explica, en parte, la ausencia de un centro político en España”.

“Cuando se abran los archivos”, añade Mirta Núñez, “veremos todo lo que nos ha vetado”. El porqué también forma parte de la historia del país.