Las razones de los nueve indultos: “Fomentar la convivencia en Cataluña”

Es una decisión política y como tal se justificará, aunque sin descuidar la parte jurídica. Los nueve indultos a los condenados por el procés —otros tres ya han cumplido sus penas—, la decisión más compleja y arriesgada del mandato de Pedro Sánchez, se argumentarán en textos muy largos, de unos 30 folios por cada uno de los dirigentes independentistas. Las explicaciones del Gobierno dejarán a un lado la situación particular de los presos para concentrarse en la verdadera justificacón: la “utilidad pública”, porque los indultos servirán, arguye el Ejecutivo, para “fomentar la convivencia en Cataluña”.

Toda la argumentación será casi íntegramente política, según detallan fuentes del Ejecutivo. Se trata de una apuesta para facilitar la salida a la crisis catalana, con un mensaje para los ciudadanos que sienten un profundo desgarro por la cárcel de sus líderes, y no tanto como una medida de gracia a los propios presos, que ya llevan tres años y medio en prisión pero ni han pedido el indulto ni han mostrado arrepentimiento. Es un gesto hacia la sociedad que les vota, no hacia ellos, explican fuentes del Ejecutivo.

Salvo imprevistos, los indultos se aprobarán el martes en el Consejo de Ministros después de una comisión general de subsecretarios, el lunes. Serán parciales —solo se perdonará la pena de prisión que queda por cumplir, pero la inhabilitación para cargos públicos seguirá vigente— y reversibles. Esto es, quedarán anulados si el reo vuelve a cometer un delito penado con entre tres y cinco años de prisión. Esa condición, en todo caso, puede variar en función de la gravedad de la pena de cada uno de los condenados, cuestiones que el Gobierno aún está perfilando.

En los textos de argumentación se dará mucha importancia a gestos que demuestran que hay posibilidades de iniciar un nuevo tiempo en Cataluña, como la reciente carta de Oriol Junqueras, líder de ERC condenado a 13 años de prisión, en la que hace autocrítica y admite que la vía unilateral no sirve. También el discurso de investidura del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, en el que apostó por un referéndum pactado y no por la consulta ilegal que desencadenó los acontecimientos de octubre de 2017.

El Gobierno está convencido de que todo encaja poco a poco en el puzle de la decisión política más difícil para Sánchez. Los tiempos se han medido para que las piezas vayan ocupando su lugar, desde la pacificación de un PSOE inicialmente revuelto, hasta el apoyo de empresarios y obispos, pasando por una reacción furibunda de la oposición que también ayudó al Gobierno, según interpretan varios ministros consultados. Y la carta de Junqueras, absolutamente pactada con ERC, como casi todo en este delicado proceso que abre la vía, o al menos eso cree el Ejecutivo, para empezar a cerrar la herida del procés. Del daño que han hecho algunos de estos apoyos sociales a la campaña en contra del PP dejó este sábado constancia el propio Pablo Casado, quien llegó a tildar de “cómplices” a los que “aplauden” los indultos “desde la sociedad civil”.

Sánchez irá el día 30 al Congreso a enfrentarse a un duro debate sobre las medidas de gracia, aunque allí se verá, como sucedió la semana pasada, que tiene el apoyo de una mayoría clara de la Cámara. Antes, el jueves, en una maniobra también calculada para suavizar el impacto de este polémico perdón, un Consejo de Ministros extraordinario liberará a los españoles de las mascarillas obligatorias en el exterior. Una buena noticia para tapar la polémica.

Aun así, el Gobierno esta vez ni disimula ni se oculta. Ni los indultos se aprueban en pleno agosto, como se pensó al principio, ni se pasa de puntillas sobre la sustancia política de una justificación que ha preparado un equipo amplio con tres referentes: la vicepresidenta primera, Carmen Calvo; el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el secretario general de la Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños. Los detalles se ultimaron el viernes en una reunión entre los tres en el despacho de Calvo, aunque los textos estaban ya muy avanzados por Campo, un experto en indultos, desde el martes.

