Los indultos a los presos del ‘procés’ serán rápidos, limitados y reversibles

Será a plena luz del día. No en agosto, de forma vergonzante, disimulando, aprovechando que muchos ciudadanos están de vacaciones. Pedro Sánchez tomará la decisión política más delicada de su mandato, el indulto a los presos del procés, en plena efervescencia de la oposición, que ya ha convocado una gran manifestación para el 13 de junio. El Consejo de Ministros que apruebe esta medida de gracia, una decisión con un evidente coste político que marca un giro en la legislatura, se celebrará a finales del mes próximo o principios de julio, según diversas fuentes del Gobierno.

El texto se aprobará cuando el Ministerio de Justicia, la vicepresidencia primera y el equipo más estrecho del presidente concluyan un trabajo muy delicado que están haciendo con un objetivo clave: cerrar todos los flancos jurídicos para evitar que la Sala Tercera del Tribunal Supremo pueda tumbar los indultos por un recurso de Vox, algo que sería demoledor para el Gobierno y para una iniciativa política pensada para cerrar la herida del procés independentista catalán.

Un equipo dirigido por Juan Carlos Campo, el ministro de Justicia, que es un experto en indultos y tiene diversos análisis académicos sobre el asunto, apoyado por la vicepresidencia primera, en manos de Carmen Calvo, y la secretaría general de Presidencia, liderada por Félix Bolaños, busca todo tipo de antecedentes y argumentaciones centrados en la justicia, la equidad y sobre todo en el concepto de “utilidad pública”: es decir, que el indulto es positivo para el interés general porque puede ayudar a resolver el conflicto en Cataluña. El texto se va a mirar con lupa para evitar lo que sucedió en 2013, cuando la Sala Tercera tumbó el indulto concedido por el PP a un conductor kamikaze condenado a 13 años de prisión por matar a un joven en un accidente en Valencia.

El Gobierno quiere evitar a toda costa un choque de trenes con la Justicia. El informe del Tribunal Supremo que rechaza de plano este indulto ha sentado muy mal en La Moncloa porque creen que se mete en el terreno de la política con afirmaciones que exceden al ámbito judicial, en especial la sugerencia de que el Gobierno se estaría concediendo “un autoindulto” porque los votos de ERC son decisivos en el Congreso. Pero el Ejecutivo no ha transmitido públicamente ese malestar. Y en su argumentación evitará poner en cuestión la sentencia del procés, que Sánchez y Campo aplaudieron públicamente.

Además, y como fórmula también para reforzar los argumentos jurídicos, los indultos tendrán varias limitaciones que, según fuentes del Gobierno, los harán mucho más inapelables jurídicamente. Primero, serán condicionados y reversibles. Esto es, contendrán al final una disposición que señalará que si los presos reinciden —en un periodo que puede ser de unos tres años— el indulto quedará anulado. Es una fórmula habitual, pero en este caso tiene un valor político y jurídico especial porque la oposición y el propio Supremo están argumentando que no se puede conceder esta gracia a quienes no solo no se arrepienten —algo que no es requisito legal— sino que están diciendo que “lo volverán a hacer”.

En el Ejecutivo insisten además en que ese “lo volveremos a hacer” de los presos no tiene una traslación política real en Cataluña en este momento, cuando Pere Aragonès, de ERC, acaba de tomar posesión diciendo que su apuesta es un referéndum pactado con el Estado —apartándose de la unilateralidad de 2017— y reactivar la mesa de diálogo.

El indulto será parcial. Todo está en estudio aún, pero lo más probable es que no se toque la pena de inhabilitación y se perdonen solo algunos años de la condena de prisión, que serán diferentes en cada caso —porque las situaciones procesales de los 12 condenados son distintas— pero suficientes para que todos queden automáticamente excarcelados.

Todos estos matices se están estudiando para evitar el varapalo jurídico de la Sala Tercera, pero en la esfera política el debate está en otra dimensión. No hay grises. La oposición cree haber visto un espacio para tumbar al Gobierno y debilitar a su electorado, dividido en este asunto. El propio PSOE, como España, se fractura entre los barones que apoyan claramente la decisión —en especial el valenciano Ximo Puig— y los que lo rechazan, con el castellanomanchego Emiliano García-Page como referente.

