La decisión sobre los avales de los ex altos cargos de la Generalitat queda en manos del nuevo Tribunal de Cuentas

Con el proceso de renovación del Tribunal de Cuentas casi ultimado, en medio de esta institución se da por hecho que la decisión sobre la validez de los avales de la Generalitat a favor de sus 34 ex altos cargos y funcionarios ha quedado ya en manos de los nuevos consejeros. Los miembros de la Sección de Enjuiciamiento salientes no se han reunido para deliberar sobre esta cuestión, si bien el pasado miércoles terminó el plazo concedido a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para que presentaran alegaciones.

El abogado del Estado en el tribunal, Rafael García Monteys, ni siquiera ha presentado informe alguno. Ha dejado pasar el plazo, evitando pronunciarse sobre la petición de la Generalitat de hacerse cargo de la fianza de 5,4 millones de euros impuesta a 34 de sus ex altos cargos y funcionarios por los gastos de promoción del procés en el extranjero. El pasado mes de septiembre, la Abogacía ya rehusó asimismo contestar a la consulta que le dirigió el Tribunal de Cuentas sobre la admisibilidad o no de los avales, limitándose a subrayar que la ley catalana que creó estos fondos no ha sido recurrida, lo que permitiría su directa aplicación.

Las defensas, a su vez, han pedido que se acepten los avales y se revoque la decisión de rechazarlos, tomada en primera instancia por la instructora delegada, Esperanza García. La Generalitat ha aportado documentación acreditativa del informe en que la Fiscalía se manifestó en contra de la querella que presentó Vox por la creación de esta fórmula de pago de las fianzas. Ya solo queda, por tanto, que el Tribunal de Cuentas se pronuncie.

Los consejeros salientes, sin embargo, no se han puesto de acuerdo sobre cómo y cuándo habría que decidir. La mayor parte de ellos no han sido reelegidos, lo que no constituye un estímulo para resolver ahora con rapidez, según admiten fuentes del tribunal. A los entrantes, en cambio, les convendría que se decidiese pronto.

El hasta ahora fiscal jefe, Miguel Ángel Torres, por ejemplo, es uno de los propuestos como nuevos consejeros, lo que permite prever que tenga que abstenerse de intervenir en el asunto. El motivo sería la naturaleza de su función anterior como miembro de la Fiscalía, cuyo papel en el caso ha sido el de impulsar el expediente en términos de acusación.

La nueva mayoría del tribunal, en todo caso, es de carácter progresista, lo que en medios de la institución se traduce en el convencimiento de que los avales tienen ahora mayores posibilidades de prosperar. De hecho, en la valoración de conjunto que han venido haciendo los propios protagonistas de las negociaciones entre el Partido Socialista (PSOE) y el Partido Popular (PP) se ha destacado que el Tribunal de Cuentas, en el que hasta ahora eran mayoría los cargos propuestos por los populares, iba a cambiar de signo. Este cambio en la orientación del Tribunal de Cuentas habría sido uno de los objetivos buscados por el PSOE. Dicho interés se explicaría entre otras razones para facilitar un cambio de raíles del expediente contra los 34 ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat —entre ellos los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Andreu Mas-Colell y Raül Romeva—, investigados por supuesta responsabilidad contable derivada de la promoción de los planes independentistas en el exterior, singularmente en países europeos y Estados Unidos.

A todos ellos se les ha exigido que de forma conjunta y solidaria afiancen la citada cantidad de 5,4 millones de euros, supuestamente gastados de forma indebida en dicha labor a favor del procés en el extranjero. Esta cantidad ya está asegurada formalmente ante el Tribunal de Cuentas, pero que podría ser prestada finalmente por el mencionado Institut Català de Finances si los avales son aceptados.