Son nueve textos diferentes con un esquema común. Cada uno tiene unas 30 páginas que, además de las cuestiones legales básicas, con el recorrido del expediente y los informes contrarios de la Fiscalía y el tribunal sentenciador, así como los de la Abogacía del Estado e Instituciones Penitenciarias, se concentrarán en explicar desde el punto de vista político la utilidad de los indultos con el objetivo de superar la enorme fractura que supuso el procés y dar una oportunidad al diálogo. El texto, según las fuentes consultadas, dejará muy claro el máximo respeto a la sentencia del Supremo, con el que el Gobierno no quiere abrir un enfrentamiento, y destacará la gravedad de los hechos condenados, lo que se usará para justificar que se mantenga intacta la inhabilitación.

El Gobierno sí replicará al argumento del “autoindulto” que planteó la Sala Segunda del Supremo al rechazar la concesión del perdón. En su informe, el tribunal sentenciador señalaba que, al conceder las medidas de gracia a líderes políticos de partidos que apoyan al Ejecutivo, se podría estar vulnerando el artículo 102 de la Constitución, que prohíbe el autoindulto. El Gobierno detallará en su texto que la Constitución se refiere claramente al Ejecutivo, con la intención de evitar que se perdone a sí mismo, no de ningún apoyo parlamentario externo.

El indulto, aducen fuentes del Ejecutivo, que ha estudiado a conciencia la doctrina del Supremo sobre otros polémicos perdones, no es un acto administrativo, es una decisión política. Y como tal será argumentada, no solo para explicar bien a la ciudadanía los motivos, sino también para salvar el escollo más peligroso, esto es, el de la Sala Tercera del Supremo, ante la que habrá con toda seguridad al menos un recurso de Vox.

El texto explicará que este caso no es como el de las medidas de gracia que se pueden conceder a personas condenadas por delitos cometidos hace mucho tiempo y ya reinsertadas en la sociedad. Aquí, según el Gobierno, se trata de apelar no a la situación procesal ni a la voluntad del penado, ni siquiera a si se arrepiente del delito y promete no volver a cometerlo, algo que no ha sucedido con los presos del procés. Lo importante en este caso, según el Gobierno y como ya ha dejado caer Sánchez en algunos discursos estos días, no son los presos, sino las consecuencias políticas que se esperan de los indultos.

Estos condenados, alegará el Ejecutivo, son los líderes políticos de cientos de miles de personas en Cataluña, y es ahí donde el indulto tiene un valor como mensaje a esa parte de la sociedad. El texto insistirá mucho en la idea de la normalización política y recuperación de la convivencia después de 10 años de tensión creciente. Y apelará al clima social que se vive en Cataluña como una de las razones que aconsejan la salida de los presos de la cárcel.

Como es habitual, las medidas de gracia estarán condicionadas a no volver a cometer delitos dolosos en un periodo de tiempo. El Gobierno cree que este será uno de sus argumentos fuertes frente a los que señalan que no tiene sentido dar un indulto a quien no se arrepiente y apunta que lo volvería a hacer.

Interlocución al máximo nivel

La carta de Junqueras será un elemento importante de la argumentación política. Ese movimiento, como casi todos los demás de los dos lados, estaba muy trabajado y pactado al máximo nivel entre la cúpula de ERC y La Moncloa, que tienen una interlocución permanente para este complejo proceso, en especial a través de Iván Redondo, jefe de Gabinete de Sánchez, y Raül Murcia, hombre clave del equipo de Pere Aragonès. Aunque hay múltiples contactos a todos los niveles, sobre todo entre los portavoces parlamentarios de PSOE y ERC, Adriana Lastra y Gabriel Rufián. También los presidentes tienen interlocución directa y hablan muy a menudo. El artículo de Junqueras, que La Moncloa conocía al detalle, hasta el punto de que se acordó incluso en qué medios se publicaría —La Sexta y el diario Ara— es una pieza clave de todo el complejo puzle que lleva meses de negociación detrás.

