El juez del ‘caso Kitchen’ investiga el descontrol en el uso de fondos reservados

Las “disfunciones e irregularidades” en el uso de los fondos reservados durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior destapadas por el caso Kitchen han llevado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón a investigar “las posibles responsabilidades penales” de los entonces responsables de la gestión de esta partida. Para ello, el magistrado ha dictado un auto en el que requiere al departamento que ahora encabeza Fernando Grande-Marlaska nueva documentación sobre estos fondos, sometidos a la ley de secretos oficiales, tras constatar que la trama parapolicial que espió ilegalmente en 2013 a Luis Bárcenas y su entorno dispuso libremente de ellos para pagar, entre otros, a su chófer, Sergio Ríos.

El magistrado quiere saber cómo se ocultó el desvío a una operación ilegal de miles de euros procedentes de una partida que, sobre el papel, está sometida a especiales medidas de control. El juez hace la petición a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y tras constatar que, en un anterior requerimiento, Interior no localizó los documentos que justificaran las entregas de fondos con los que la trama pagó al chófer de Bárcenas más de 50.000 euros y le compró una pistola, o adquirió un ordenador para que el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, supuestamente consultara la información que la trama arrebató a Bárcenas. Martínez y el exministro Fernández Díaz están imputados en la causa.

En el auto, García-Castellón destaca que estos gastos debían haberse acompañado de “documentos acreditativos del uso” que se había dado al dinero, circunstancia que las declaraciones de cuatro testigos -entre ellos el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, entonces destinado en la Secretaría de Estado- han revelado que no se produjo. En opinión del juez, esto permitió la “utilización ilícita” del dinero, “propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal, como el enriquecimiento personal de altos mandos”.

El juez considera que la documentación que el comisario Eugenio Pino -también imputado y en aquel momento máximo responsable operativo de la Policía Nacional- enviaba a la Secretaría de Estado de Seguridad para justificar el dinero que gastaba con cargo a los fondos reservados “no se ajustaba siempre” a la orden confidencial de 1995 que regulaba su uso. En concreto, no se vinculaban esos pagos a “operaciones policiales concretas” o a lo que se denominaban “gastos de información”, en referencia a la captación de datos que pueden propiciar la apertura de una investigación posteriormente.

“En algunos casos, desde la Secretaria de Estado se libraban los fondos antes de comprobar la documentación que se remitía desde la Dirección Adjunta Operativa”, añade García-Castellón, en referencia al puesto que ocupaba el comisario Pino. El juez quiere conocer ahora los conceptos utilizados para esos pagos y si el chófer de Barcenas fue considerado un confidente fijo que justificase que se le hicieran abonos de 2.000 euros mensuales entre julio de 2013 y de septiembre de 2015.

El magistrado también hace hincapié en las cantidades que se entregaban a otro investigado, el también comisario Enrique García-Castaño, conocido como el Gordo y entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), responsable de hacer seguimientos en operaciones antiterroristas. “Los fondos así entregados al investigado Enrique García Castaño con periodicidad mensual y por una cuantía fija no estaban vinculados a ninguna necesidad operativa concreta y el uso de estos fondos nunca fue justificado”, destaca. El juez recalca que este comisario recibió, entre julio de 2014 y mayo de 2015, 50.000 euros en efectivo procedentes de los fondos reservados por orden del comisario Pino.

El mando policial ha negado reiteradamente en sus declaraciones judiciales haberse apropiado de estas cantidades e insistido en que se destinaron a operaciones policiales distintas de la Kitchen y de carácter reservado. Lo que sí ha admitido García Castaño, que colabora con la investigación, es que una parte se destinó a la compra de la pistola para el chófer de Bárcenas y del ordenador para el secretario de Estado.

El magistrado recoge en el auto su sospecha de que los implicados en la Operación Kitchen no solo dispusieron de fondos reservados “sin cumplimentar debidamente” la documentación requerida para hacerlo, sino que también ese dinero se pudo solicitar “bajo la cobertura de otra investigación policial completamente ajena al operativo conocido como Kitchen o bajo la cobertura de cantidades de información, con objeto de enmascarar un uso desviado de los fondos reservados”, indica.