La justicia no ve delito en el hacinamiento de migrantes en el muelle de Arguineguín, aunque critica las “lamentables” condiciones

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha archivado definitivamente la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de Mogán sobre el campamento montado por el Gobierno de España en el muelle de Arguineguín (municipio de Mogán, en Gran Canaria), lugar en el que llegaron a hacinarse más de 2.500 inmigrantes. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial ha calificado las condiciones de “pésimas” y “lamentables”, pero en un auto judicial su tribunal sostiene, sin embargo, que “esta penuria de condiciones” no responde “a una voluntaria actuación de las autoridades administrativas”, sino que obedece “a una situación de carencia de recursos ante el número de inmigrantes que afrontaron la travesía”. La decisión descarta un delito de trato degradante o de detención ilegal. La resolución es de carácter firme, por lo que no admite recurso alguno.

“Las carencias del campamento”, explica el auto hecho fechado el 15 de diciembre y adelantado por la agencia EFE, “no obedecieron, por tanto, a una arbitraria y manifiesta voluntad de vulnerar los derechos de los/as inmigrantes”. Así, “se intentó ofrecer amparo, protección y asistencia, si se quiere insuficiente, pero no había otra alternativa, no era posible prever tan masiva llegada, no era posible ofrecer otro espacio”.

La justicia canaria ya desestimó en noviembre de 2020 esta denuncia interpuesta por la alcaldesa Onalia Bueno, de Ciudadanos por el Cambio. La justicia ya consideró entonces “deplorables” las condiciones en la que se encontraban los inmigrantes desembarcados en el muelle. Sin embargo, la juez que estudió la denuncia decidió archivarla al considerar que en la gestión de esta crisis migratoria no se ha producido delito alguno. El tribunal reabrió el procedimiento en febrero. En el nuevo auto, la justicia insiste de nuevo en que las condiciones eran “lamentables”, “por utilizar un calificativo discreto”, pero no incurrieron ni en delito de trato degradante ni en detención ilegal.

Los magistrados han recordado que, solo en noviembre de 2020, llegaron a Arguineguín 6.357 inmigrantes, en medio de una situación de pandemia “que obligaba a un previo control sanitario” de todos ellos, con “carencia de recursos” para alojarlos. El improvisado campamento en el muelle pesquero fue clausurado a finales de noviembre de 2020, después de que el Defensor del Pueblo enviara un requerimiento al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para denunciar sus condiciones y exigir que se cumplieran las obligaciones de acogida digna que están dispuestas en las leyes. A finales de noviembre, el Gobierno procedió a su clausura después de haber iniciado el llamado Plan Canarias, que contemplaba la instalación de campamentos estables en varias zonas de las islas.

En el auto, el tribunal sostiene que las personas que estaban en Arguineguín podían considerarse “afortunadas”, dado que “no solo sobrevivieron a una penosa travesía que se ha cobrado múltiples vidas, y lo que es peor, existe la certeza de que se las seguirá cobrando, sino que también recibieron asistencia tanto de la Cruz Roja, como con posterioridad por parte del Estado al ofrecer soluciones alojativas en distintos hoteles, solución que también engendró polémica”.

“En cualquier caso”, concluye el ponente del auto, Carlos Vielba, “parece posible huir de la idea de que esta isla quiera ser convertida en una nueva Lesbos”, añade, en respuesta a una comparación que no solo establecieron varias ONG, sino también el Cabildo de Gran Canaria, que denunciaba que Interior y la UE había transformado a la isla en “una cárcel” para que los inmigrantes no llegaran al continente. En el caso de Arguineguín, recuerda la sala, en 2020 las devoluciones de los inmigrantes que llegaban de forma irregular “eran imposibles”, porque las fronteras estaban cerradas debido a la pandemia de covid-19, por lo que se “procedió a la puesta en libertad formal, que no efectiva”, de quienes llegaban en patera.