La diferencia entre los nueve expedientes residirá en el plazo de tiempo que se marcará a cada condenado para no cometer ningún otro delito doloso, pero no en el perdón de sus penas. Aunque a algunos les quedan más años por cumplir que a otros, se perdonará por igual a todos el tiempo que les reste para que salgan inmediatamente de prisión. La inhabilitación quedará intacta y por tanto no podrán participar en el Gobierno, por ejemplo.

El Ejecutivo confía en que con esta prolija argumentación política podrá sortear el obstáculo final de la Sala Tercera del Supremo, que tumbó un indulto del Gobierno del PP a un conductor kamikaze por su ausencia de justificación. En el Ejecutivo han estudiado esa sentencia, que se citará en la argumentación. Fuentes del Gobierno se muestran convencidas de que el Supremo no puede entrar a discutir la argumentación de fondo, solo señalar si es esta insuficiente o si hay algún defecto de forma. La Moncloa confía en que su explicación será lo bastante detallada para que no surjan problemas con el Supremo, aunque hasta el último momento se analizarán todos los detalles del texto que se llevará el martes al Consejo de Ministros.

Todo está listo para la semana clave, incluida la escenificación de Sánchez, el lunes, con un gran acto de defensa de los indultos en el Liceu de Barcelona. Solo se retrasaría si hubiera algún problema técnico, poco probable. Este acto del lunes se empezó a organizar a mitad de esta semana, cuando se alquiló el Liceu, y por tanto antes de que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, apoyara los indultos “si sirven para normalizar la situación política”. El gesto del dirigente vasco de la patronal, en el que sin duda ha tenido mucha influencia el empresariado catalán, y en especial Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment y vicepresidente de la CEOE, ha sido la gota final para una semana en la que varios ministros creen que “el debate se ha dado la vuelta”. Desde la carta de Junqueras, todo se ha precipitado, también con la ayuda de la manifestación de Colón, que sirvió para acercar al Gobierno a muchos socialistas que tenían dudas.

Afrontar el desgaste

En el Ejecutivo son plenamente conscientes del desgaste que supone la decisión, que tiene dividido al electorado socialista, sobre todo en función de la comunidad autónoma en la que viva. Las encuestas que se manejan ahora no son nada buenas para el Ejecutivo, tanto las publicadas como las que se trabajan internamente. Desde las elecciones de Madrid, todo se ha complicado mucho porque la derecha se está reagrupando. Pero varios ministros insisten en que es absurdo pensar ahora en encuestas cuando quedan más de dos años de legislatura y el escenario va a cambiar completamente. Sánchez y su equipo están convencidos de que los mensajes que llegarán de Cataluña serán muy positivos en los próximos meses y eso hará que los más escépticos con los indultos, al menos en su electorado, vayan asumiendo poco a poco que valieron la pena.

Las dificultades que ha vivido el propio Casado en Barcelona en su participación en las jornadas del Círculo de Economía, donde se quedó totalmente solo frente a un apoyo generalizado de los empresarios al indulto, han terminado de convencer al Ejecutivo de que el debate se puede ganar poco a poco. Aunque la gran partida del desgaste no se juega en Cataluña, sino en el resto de España, especialmente en la central y en Andalucía.

Sánchez tiene por delante dos años para lograr resultados tangibles en Cataluña y, sobre todo, para girar el debate de la batalla territorial, que siempre perjudica al PSOE, hacia la recuperación económica y una salida más justa de la crisis. En esos asuntos es donde realmente creen en La Moncloa que se juegan las próximas elecciones.

En Cataluña, los últimos comicios reforzaron la posición del PSOE y debilitaron mucho la del PP. Solo el tiempo dirá si en el resto de España es a la inversa o Sánchez y su equipo logran construir un proyecto que vuelva a ilusionar a su electorado.