Los fiscales auguran un futuro “catastrófico” cuando asuman la instrucción de causas si no aumenta la plantilla

El informe del Consejo Fiscal sobre el anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) ha puesto de relieve los sentimientos encontrados del ministerio público respecto a la gran reforma del proceso penal, pendiente desde hace más de 20 años y prometida por todos los gobiernos. Los fiscales aplauden un cambio de modelo que les da el protagonismo de las instrucciones que llevaban años esperando, pero critican el texto porque consideran que diseña un procedimiento penal “cuya tramitación se advierte sumamente lenta y compleja”. A ello se suma, según la Fiscalía, una plantilla que ya es “manifiestamente insuficiente” para asumir las competencias actuales, y con la que no se puede responder “con garantías” las futuras atribuciones.

La memoria de la Fiscalía General del Estado lleva años advirtiendo de la escasez de personal, pero la decisión del Gobierno de dejar en manos del ministerio público la instrucción ha encendido todas las alarmas. “La situación actual ya es complicada. Si a eso se le suma la nueva Lecrim, o se aumenta nuestra plantilla de forma inmediata o la situación va a ser catastrófica”, advierte Víctor Castells, vocal de la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

La plantilla del ministerio público es de 2.553 fiscales, lo que supone una proporción de un fiscal por cada 18.520 habitantes y 5,4 fiscales por 100.000 habitantes, muy por debajo de la ratio media europea, que se sitúa en torno a los 11 fiscales por cada 100.000 habitantes, según los datos de la Fiscalía General. El órgano que dirige Dolores Delgado envió recientemente una propuesta al Ministerio de Justicia para que se creen 349 nuevas plazas en los próximos tres años (130 en 2021, 116 en 2022 y 103 en 2023). La petición se acompañó de un estudio sobre la situación de la plantilla. El desarrollo de las funciones que tiene actualmente encomendada la carrera, sostiene el documento, “se ven comprometidas por las limitaciones derivadas de la escasez de medios personales con que debe afrontarlas”.

El texto advierte de que algunas de las modificaciones legislativas acometidas desde 2015 han multiplicado el trabajo de los fiscales, y la nueva Lecrim vendrá a rematar ese “déficit estructural”.

Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, que representa al sector conservador de la carrera, apoya la propuesta de plazas enviada al Gobierno por Delgado. “Es un paso en la línea correcta”, apunta Dexeus, que pone el acento sobre el hecho de que la plantilla actual no es capaz de absorber a los nuevos fiscales que se incorporan cada año tras un proceso de oposición que se supone adaptado a las necesidades reales de trabajo. De los 113 de la última promoción, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), 94 no tienen plaza.

Fuentes del Ministerio de Justicia asumen la necesidad de adaptar la plantilla a las futuras nuevas competencias del ministerio fiscal, pero sostienen que este incremento no se puede acometer hasta que se concrete el nuevo proceso penal y las funciones que asumen los fiscales. “Sería absurdo acordar un incremento de plantilla sin antes pactar las atribuciones”, afirman estas fuentes, que disienten de que la nueva figura del fiscal instructor requiera un incremento exponencial de plazas para acercarlo al de los actuales jueces instructores (más de 2.400). “Creemos que esta reforma va a hacer más eficiente el proceso y se van a optimizar los recursos porque se trabajará en equipo”, señalan en Justicia.

La Fiscalía coincide en que no se pueden sustituir todos los juzgados de instrucción por una ampliación del mismo número de fiscales. “Ahora bien, el punto de partida para ese medio y largo plazo no puede ser una plantilla orgánica al límite de sus capacidades, tal y como está ahora, que no puede asumir ni siquiera la totalidad de los servicios que ha de atender y que ha de acudir sistemáticamente a refuerzos, ya sea para cubrir la creación de unidades judiciales o por sobrecarga de trabajo para conseguir cubrir los servicios que ha de prestar”, señala el informe enviado al ministerio.