Interior certifica graves irregularidades en los fondos reservados para financiar el espionaje a Bárcenas
El ministerio documenta que la trama parapolicial del ‘caso Kitchen’ ocultó intencionadamente los pagos al chófer del extesorero
El Ministerio del Interior ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón un escrito en el que certifica que se cometieron graves irregularidades en el uso de los fondos reservados con el único objetivo de financiar, en 2013, la Operación Kitchen de espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas. El documento, clasificado como “secreto” y al que ha tenido acceso EL PAÍS, detalla que tanto los pagos a Sergio Ríos, chófer de Bárcenas que facilitaba información a la trama e imputado en la causa, como la adquisición de una pistola y un ordenador, nunca se anotaron en las partidas de gastos correspondientes.
La respuesta se produce después de que el 21 de diciembre el magistrado requiriera nueva documentación a Interior sobre estos fondos, sometidos a la ley de secretos oficiales, tras constatar que la trama parapolicial dispuso libremente de ellos. El magistrado quería saber cómo se ocultó el desvío de miles de euros procedentes de una partida que mueve seis millones de euros al año y que, sobre el papel, está sometida a especiales medidas de control. El juez hacía la petición tras comprobar que, en un anterior requerimiento, Interior no había localizado los documentos que justificaran las entregas de fondos con los que la trama pagó al chófer de Bárcenas más de 50.000 euros en efectivo y le compró una pistola, o adquirió un ordenador para que el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, supuestamente consultara la información que la trama arrebató a Bárcenas.
El magistrado recogía en aquel auto su sospecha de que los implicados en la Operación Kitchen no solo dispusieron de fondos reservados “sin cumplimentar debidamente” la documentación requerida para hacerlo, sino que ese dinero se pudo solicitar “bajo la cobertura de otra investigación policial completamente ajena al operativo conocido como Kitchen”. El magistrado ya hablaba de “disfunciones e irregularidades”. Interior confirma ahora las sospechas del juez.
En su escrito, el ministerio explica que los pagos a una persona que se hacen “de forma regular y sucesiva en el tiempo”, como fue el caso del chófer (al que se le entregaron 2.000 euros mensuales entre julio de 2013 y septiembre de 2015), deben reflejarse como abonados a “colaborador fijo”, ya sea dinero en efectivo, comidas, consumiciones o regalos. Estos desembolsos se anotan en la cuenta de “gastos de operaciones (cuenta 1.03)”, si es para un operativo concreto, o en la de “gastos de información (cuenta 2.03)”, si es para la captación de datos que pueden desembocar en una investigación posteriormente.
El escrito aclara que si la colaboración y los pagos son esporádicos, el importe se debe consignar como “pago a colaboradores ocasionales (cuentas 1.04 y 2.04)”. Tras analizar la documentación que se conserva en el Centro Gestor de Fondos Reservados, Interior ha constatado que nada de estos se hizo, ya que los pagos al conductor no figuran en ninguna de estas partidas ni “documental ni referenciados explícitamente”.
Algo similar ocurrió con la pistola y el ordenador. Interior detalla que solo se puede cargar a los fondos reservados la adquisición de material cuando, “por su urgencia y motivos de seguridad”, no pueda adquirir a través de las partidas presupuestarias ordinarias. En ese caso, deberán ser consignados a la “cuenta 06″, de “adquisición de equipos y materiales”. Ni el equipo informático y ni el arma cumplían los requisitos ni fueron anotados.
En busca de mensajes borrados
La Unidad de Asuntos Interior (UAI) ha pedido al juez Manuel García-Castellón autorización para que expertos de la Policía analicen el teléfono que el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz entregó en el juzgado para comprobar la posible existencia de “datos e información [sobre la Operación Kitchen] que pudiera haber sido borrada previamente a su entrega en sede judicial”, según se recoge en un oficio al que ha tenido acceso EL PAÍS.
La petición de la policía se hace después de que el juzgado solicitara a los agentes un informe “sobre las diligencias que puedan ser objeto de interés” realizar sobre el terminal antes de la devolución del mismo a Fernández Díaz. El exministro ya ha mostrado su oposición a cualquier nuevo análisis de su teléfono. Ha alegado que la terminal “puede contener información muy sensible” por su antiguo cargo. En concreto, la Policía ha planteado que la terminal sea remitida a sus agentes destinados en el Sistema de Interceptación Legal de las Telecomunicaciones (conocido por sus siglas, Sitel), que permite intervenir bajo control judicial miles de llamadas y mensajes de investigados. Los agentes recalcan que toda la información que se extraiga del móvil de Fernández Díaz sería posteriormente analizada por los responsables de la investigación siguiendo las indicaciones del juez “atendidas las especiales funciones desempeñadas por su usuario”. La policía recalca que solo se incorporaría a la causa “aquellos archivos concretos que guarden vinculación directa con los hechos objetos de investigación”.
El magistrado solicitó a Fernández Díaz que entregase su móvil el pasado 13 de noviembre, tras terminar el tenso careo judicial que había mantenido con su antiguo 'número dos' en el ministerio, Francisco Martínez, y en la que el exministro negó ser el autor de los mensajes enviados al móvil de su excolaborador en los que se recogían detalles e instrucciones sobre el operativo de espionaje a Bárcenas. El juez consideró entonces que examinar el contenido del teléfono móvil era “esencial” para confirmar si Fernández Díaz había remitido esos mensajes y, por tanto, estaba al tanto de la Operación Kitchen. El ministro entregó la terminal más de dos meses después, el pasado 22 de enero.
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