Macrojuicio por el alijo de coca del remolcador ‘Titán’ que resucitó a viejos narcos gallegos

Después de un año de intentos fallidos para juzgar a los 20 acusados por el alijo de 1.700 kilos de cocaína intervenidos en 2018 a bordo del remolcador Titán III, valorado en más de 60 millones de euros, este miércoles las defensas han sembrado dudas al tribunal no solo de la instrucción del caso para pedir la nulidad del proceso, sino también sobre el pesaje oficial del cargamento y el abordaje del barco para lo que España, han incidido, no tenía jurisdicción.

En la primera sesión del juicio, en la que los abogados plantearon los supuestos fallos de la causa, quedó claro por dónde irán los tiros de la defensa. La pregunta lanzada en la sala por varios letrados es si este cargamento incautado iba a bordo del Titán o era otro porque, según ellos, la información oficial del pesaje y la pureza que se dio en un principio (más de dos toneladas), tras el abordaje, era mayor de la que se dio posteriormente. Estos han anunciado que la respuesta a todos los interrogantes se dará en el transcurso del juicio con el interrogatorio de los acusados.

No obstante, uno de los abogados ha incidido en la conversación que el armador del remolcador de bandera panameña Pedro Rodríguez mantuvo con uno de los nacos gallegos que iba a recoger el alijo procedente de la Guayana francesa: “Al final viene más de lo que dijisteis”.

Por lo pronto, la cuestión del abordaje ha obligado al tribunal a estudiar esta información antes de proseguir el juicio previsto para el 20 de septiembre. Tendrá que pronunciarse en un auto y analizar si el abanderamiento de conveniencia del barco, que según el fiscal era ficticio, requería de una comunicación explícita a las autoridades panameñas. Las defensas han denunciado que el cónsul de Panamá en España no fue informado del asalto y de que el barco transportaba cocaína.

El fiscal Pablo Varela trató de desmontar las impugnaciones de las defensas sobre los fallos en la instrucción y justificó todas las pruebas documentales, como el balizamiento de casas y vehículos que, según los abogados, han vulnerado principios constitucionales.

“Esquema piramidal”

En su escrito de acusación, el Ministerio Fiscal señala que los procesados “estructuraron sus relaciones con un esquema de actuación piramidal para participar lucrativamente en la importación de un cargamento de cocaína”, aunque no aplica el agravante de grupo criminal organizado.

Este ha sido el cuarto intento en un año por parte de la Audiencia de Pontevedra de celebrar este juicio. Los cambios de abogados fueron la principal causa de las suspensiones que motivaron que el tribunal excarcelase a dos de los implicados que permanecían en prisión preventiva.

El caso del Titán saltó a la prensa internacional cuando trascendió que uno de los cabecillas de la organización, el fugitivo Paul Wouter, fingió su muerte hasta que las autoridades brasileñas confirmaron que era un exmilitar con varios pasaportes falsos y al que ahora persigue Interpol. Wouter es el gran ausente en este juicio.

Al comienzo de la investigación, existieron indicios de que el capo Manuel Charlín y uno de sus hijos participaron en los preparativos y la coordinación de un transporte de droga desde Sudamérica. No obstante, en el momento de cerrar la instrucción, el juez acordó seguir la causa contra 21 personas de las 30 inicialmente vinculadas al caso entre las que se encontraban Charlín y uno de sus hijos.

La Fiscalía mantiene que, a finales de 2016, tres de los acusados planificaron la introducción del cargamento de estupefacientes. Sin embargo, remarca que su actuación “no se limitó a una única operación de narcotráfico”, ya que “aunaron sus esfuerzos guiados a trabar contactos con terceros que les pudieran posibilitar distintas vías de introducción de estupefaciente con varias alternativas de transporte”.

Mediante la investigación policial, que se desarrolló durante varios meses, el 7 de agosto de 2018 se llevó a cabo el abordaje del remolcador Titán III y se detuvo a sus cuatro tripulantes. En su interior se halló un cargamento que superaba las 1,7 toneladas de cocaína, con una elevada pureza (84,8 %), por lo que su venta en el mercado negro multiplicaría al menos por dos su valor.

Asimismo, al día siguiente, se interceptó un segundo barco, el pesquero Sempre Cacharelos, que se encontraba a 110 millas del punto de encuentro “concertado para el trasvase de la droga que debía recibir” del remolcador. En las siguientes horas se produjeron las detenciones del resto de los investigados. Los acusados afrontan condenas de entre 9 y 13 años de prisión y multas de entre 200 y 340 millones de euros.