La responsable municipal de compras: “Nunca me dijeron que iban a cobrar comisión. Yo entendí que querían ayudar a Madrid”

La declaración ante la Fiscalía Anticorrupción de Elena Collado, la responsable del Ayuntamiento de Madrid que negoció el contrato de las mascarillas con los intermediarios Luis Medina y Alberto Luceño, es una muestra del caos en el que derivaron los procedimientos de compra de material sanitario en los primeros días de la pandemia, en marzo de 2020. “No había nada. Estaba el mercado absolutamente roto. Los proveedores habituales no tenían material y nosotros teníamos a 10.000 personas [trabajadores esenciales] en la calle. Cualquiera que podía ofrecernos algo se dirigía a nosotros y yo contestaba. Nos dimos cuenta de que era imposible comprar nada sin adelantar dinero. Como mínimo, el 50%”, afirma Collado, coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Consistorio.

“No recuerdo quién me puso a mí en contacto con Rafael [se refiere a Luis] Medina. Pudo ser un concejal, otro coordinador… Me llegó el teléfono y le llamé. Me dijo que tenía un amigo, no recuerdo si dijo socio, que tenía empresas en China y nos podía ayudar”, prosigue. A partir de ahí, Medina la derivó a Alberto Luceño. “Me llegó un wasap: ‘Hola, buenos días, soy Alberto Luceño”. Este le pareció a Collado “un hombre un poco pagado de sí mismo”. “Me dijo que era un empresario de éxito, que había vivido en China y tenía muchísimos contactos y facilidad para moverse en ese entorno que entonces era un mercado persa. Me dijo que su mujer estaba trabajando de médico en el [hospital] Puerta de Hierro y que todo lo que pudiera hacer por nosotros, que encantado”. ¿Aportó papeles para verificar todo eso que decía?, le pregunta el fiscal. Y ella responde: “No, no creo. Hicimos una búsqueda en internet y vimos que la empresa era real. La verdad es que son las mejores mascarillas que tenemos”.

El fiscal Anticorrupción se interesa entonces por cómo se acordó el precio de seis dólares (5,54 euros al cambio actual) por mascarilla. “Lo que el proveedor dijo. La oferta era esa”, contesta Collado. Y añade: “Nos metimos en internet y vimos mascarillas de grafeno similares, y en aquel momento estaban a 40 euros. Y no llegaban, además. No sé si ustedes han tenido que comprar material en marzo… Nos pareció muy buen precio”. Luceño, según la responsable municipal, no le contó que él iba a recibir una comisión millonaria de la empresa a cambio de la intermediación: “Nunca. Yo entendí que de verdad querían ayudar a Madrid [...] Si yo oigo la palabra comisión, inmediatamente lo pongo en conocimiento de la policía”.

En un momento dado, Luceño les pidió que el Ayuntamiento escribiera una especie de carta de recomendación para presentar ante las autoridades chinas y que le “trataran bien” si surgían problemas. Les explicó, cuenta Collado, que si alguien elevaba la oferta, ellos corrían el riesgo de quedarse sin el producto, y que por eso era mejor asegurarse con esa carta. El Ayuntamiento lo hizo y la carta la firmó el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

El fiscal pregunta también a la coordinadora general por la donación de 238.000 mascarillas que, después de lograr ese suculento contrato, hicieron Luceño y Medina al Ayuntamiento. “Sí, me llamó Alberto y me dijo que Luis y él habían decidido donarlas. Me pareció muy bien. Me dijo que quería que 50.000 fueran al hospital Puerta de Hierro [donde trabaja la esposa de Luceño]. Es de las donaciones más grandes que hemos recibido”, afirma.

En la parte final de su declaración como testigo, que duró unos 50 minutos, el fiscal le muestra a Luceño otros dos contratos firmados por el Ayuntamiento con la empresa Leno. Estos tenían que ver con el transporte del material sanitario desde China hasta Madrid. La funcionaria recuerda que en aquellas semanas era complicadísimo sacar los portes desde Asia y que recurrieron a empresas de transporte e incluso buscaban “huecos en aviones”. Quien se hizo cargo de aquella operación de transporte fue Rafael Gutiérrez de Mesa, una persona a la que describe como experimentada en este tipo de movimientos de comercio exterior. Collado señala que cuando llegaba el material a España se enviaba a la Policía Municipal, que escoltaba la mercancía, “porque pasaban cosas en todos los sitios”.

En otro pasaje de la declaración, el fiscal le pregunta por los guantes que compraron a la empresa malasia por mediación de Luceño, y que resultaron ser mucho más caros de lo esperado. “Eso fue horrible”, dice Collado moviendo la cabeza. Explica que cuando los contrataron pensaron que estaban adquiriendo guantes gruesos para cubrir todo el brazo, “para pandemias”, y que cuando vieron que lo que llegaba eran guantes normales de los que se vendían en los supermercados a 20 céntimos casi se “desmaya”. “Le dije [a Luceño]: esto es una estafa, voy a la policía”. Él le dijo que iban a devolver el dinero y, efectivamente, en cuestión de “ocho a diez horas” llegó al Ayuntamiento una transferencia de “cuatro millones y pico”.

Collado, que en todo momento mantiene una actitud de aparente colaboración con el fiscal, afirma que en aquel momento “todos” se sintieron “traicionados”, y asegura que después del “disgusto” de los guantes, “ni contestó” a los mensajes de la empresa, ni quiere mantener relaciones con ella “ni muerta”. “Antes me muero; ya puede pasar otra pandemia, somos todos funcionarios, qué le puedo contar, te puede costar, no sé...”, le dice al fiscal.

El interrogatorio termina con el fiscal solicitándole a Collado que entregue copias de los contratos, los mensajes de WhatsApp, y muestras de los materiales que trajeron Medina y Luceño.