Algunos en el Gobierno comparan el acoso que sufre ahora Pedro Sánchez con el que tuvo José Luis Rodríguez Zapatero durante la negociación con ETA. “Zapatero abrió la vía para acabar con ETA”, señala un miembro del Ejecutivo. “Ahora se le aplaude. Entonces lo machacaban. El indulto es una decisión que se entenderá mucho mejor dentro de unos meses y aún mejor en unos años. Son cosas que un presidente tiene que hacer le cueste lo que le cueste”.

El Ejecutivo argumenta que ellos se encontraron el problema catalán en fase crítica y están logrando al menos rebajar la tensión. “El indulto es lo peor que le puede pasar al independentismo más duro, porque rompe su discurso de que España es Turquía”, justifica un miembro del equipo de Sánchez. “Y lo mejor para ellos sería un Gobierno de PP y Vox”.

Por los móviles de los ministros circula un tuit de Elisenda Paluzie, presidenta de la entidad independentista ANC. “Los indultos no serán un éxito. Sería una decisión política inteligente del Gobierno contra el independentismo. Políticamente nos desarman e internacionalmente son nefastos”, decía. “Ella está viendo la jugada más clara que la derecha española, que está ayudando de nuevo al independentismo”, argumentan en el PSOE.

La gran sombra que sobrevuela la decisión es que el verdadero motivo de Sánchez para conceder el indulto sea la necesidad de asegurarse en el Congreso esos 13 votos decisivos de ERC, esa idea del autoindulto que repite el PP. El Gobierno replica: ya tiene Presupuestos, su supervivencia política no está en juego y puede agotar la legislatura sin problemas. “Esto es mucho más importante que ERC o el PSOE. Esto se hace para dar una salida al mayor problema político de España en 40 años de democracia”, insiste un ministro.

Decenas de conversaciones

En ERC aseguran que nunca han condicionado expresamente ni la investidura ni su apoyo parlamentario al indulto. Pero sí es un asunto que está encima de la mesa en todas las conversaciones entre el Gobierno y ERC desde hace meses. Primero se pensó en el cambio del Código Penal para suavizar las penas por sedición. Pero pronto se vio que era una solución lenta y complicada. Descartada la amnistía, que es lo que pedían los independentistas, solo quedaba el indulto.

Los republicanos vieron un giro claro en el Ejecutivo desde el verano de 2020. En septiembre, en plena negociación de Presupuestos —el PSOE aún intentaba la cuadratura del círculo de tener a ERC y a Ciudadanos dentro—, el ministro Campo dio la sorpresa y abrió el paso a la tramitación de los indultos, un gesto que entendieron rápidamente en ERC.

Desde entonces ha habido decenas de conversaciones a todos los niveles sobre este asunto entre el Gobierno y ERC. Además de los canales más conocidos, como la conexión diaria entre Adriana Lastra y Gabriel Rufián, portavoces parlamentarios, hay otros mucho más discretos, como la relación entre Iván Redondo y Raül Murcia, mano derecha de Aragonès. El president habla con Carmen Calvo y, con mucha más frecuencia de la que se conoce, con el propio Sánchez.

ERC pidió cosas imposibles, como cambiar la posición de la Fiscalía del Supremo. Y hubo gestos de Sánchez que ERC interpretó al revés, como el giro de la posición de la Abogacía del Estado hacia la sedición. La de los indultos nunca fue la salida preferida de los independentistas. Pero poco a poco, después de tres años y medio de cárcel, se ha empezado a ver como la única realmente posible. Ahora, Sánchez tiene que rematar una de las operaciones políticas más complejas de la democracia.

La legislatura vuelve a girar y Sánchez se aferra ya definitivamente a la mayoría de la investidura. La oposición vuelve a la foto de Colón, como en 2019. Los dos bloques se alejan cada vez más.

Con más de dos años por delante, Sánchez cree que tiene tiempo para convencer a sus electores de que los indultos valieron la pena si con ellos logra reenfocar el problema catalán. Pero la batalla será sin cuartel a partir de ahora. “Es la lucha entre la España posible, con acuerdo en Cataluña, y la imposible. Veremos quién triunfa”, resume un ministro. La oposición vuelve a la calle, y el Gobierno a su mayoría parlamentaria.