El Gobierno vasco recula y devolverá el importe de las multas covid pagadas

El Gobierno vasco ha reculado. El vicelehendakari y consejero vasco de Seguridad, Josu Erkoreka, ha anunciado este sábado que devolverán el importe de todas las multas pagadas en el primer estado de alarma. La decisión rectifica la orden del propio Departamento de Seguridad que publicó el 1 de septiembre en el Boletín Oficial del País Vasco el archivo de 14.740 multas en tramitación en Euskadi, todavía no cobradas, pero se aclaraba que no se devolvería el importe de las 5.256 que ya habían sido pagadas en “pronto pago” ni las 2.961 que, tras ser recurridas, habían recibido sanción firme.

El consejero ha explicado que tras “un análisis jurídico contrastado”, el Gobierno ha concluido que “la sentencia exige deshacer prácticamente todo el marco sancionador” y es por ello por lo que han decidido “no solo paralizar los expedientes, sino devolver lo ya pagado, sea por pronto pago o porque se tramitó el expediente y se acabó imponiendo la sanción y se pagó”. El Ejecutivo ha dado marcha atrás y ha decidido devolver el dinero para no discriminar a quienes, “en un ejemplo de civismo”, se habían adelantado y, por tanto beneficiar a quienes, “en una posición más cicatera”, habían retrasado todo lo posible el pago”. En total, la devolución ascenderá a 1,6 millones de euros, según ha detallado Erkoreka en una entrevista en el diario Deia.

El Gobierno Vasco aducía antes del cambio de criterio que se trataba de procedimientos ya cerrados y que la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el confinamiento domiciliario solo era aplicable a los procedimientos abiertos todavía. El 14 de julio de 2021 el Tribunal Constitucional sentenció por seis votos contra cinco que el estado de alarma decretado por el Gobierno español en marzo de 2020 fue inconstitucional porque para ordenar el confinamiento se tendría que haber declarado el estado de excepción. El alto tribunal estimó así parte del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Vox contra el real decreto.

El consejero de Seguridad defiende que las multas no fueron “un capricho, porque del cumplimiento de la normativa dependían la salud y la vida de muchas personas” y tras ver lo que ha ocurrido jurídicamente creen que “el trabajo no ha servido para nada” y les deja en una situación de inseguridad jurídica. Los agentes “tienen que salir a la calle a cumplir sus funciones y garantizar el cumplimiento de la normativa, y no se sabe hasta qué punto la actuación va a quedar en agua de borrajas porque va a venir por detrás un tribunal que va a echarlo todo por tierra”. “Es un factor de desánimo importantísimo”, ha dicho el consejero. En el primer estado de alarma, entre el 14 de marzo y el 21 de junio, la Ertzaintza interpuso 22.957 denuncias.