Enrique Arnaldo, un muñidor en la sombra ligado al PP

Enrique Arnaldo es un tejedor de contactos y un muñidor de influencias. Lo ha sido al menos desde que se sacó en 1986 la oposición a letrado de las Cortes. Y en esa malla sin fin de conexiones, desarrollada durante 35 años siempre en los aledaños jurídicos del poder, han caído todo tipo de personajes de relevancia política, pero, sobre todo, dirigentes de gobiernos del PP, tanto nacionales como autonómicos o locales. Esa heterodoxa carrera de intereses, en la que Arnaldo ha llegado a probar incluso cameos en series televisivas, ha culminado con éxito esta semana con su polémica designación como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, tras un cuestionado acuerdo entre el PSOE, PP y Unidas Podemos. El Gobierno ha transigido porque espera un bien mayor para sus intereses: dar un giro progresista al Constitucional en junio y atrapar en sus contradicciones al PP para forzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Arnaldo ha sido un elemento clave en las maniobras jurídicas de los populares, asegura con la garantía del anonimato un compañero de oposición como letrado que le conoce desde hace décadas. En su nuevo cargo, cobrará entre 140.000 y 150.000 euros anuales, pero tendrá muchos más problemas de compatibilidades de los que ha sufrido hasta ahora —ninguno— y corre el riesgo de acabar recusado por muchas de sus actuaciones pasadas.

El Gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha digerido esta pasada semana en el Congreso “el sapo” de ratificar la candidatura de Hernando no sin fuertes tensiones y problemas internos, pero se ha conjurado para cumplir la palabra dada en el pacto al PP porque tiene un objetivo mucho más trascendente a medio plazo, según comentan fuentes del máximo nivel del Ejecutivo. “Renovar el Tribunal Constitucional es bueno para el Gobierno en todo caso y más que lo será”, especifica un miembro del Gabinete para justificar el voto afirmativo en el pleno del Congreso a Arnaldo y a la otra candidata impulsada por el PP, Concepción Espejel, sin que eso cambie por ahora la orientación conservadora mayoritaria en el Constitucional ni desatasque el CGPJ.

El Ejecutivo tiene la vista puesta, por un lado, en junio, cuando toca renovar a otros dos componentes del Constitucional y esa cuota le corresponderá en exclusiva al propio Gobierno. Con la renovación ahora pactada, el tribunal contará transitoriamente con 11 magistrados, a la espera de la reincorporación de Alfredo Montoya, ausente por una grave enfermedad. Cuando el tribunal vuelva a estar al completo, con sus 12 componentes, el sector conservador mantendrá su actual mayoría de siete a cinco, pero por unos meses. La otra meta que el Ejecutivo considera alcanzada tras imponer el PP a Arnaldo es haber desmontado el argumento de Pablo Casado y su equipo para vetar desde hace casi 1.100 días la renovación del órgano de gobierno de los jueces con la idea de que hay que “despolitizar la justicia”.

Ministros, miembros de las direcciones y decenas de diputados del PSOE y Unidas Podemos que refrendaron el jueves, con evidente desagrado, la votación en el pleno en la que Arnaldo fue convalidado por 232 votos y apenas seis deserciones entre los grupos del Gobierno, obviaron lo máximo que pudieron el coste personal y político que les suponía respaldar esa propuesta. Priorizaron el inicio de un camino para variar el sesgo político que achacan a las principales instituciones judiciales del país. Unidas Podemos intentó presionar in extremis a los interlocutores del Gobierno para que requirieran al PP un cambio de candidato por alguien también próximo a ese partido pero menos controvertido. No fue posible.

El PP impuso a Arnaldo desde el principio de la negociación. Cuando emprendieron los contactos, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, los populares llevaron en su terna de aspirantes a Arnaldo y a otros dos juristas masculinos. Las discusiones se centraron precisamente en el perfil ideológico de Arnaldo y en el de Ramón Sáez, propuesto por el Ejecutivo y del que los populares recelaban por considerarlo próximo a Podemos. El Gobierno solo logró al final que el PP incluyera entre sus dos candidatos a una mujer, en este caso Espejel, que para muchos dirigentes socialistas y de Podemos “es más dura y complicada de digerir que Arnaldo”.

El foco de la polémica se concentró más en Arnaldo por su perfil y trayectoria, tanto ideológica como profesional, y por sus lazos y contratos como asesor con gobiernos y administraciones del PP, en algunos casos incumpliendo obligaciones marcadas como incompatibles en el estatuto del personal de las Cortes. Su figura, además, se relaciona hasta en el propio PP al más alto nivel con el líder, Pablo Casado.

La dirección de los populares no ha podido confirmar, tras requerirlo este diario en varios niveles de la organización, si Arnaldo asesoró al PP como experto externo, mientras ejercía también de letrado del Congreso, en la elaboración de recursos que los populares presentaron precisamente en el Constitucional contra leyes de este Gobierno. Otras fuentes de ese partido, sin embargo, lo afirman desde hace semanas. Y aseguran que Arnaldo participó en reuniones de un equipo jurídico montado por García Egea en la sede del partido para diseñar estrategias a seguir en el Constitucional. Ese grupo estaba formado por el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López (juez, amigo y gran defensor de Arnaldo), y los parlamentarios Fernando de Rosa, Isabel Borrego y Luis Santamaría.

La fijación de Casado con Arnaldo la apreció ya la anterior portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, cuando, a primeros de agosto de 2020, acudió al despacho del líder popular antes de dimitir por las constantes injerencias de Egea. Álvarez de Toledo se encontró con que Casado le preguntaba cuál sería su voto ante los Presupuestos del Estado que preparaba el Gobierno y si aceptaría los nombres ya pactados entonces para cambiar el Poder Judicial y el Constitucional, entre los que ya figuraba Arnaldo en el cupo apalabrado por el PP.

La conexión de Casado y Arnaldo más evidente se acrecentó durante el episodio del cuestionado máster exprés del dirigente del PP en la Universidad Rey Juan Carlos, dependiente de la Comunidad de Madrid. El director de aquel máster, Enrique Álvarez Conde, era otro de los grandes amigos de Arnaldo, con el que fraguó colaboraciones en su época de responsable del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), entre 1996 y 1999. Arnaldo ha sido hasta hace poco catedrático de Derecho Constitucional en esa universidad pública y al mismo tiempo, como reveló El Confidencial, daba clases en el Colegio Universitario Cardenal Cisneros, privado, otra compatibilidad prohibida legalmente pero que el afectado sostiene que avaló el anterior rector del centro público, Pedro González-Trevijano, amigo y cliente de Arnaldo y ahora aspirante a presidir el Constitucional.

En el Cardenal Cisneros, donde Casado aprobó 12 asignaturas en cuatro meses para acabar la carrera de Derecho, trabajan varios abogados socios de los dos despachos (Estudios Jurídicos y Procesales y Estudios Jurídicos Balbuena) que ha utilizado estos años Arnaldo para ofrecer asesorías a Administraciones, compañías y al propio PP. No así para sus colaboraciones esporádicas como actor aficionado en varias series televisivas. Arnaldo fue el cura que casó a Amelia y Oriol en el primer capítulo de Dime quién soy, la adaptación de la novela de Julia Navarro, una de sus amigas periodistas del aquel Congreso de la Transición.