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Interior invertirá 5,3 millones de euros en localizar antes la llegada de pateras y ‘narcolanchas’

La Guardia Civil contará con equipos capaces de detectar embarcaciones situadas a 22 kilómetros, frente a los 10 kilómetros de alcance de los actuales

Óscar López-Fonseca
Patera localizada en noviembre en el mar Mediterráneo, en una imagen facilitada por Salvamento Marítimo.
Patera localizada en noviembre en el mar Mediterráneo, en una imagen facilitada por Salvamento Marítimo.Salvamento Marítimo (Salvamento Marítimo)

El Ministerio del Interior ha licitado un concurso para adquirir, por 5,3 millones de euros, 12 sensores optrónicos (dispositivos para el seguimiento automático de blancos móviles) con los que renovar parte del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), la red de radares y cámaras que permite a la Guardia Civil rastrear durante 24 horas las aguas cercanas a las costas españolas en busca de embarcaciones con orígenes muy distintos: pateras y narcolanchas.

El pliego de condiciones destaca que los nuevos equipos deben ser capaces de detectar embarcaciones de pequeño tamaño y camufladas con colores similares al tono del mar a un mínimo de 22 kilómetros de distancia en situaciones de buena visibilidad, frente a los 10 kilómetros de alcance que tienen los actuales. En los 11 primeros meses de este año, el SIVE había localizado 2.015 embarcaciones sospechosas, según datos del instituto armado.

El contrato fija que los 12 nuevos aparatos deberán ser entregados entre 2021 y 2023, y que cinco de ellos tendrán como destino final las instalaciones del SIVE en Tenerife y Gran Canaria, escenarios de la última crisis migratoria tras la llegada de más de 15.000 inmigrantes por vía marítima desde el 1 de octubre. Además de Canarias, el sistema cuenta con estaciones fijas en Algeciras (la primera que entró en funcionamiento, en 2002), Huelva, Cádiz, Ceuta, Málaga, