Guía para no perderse en los audios de la corrupción en España: Villarejo, Cospedal, Aguirre...

Todo el mundo en España ha oído hablar de Villarejo, pero, en realidad, ni sus amigos lo conocían de verdad. José Manuel Villarejo Pérez (El Carpio, Córdoba, 1951) lleva en las sombras más de 30 años, operando siempre al borde de la ley, "a veces por fuera", como le gustaba decir. Durante ese tiempo, ricos, famosos y poderosos que tuvieron un problema acudieron a él para que se los solucionara, lo lograse o no. Fruto de sus reuniones con esos personajes atribulados, acumuló un terabyte de grabaciones y documentos que consideraba su seguro de vida por si venían mal dadas. Mientras tanto, siguió ejerciendo de agente encubierto en casos de impacto, llegó a tener hasta 46 sociedades a su nombre y acumuló activos en España que superaron los 14 millones de euros. Políticos, banqueros, empresarios, periodistas, jueces y otros personajes con los que se ha relacionado viven en vilo por sus maniobras. La nómina de casos en los que ha actuado (Pequeño Nicolás, Tándem, Operación Cataluña, caso de Corina Larsen...) no deja de crecer. Policía desde 1972 y conocido por su actividad de sindicalista en el cuerpo, ha estado cuatro años en prisión preventiva. Muchos de quienes han trabajado con él han acabado padeciendo sus maniobras, porque también los grababa.

María Dolores de Cospedal (Madrid, 1965), quien fue ministra de Defensa y secretaria general del PP con Mariano Rajoy, tuvo que abandonar la ejecutiva del PP y su escaño por el escándalo de los audios entre ella, su marido (el empresario Ignacio López del Hierro), y el comisario José Manuel Villarejo sobre el 'caso Gürtel' y la posibilidad de investigar a Javier Arenas. Su enrevesada explicación de la “indemnización en diferido en forma de simulación” a Luis Bárcenas así como las conversaciones con Villarejo para tapar "la libretita" donde el extesorero anotaba la contabilidad b del partido la perseguirán a su pesar en todas las semblanzas. Fue su marido quien le presentó al comisario y este los alertó de la apertura de dos investigaciones bajo secreto de sumario. En estos momentos, Cospedal no está imputada en ninguna de las causas en las que se ha visto salpicada. Es abogada del Estado y tras dejar la política se incorporó al Tribunal Supremo. Es socia en excedencia en un bufete privado.

Esperanza Aguirre (Madrid, 1952) siempre presumió de tener buen ojo para elegir a sus colaboradores. Que de los 500 que había elegido en su carrera política, que empezó en 1981, solo dos le habían salido "rana". El que tres de los más directos (Ignacio González, Alberto López Viejo y Francisco Granados) hayan estado en la cárcel, estén condenados o imputados (o todo a la vez), y que los casos Lezo, Gürtel y Púnica hayan revelado supuestos casos de corrupción en el Gobierno y el partido que presidía en Madrid, no la ha hecho cambiar de opinión. Licenciada en Derecho y técnico superior de la Administración del Estado, está imputada y a la espera de que la Fiscalía decida si pide procesarla por la corrupción detectada en los tres organismos que encabezaba: el Ejecutivo madrileño, el PP regional y Fundescam (Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid). La que fuera presidenta madrileña entre 2003 y 2012 está jubilada, juega habitualmente al golf y sigue acudiendo a actos del partido. Lo que ahora se ha sabido es que acudió a Villarejo para perdirle ayuda, con el objetivo de que se archivara la causa abierta contra ella por darse a la fuga tras haber sido sorprendida aparcando su coche en el carril bus de la Gran Vía para sacar dinero de un cajero automático el 3 de marzo de 2014. Aspiraba entonces a la Alcaldía de Madrid.

Francisco Martínez, quien la semana que viene cumple 47 años, no es, en puridad, un político. Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, ejerció como letrado de las Cortes Generales hasta que Jorge Fernández Díaz lo nombró su director de Gabinete en el Ministerio del Interior y, posteriormente, lo elevó en enero de 2013 a uno de los cargos más difíciles y más informados: el de secretario de Estado de Seguridad. Algunos sectores del PP lo consideraron entonces un advenedizo. En ese momento, lo que se ha denominado cloacas del Estado o policía patriótica se encontraba a pleno rendimiento, elaborando informes apócrifos e incluso inventados sobre las principales figuras del soberanismo catalán. En ese ambiente es en el que se junta con Villarejo, con quien planificó a publicación en 'El Mundo' de un informe contra Jordi Pujol y Artur Mas (entonces expresidente y presidente de la Generalitat, respectivamente) con noticias falsas de corrupción en plena campaña electoral catalana. Está imputado en el 'caso Kitchen'.

José Luis González Armengol, de 61 años, no debería haber estado ahí, en aquella reunión del 11 de septiembre de 2014 entre Esperanza Aguirre, denunciada por fugarse tras aparcar en un carril bus en el centro de Madrid, y José Manuel Villarejo, cuya asociación Transparencia y Justicia mantenía la acusación contra ella en los tribunales. Quien había sido decano de los juzgados de la plaza de Castilla de Madrid hasta junio de ese año lo sabía: "Lo que sería conveniente es que no le digas a los abogados tuyos que yo estoy detrás…", se le escucha decir en la grabación. Ha ejercido como juez en varias ciudades españolas, pero su nombre salió a la luz como instructor del llamado 'caso Brouard', relativo al asesinato, el 20 de noviembre de 1984, del dirigente de HB Santiago Brouard en su consulta pediátrica de Bilbao.

Artur Mas i Gavarró está seguro de que la operación Cataluña de Villarejo y los manejos de la policía patriótica tuvieron "un impacto grande sobre el resultado electoral" de 2012. Las informaciones sobre supuestas cuentas bancarias en Suiza de Artur Mas y de la familia de Jordi Pujol estallaron en 'El Mundo' en plena precampaña. El montaje tuvo su efecto en unos comicios marcados por el proyecto independentista de Mas, ya que Convergència i Unió ganó las elecciones de 2012, pero perdió 12 escaños, lo que dejó a CiU en manos de Esquerra Republicana para continuar con el plan soberanista. El expresident entre 2010 y 2016, nacido en Barcelona en 1956, no tiene pendiente ningún caso de corrupción ni se le ha encontrado fortuna oculta en ninguna parte. Tampoco ha sido juzgado o condenado por el 'procés' (llegó a estar imputado). Sí ha sido condenado por desobediencia y a pagar cinco millones de euros al Tribunal de Cuentas por los gastos que ocasionó al erario público la llamada consulta del 9-N, el primer referéndum secesionista.

Jordi Pujol (Barcelona, 1930) ha sido todo en Cataluña. Incluso una decepción. La lista de sus hechos políticos y de sus oprobios personales han llenado libros. El héroe del soberanismo catalán, presidente de la Generalitat desde 1980 a 2003, fue el objetivo principal de la campaña contra el independentismo catalán que Villarejo planificó con el jefe de Gabinete de Interior, Francisco Martínez, en colaboración con la mal llamada "policía patriótica", los policías que cometieron todo tipo de ilegalidades pensado, como decían, que iban a salvar a España. Pujol fue víctima de esa campaña, cuajada de informaciones falsas, aunque al final se comprobó que la realidad era mucho peor, e involucraba a la mayor parte de la familia numerosa del expresident, incluida su esposa. "No puedo ni salir de casa”, decía en 2014, refugiado en su casa del Pirineo catalán, a los pocos dias de confesar que durante más de tres décadas tuvo oculta una fortuna en el extranjero sin declararla a Hacienda. Mantiene su residencia en Barcelona. Los intentos de sus más fieles por rehabilitar su figura han fracasado. La llamada operación Cataluña para destruir el legado de Pujol puede convertirse ahora en su aliada en los juzgados, puesto que siete hijos han alegado que todo el caso sobre la fortuna oculta a Hacienda de los Pujol en Andorra está viciado de origen por las trampas de la policía patriótica.

Javier de la Rosa Martí (Barcelona, 1947) fue en los años 80 uno de esos ricos que engrosó la llamada beautiful people, donde estaban, entre otros, Mario Conde, con quien llegó a compartir módulo en prisión. El primer escándalo financiero en el que se vio involucrado fue en 1986 (acabó provocando la suspensión de pagos del grupo kuwaití KIO en España, aunque en puridad ya vivió el que perpetró su padre en la Zona Franca de Barcelona a finales de los años 70 del siglo pasado, uno de los casos más importantes de corrupción del franquismo. El caso es que pasó de ser el empresario modelo para los Pujol a convertirse en uno de sus archienemigos. Él siempre aseguró que fue uno de los primeros financiadores de CiU, al que aseguró haber allegado "hasta 4.500 millones de pestas [27 millones de euros al cambio, sin correciones]. " “Pujol sabe que lo tengo súper pillado con este asunto”, le llega a decir a Villarejo en noviembre de 2012. “Estoy dispuesto a contar todo, a dar los detalles, de temas mucho más graves y tú los administras como te dé a la gana. (…) Cuento lo de los 1.480 millones que le di de Grand Tibidabo”, le dice a Villarejo sobre el desfalco de esa sociedad en los años noventa, que le valió a De la Rosa una condena a tres años de cárcel.

Francisco Granados Lerena era un político de pueblo que, a veces, se definía a sí mismo como un "paleto" llegado a Madrid a triunfar en política que nada tenía que ocultar. Hijo de un agricultor con posibles, Granados (Valdemoro, Madrid, 1964) fue durante años la imagen del poder en la Comunidad de Madrid como consejero de la Presidencia y secretario general del PP. Pero, por lo oído ahora, Esperanza Aguirre lo echó de su Gobierno por "choricete". El día que su antigua jefa lo llamó así, en septiembre de 2014, ya se sabía que Granados escondía dinero en una cuenta en Suiza. Cinco años después, cuando a Aguirre, imputada en el caso Púnica, le preguntan por qué prescindió de Granados, responde ante el juez que lo hizo porque filtró a la prensa una información. Nada de corrupción. La expresidenta, escuchada por muchos por primera vez en su verdadero ser, dijo ayer que habló así de sus excolaboradores directos para “hacerle la pelota” al comisario y que “no recurriera” contra ella. Estuvo preso tres años y se convirtió en el único hombre en España que estuvo internado en la cárcel que él mismo construyó. Es tertuliano de radio y tiene una licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales. Es uno de los dos cargos que, según Aguirre, le salieron rana. El otro es Alberto López Viejo.

Alfredo Prada (León, 1959) es "un choricete", según definición común de José Villarejo y Esperanza Aguirre. La afirmación de la expresidenta ante el comisario se produjo en septiembre de 2014, cuando aún faltaban cinco años para que Alfredo Prada, licenciado en Derecho, fuera imputado por el caso Ciudad de la Justicia, que en su conversación reconocen que adjudicó “por el morro”. En esa causa, todavía pendiente de fallo, la Fiscalía solicita para Prada ocho años de cárcel. Fue vicepresidente de Aguirre, consejero de Justicia e Interior en Madrid, diputado, senador. Pablo Casado lo recuperó para su Comité Ejecutivo Nacional. Su último cargo conocido en el PP es el de presidente de la Oficina del Cargo Popular. Curiosamente, fue espiado por sus antiguos compañeros en la Comunidad de Madrid. Su sucesor en Justicia, Francisco Granados (otro "choricete" para Aguirre), ordenó a través de su mano derecha al entonces director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Sergio Gamón, después destituido, que registrara un despacho del Campus de la Justicia, el proyecto estrella de Aguirre -300 millones de presupuesto- que dependía de Prada.

La estrella de Ignacio González (Madrid, 1960) comenzó a declinar por culpa de un ático de lujo en Estepona, un caso por el que estuvo durante años investigado y que acabó en nada. Pero fue ahí donde se cruzó con Villarejo y este, como a todos, lo grabó y divulgó la conversación. González tuvo un rápido ascenso en los gobiernos del PP, que lo llevaron hasta la Secretaría de Estado de Inmigración en 2002, donde coincidió en el Ministerio del Interior con Dolores de Cospedal, entonces subsecretaria. Llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2012, para relevar a Esperanza Aguirre. Esta y Villarejo hablan de él en una grabación conocida ahora. "Se lo ha llevado y de gordo y en 20.000 cosas, y le he pillado en 300.000 operaciones", dice el comisario, a lo que responde la expresidenta: "La que le ha puesto ahí soy yo... convencida de que le había mirado por delante y por detrás y no tenía nada". González está procesado por supuestamente amañar la adjudicación de un campo de golf en el centro de Madrid (caso Lezo), que acabó en manos de una empresa vinculada al hermano y cuñado del exdirigente popular. Ha pasado siete meses en prisión y su esposa llegó a estar imputada. Es funcionario desde 1984, cuando aprobó las oposiciones de Técnico Superior del Ayuntamiento de Madrid.

José Luis Olivera Serrano, de 65 años, está imputado en el caso Kitchen en junio del año pasado, acusado de los delitos de malversación y prevaricación. Ingresó en la Policía Nacional en julio de 1979 y consiguió su último ascenso, el de comisario principal, en mayo de 2010. Él fue el jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) durante gran parte de la investigación del caso Gürtel. Tras su cese de este puesto en 2012, y tras un tiempo sin destino, pasó a ser el máximo responsable del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), que después se renombraría como Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), un órgano de coordinación policial sin capacidad operativa. De este puesto fue cesado en 2018, tras llegar Fernando Grande-Marlaska a Interior. Muy relacionado con el comisario José Manuel Villarejo, este hizo, en 2016, gestiones sin éxito para que Olivera fuera elegido director adjunto operativo, el puesto de máxima responsabilidad en la Policía Nacional solo por debajo de los cargos políticos del Ministerio del Interior. Tras jubilarse, el comisario se convirtió en asesor de seguridad de la Real Federación Española de Fútbol. En la investigación del 'caso Kitchen' se le implica en las gestiones para torpedear la investigación que su entonces subordinado, el inspector jefe Manuel Morocho, estaba haciendo en el caso Gürtel. Este señala a Olivera como el mando policial que le ofreció un cargo en la embajada de España en Lisboa, con una alta remuneración, a cambio de que se apartara de las pesquisas sobre la trama de corrupción. Y Villarejo lo considera su factotum para controlar qué se pone y qué no en los informes sobre los casos de corrupción que afectan al PP.

El principal investigador del 'caso Gürtel', Manuel Morocho, ingresó en la Policía Nacional en junio de 1999 y, en marzo de 2006, ascendió a inspector. Su condición de licenciado en Económicas le abrió entonces las puertas de la UDEF, una unidad que tenía entonces solo un año de existencia y que se estrenó ese mismo mes en Marbella con el caso Malaya. Solo un año después, caía en su mano la denuncia que desembocó en el caso Gürtel. Condecorado en dos ocasiones —en 2009, con el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba al frente de Interior, y en 2013, en la etapa de Jorge Fernández Díaz—, Morocho ha recibido durante estos años ocho denuncias en los juzgados y Asuntos Internos le investigó —luego se archivó— como sospechoso de filtrar a la prensa sus informes de la causa. En 2020, tras conseguir el ascenso a inspector jefe y no tener plaza para seguir en la UDEF, solicitó ir destinado como jefe de la Sección de Documentación y Extranjería del puesto fronterizo de Canfranc (Huesca). No obstante, en la actualidad está destinado, en comisión de servicios, en Madrid mientras concluye la investigación de los últimos flecos del caso Gürtel. Debe entregar al juez Santiago Pedraz, actual instructor de esta causa, un informe sobre los la relación entre las donaciones de empresarios a la contabilidad opaca del PP reflejados en los papeles de Luis Bárcenas con la adjudicación de contratos públicos en administraciones gobernadas por los populares.