Un juez considera “plenamente justificado” el despido del exministro Bernat Soria por la Junta de Andalucía

El Juzgado de lo Social Número 3 de Sevilla considera “plenamente justificado” el despido del exministro socialista Bernat Soria por parte de la Junta de Andalucía en mayo de 2009. El magistrado desestima la demanda que el médico presentó por vulneración de derechos fundamentales y en la que solicitaba una indemnización de 2,7 millones alegando que el Gobierno andaluz, que acababa de pasar a manos de PP y Ciudadanos, buscaba su “desprestigio internacional y muerte científica”.

Soria, que fue ministro de Sanidad con José Luis Rodríguez Zapatero entre 2007 y 2009, había suscrito en 2005 con la fundación pública Progreso y Salud un contrato de trabajo de alta dirección, por tiempo indefinido, para prestar servicios como director del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer) e impulsar programas de investigación en el ámbito de las células madre. Cuando cesó como ministro, suscribió otro contrato por tiempo indefinido y a jornada completa como director del Observatorio de Prospectiva y Alianzas Internacionales en I+D (investigación y desarrollo) e investigador del Cabimer, en el que se comprometía a no desarrollar “actividades comerciales, profesionales o laborales de cualquier índole por cuenta propia o ajena con otra empresa”. Como compensación por esa exclusividad el investigador percibiría una cantidad de 5.000 euros anuales y una retribución bruta total pactada de 180.000 euros, que incluía ese complemento, de acuerdo con la sentencia.

El juez sostiene que Soria “incumplió su deber de exclusividad” porque actuó como administrador “de hecho y derecho y apoderado” de varias sociedades y que, además, “en ningún momento comunicó esas actividades a su empleadora” y “las mantuvo ocultas” durante “un dilatado período de tiempo”. Fue su relación con esas sociedades, entre ellas Limerick Strategic Advisors, Andalucell, Alirober Consulting y Newbiothecnic, la que determinó a la Junta a promover su despido al atribuir a Soria “intereses directos (o incluso indirectos)” en entidades “de igual objeto que la fundación que trabajan en actividades de investigación y que tienen domicilios a escasos kilómetros de la primera”.

En la sentencia, contra la que cabe recurso, se avala esa argumentación y se afirma que el exministro fue “despedido por transgresión de la buena fe contractual” al haber “participado en sociedades cuyo objeto coincide con el de la fundación” y haber prestado servicios “bajo diversas fórmulas para otras mercantiles con intereses económicos y comerciales incompatibles con su posición en la misma”.

El magistrado también rechaza las alegaciones de Soria de acoso por parte de la Junta. Sostiene que ese argumento no es más que “una estrategia de defensa ante un despido disciplinario” y afirma que el exministro “no fue hostigado o humillado en ningún momento ni menos aún se vulneró su derecho a la integridad física y moral ni su derecho al honor”. El juez reconoce que eso no es óbice para que “puntualmente hubiera sido objeto de falta de consideración o de algún desaire”, pero insiste en que eso no constituye acoso.

En esta línea, la sentencia también refuta las acusaciones de “años de inquina política” incluidas por Soria en su demanda: “Fue contratado por una fundación del sector público andaluz dependiente de la Junta de Andalucía a cuyo frente se encontraba un partido político opuesto al que ocupaba el Gobierno andaluz cuando se produjo el despido. Esto, desde luego, echa por tierra la idea de una supuesta campaña que se habría prolongado a lo largo de los años con administraciones de distinto y contrario signo político”.