La sobrecarga de trabajo satura la Audiencia de Sevilla

“Tuve hace poco mi quinta fibrilación, no podemos trabajar con un estrés permanente, el sobresfuerzo de estar al 130% de carga de trabajo según las mediciones del Consejo General del Poder Judicial se soporta con 40 años, no con 61. Y los superiores, el presidente de la Audiencia, Damián Álvarez, y el del TSJA, Lorenzo del Río, solo tapan la situación para que la prensa no se haga eco, esa es su obsesión”.

Un magistrado no suele criticar de manera directa y pública a otros, pero el hartazgo de Francisco Gutiérrez, titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 10 de Sevilla, ha tocado techo y censura sin tapujos. Gutiérrez y dos compañeras magistradas, Inmaculada Jurado y Dolores Sánchez, han tirado la toalla para trasladarse desde la Audiencia de Sevilla a juzgados rasos, una situación inédita y contraria a la subida natural en el escalafón judicial, que implica una pérdida de categoría y sueldo, forzada por cuestiones de salud.

La Audiencia de Sevilla sufre un colapso crónico por la falta de magistrados, pero los recursos y juicios de las más de 170 piezas de las macrocausas de los ERE fraudulentos e Invercaria por corrupción, han rebosado el vaso de la paciencia de los magistrados. Ante el atasco, la salud se resiente: “Esto es inhumano y sencillamente insoportable, no es vida y nadie atiende nuestras súplicas. Es angustioso porque todas las causas son trascendentes y nos piden sacar papeles como churros. A mí la acumulación de trabajo me impide dormir y alguna tarde he ido al médico y encima te sientes culpable por no trabajar. Siento una tremenda indignación por el tratamiento”, lamenta una magistrada de una sección penal que exige anonimato. Dos jueces están de baja médica por estrés laboral, según fuentes jurídicas.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha reaccionado a las críticas de los magistrados y si su memoria de 2020 preveía incorporar dos magistrados, hace tres semanas anunció que serán cuatro —uno por cada sección—, además de un juez en comisión de servicio, otros dos comisionados para apoyo parcial y uno suplente. “En los últimos tres años, cuando aún no había más que una macrocausa en la Audiencia, ya se creó una plaza de magistrado para las secciones penales”, alegan fuentes del alto tribunal andaluz.

A los tres magistrados que han descendido a juzgados unipersonales desde la Audiencia se le unen dos prejubilaciones, inhabituales en profesionales con gran vocación que a menudo agotan el límite legal poniendo sentencias hasta los 72 años. Entre los prejubilados destaca el magistrado ponente de la sentencia de la pieza política de los ERE fraudulentos, Juan Antonio Calle, que ha abandonado la presidencia de la Sección Primera de la Audiencia con solo 60 años.

La sobrecarga de trabajo viene de lejos y hace tres años los magistrados de las secciones penales ya la denunciaron ante la comisión nacional de seguridad y salud del Poder Judicial, pero la inspección que analizó el problema no recomendó refuerzos. Los jueces andaluces lideran la carga de trabajo con 1.886 asuntos por magistrado al año, solo por debajo de los murcianos, con 1.909, y muy lejos de los 1.105 asuntos que resolvieron los riojanos, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

El presidente de la Audiencia, Damián Álvarez, que se jubiló el pasado domingo con 72 años, admite: “He visto casos de renuncia, pero nunca tres a la vez en la Audiencia, es un hecho evidente. Pero no sé nada de la creación de plazas, hay que esperar”. Al agotamiento generalizado de los magistrados se le suma los problemas devenidos del aluvión de piezas de las macrocausas, con solo dos salas de vistas disponibles y la coincidencia de muchos abogados de los defendidos, para lo que es necesario encontrar una solución alternativa. El presidente de la sección Tercera, Ángel Márquez, incide: “Esto es demasiado, tenemos juicios cuya celebración puede durar un año. Cuando trabajas hasta tarde, luego te cuesta dormir”. Algunos magistrados entrevistados expresan desánimo, otros abatimiento, y todos presentan unas pronunciadas ojeras.

Los cuatro letrados de las secciones penales han denunciado este otoño al Poder Judicial el aumento de asuntos penales asumidos entre 2010 (5.679) y 2021, cuya previsión alcanza los 8.906 para finales de año, a pesar de que solo se ha incorporado un magistrado más por sección. Además, los asuntos de especial complejidad —con más de 3.000 folios o al menos ocho acusados— crecieron desde los 51 en 2016 hasta los 408 que prevén resolver en 2021. A pesar del progresivo aumento de carga de trabajo, cada magistrado de las secciones penales de la Audiencia de Sevilla resolvió como media 270 asuntos en 2020, una cifra inferior a las penales de Córdoba (359), Málaga (312) o Jaén (319), según la última memoria del TSJA.

Una letrada de estas secciones en la capital andaluza que pide el anonimato hace hincapié en que “la desbandada” también afecta a los funcionarios: “La plantilla está agotada y la gente se va, ningún letrado lleva más de dos años en el puesto. Antes la Audiencia era un destino atractivo y hoy no. Cuando mañana haya un problema tipo Mari Luz [por el asesinato de la niña de Huelva cuyo caso provocó sanciones al juez instructor y letrada del juzgado por retrasos y errores], se lo comerá el secretario”.

El último juicio de los ERE señalado, para la pieza de la empresa Surcolor, se celebrará en julio de 2023 —casi con dos años de retraso— y el de la financiación del sindicato UGT, con 100 testigos y 25 partes, aún está pendiente de fecha de inicio. Hasta ahora, la Audiencia ha celebrado dos juicios de los ERE y cuatro de Invercaria, pero la lista pendiente es abultada: hay 35 piezas de los ERE sin fecha de juicio en la Audiencia y otras 103 en el Juzgado de Instrucción 6 que investiga el caso, según un recuento del TSJA. Mientras, el Juzgado de Instrucción 19 investiga una treintena de piezas en Invercaria que algún día se sumarán al atasco tras elevarse a juicio.

El juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, admite: “Existe una falta de sosiego dado el empuje de los casos pendientes. Nuestro ritmo ha exigido un esfuerzo constante diario y de fines de semana, pero es normal con la edad querer ganar menos y vivir mejor, no debemos ser diferente del resto de funcionarios”. Tras resaltar que los puestos vacantes serán cubiertos por “magníficos profesionales”, va al fondo del asunto: “Es necesario una norma clara de adaptación al puesto por razones de edad, no puedes trabajar igual a los 70 años que a los 35. Necesitamos una norma del Gobierno de carácter objetivo, sin burocracia ni estudios de adaptación al puesto en cada caso concreto”, reclama.

Gutiérrez concluye en tono amargo: “Nos hemos tenido que ir tres [magistrados] para que se pongan las pilas, pero lo denunciamos ya en 2018. El sistema debe plantearse si quiere esta situación de ansiedad y estrés, con sentencias pendientes de poner tras cinco meses”.