La estrategia real de Vox

Vox está recorriendo el mismo camino que otras formaciones de extrema derecha en Europa a la hora de hacerse con el poder efectivo, asegura la politóloga Cristina Monge. Al principio se sitúan fuera del sistema; después se colocan fuera del poder. En una tercera etapa, la que se desarrolla actualmente en España, comienzan a ser necesarios para aprobar presupuestos y leyes y su ideología comienza a destilarse y a influir en la vida cotidiana de un país.

Eso pasa en el reciente acuerdo de presupuestos de la Comunidad de Madrid, firmado el 30 de noviembre y que se hará efectivo el día de la votación, el 22 de diciembre, entre Vox y el PP. Las dos partes se saben ganadoras. El PP porque apenas ha cedido dinero para las políticas de su socio. Y Vox, porque ha logrado dejar su sello ideológico en el Gobierno de Díaz Ayuso, referente para los votantes de derecha de toda España. El mejor escaparate.

En la negociación, la aritmética parlamentaria está imponiendo su ley con la fuerza de lo inevitable. El PP tiene 65 diputados autonómicos. Vox, 13. O vota con la izquierda, o permite que Díaz Ayuso saque adelante las primeras cuentas de su Ejecutivo desde 2019. El resultado es un acuerdo en el que Vox influye en menos de 100 millones de euros de los 23.000 a los que asciende el Presupuesto. En el pacto de 13 puntos predominan los compromisos de carácter simbólico e ideológico, sin casi peso económico. Vox juega a llenar de contenido sus grandes eslóganes electorales pasados, pensando ya en las elecciones municipales y autonómicas de 2023.

Uno de estos eslóganes es el de la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos: como Díaz Ayuso se niega en redondo a implantar el veto parental en la región, su contraparte le ha arrancado el compromiso de financiar con 62,5 millones al año etapas educativas no obligatorias (guardería, FP y bachillerato) a las familias de clase media (el límite para optar a las ayudas es una renta per capita menor a 35.000 euros).

La inseguridad es otro eje ideológico de Vox: la formación de extrema derecha ha logrado que se auditen los gastos que se hacen en Madrid para atender a los menores extranjeros no acompañados (un estudio valorado en 50.000 euros). También, que la Comunidad se comprometa a “estudiar” su personación como acusación en casos relacionados con la seguridad de los madrileños (como ocupaciones de viviendas o agresiones de bandas organizadas).

Otro es el de la supuesta abundancia de organismos redundantes en la Administración, que el partido tilda de “chiringuitos”: el pacto recoge una reducción de costes de 10 millones de euros en publicidad de las consejerías, o alquileres, y enuncia la posible fusión o supresión de organismos sin detallar.

Están las banderas del antiabortismo (1 millón de euros más para ayudar a adolescentes embarazadas) y la de la lucha contra la ley de eutanasia (5 millones extra para el plan de cuidados paliativos). Y está la bandera del antifeminismo, que se cristaliza en un acuerdo de lectura ambivalente en el que ambas partes adquieren el compromiso de buscar “la igualdad en el fomento del empleo”, insinuando una discriminación al hombre en favor de la mujer.

Cristina Monge asegura que, en España, la influencia de Vox va más allá de los acuerdos concretos: “No consiguen algunas partidas pero sí logran reducir otras, como algunas para asociaciones de mujeres en Andalucía; también, como en el caso de la auditoría de los menores no acompañados en Madrid, extienden la sospecha. Lo que a ellos, ideológicamente, les viene bien. También suelen romper consensos en declaraciones institucionales, como ha pasado en estas dos semanas en el Congreso con el sida y la violencia doméstica. Por último, arrastran al PP a la derecha. Esto es algo más difuso, pero también es real”.

Solo seis días antes de que Díaz Ayuso y Rocío Monasterio pactaran los presupuestos de Madrid, Vox tumbaba en el Parlamento andaluz las cuentas de la Junta para 2022, abocando a unas elecciones anticipadas en Andalucía en los próximos meses. El pacto que hizo posible la investidura de Juan Manuel Moreno, en enero de 2019, fue el primero entre el PP y Vox, un partido hasta entonces extraparlamentario que había irrumpido sorpresivamente en la cámara andaluza con 12 escaños.

El apoyo de Vox a este y a los sucesivos presupuestos del Gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos (2019, 2020 y 2021), se tradujo en pequeñas concesiones, como la puesta en marcha de una línea telefónica contra la violencia intrafamiliar (en la que el partido de Abascal pretende diluir la violencia machista), que recibió 311 llamadas en sus seis primeros meses de funcionamiento, menos de dos al día, frente a las 88 diarias del teléfono de atención a la mujer. El Ejecutivo de Juanma Moreno no derogó las leyes andaluzas LGTBI, de Igualdad de Género y Memoria Histórica, pero las ha dejado morir de inanición, dejándolas sin fondos.

El mayor rifirrafe se montó en torno al denominado veto parental, que pone en manos de los padres el derecho a vetar la asistencia de sus hijos a las actividades complementarias de los colegios. La consejería de Educación, en manos de Ciudadanos, alegó que se trataba de un problema inexistente, pues no había quejas de las familias, y demoró su puesta en marcha, pese a que el punto figuraba en el pacto de investidura de Moreno, en el que se decía que los padres podrían excluir a sus hijos de aquellas actividades complementarias o extraescolares “que fueran contrarias a sus convicciones”. Al final, solo se comprometieron a incrementar las medidas de transparencia, para que los centros facilitaran a los padres mayor información sobre el contenido de dichas actividades.

La otra comunidad donde Vox fue decisivo era Murcia, según los resultados de las elecciones autonómicas de 2019. Sin embargo, una crisis interna escindió el grupo parlamentario, restándole influencia. Cuando se presentó la frustrada moción de censura de PSOE y Ciudadanos, el presidente murciano, Fernando López Miras, del PP, no negoció con Abascal, sino con sus disidentes. A una de las diputadas díscolas, Mabel Campuzano, la hizo consejera de Educación. En julio pasado, su consejería dictó una instrucción que obliga a los colegios a informar a los padres, con siete días de antelación, de las actividades complementarias impartidas por personal ajeno al centro. Una versión edulcorada del pin parental de Vox. Pero sin Vox.

El politólogo Pablo Simón cree que a Vox “no le interesa implicarse en la gestión”. “Les basta con hacer ver que son influyentes, pero sin desgastarse. Y eso se hace peleando sus cuestiones identitarias y sus guerras culturales (antifeminismo, seguridad…). Así se asientan para el próximo ciclo electoral, en el que tienen mucho que ganar: en todas las encuestas hay entre 1 millón y 1,5 millones de votantes que dudan entre Casado y Vox”.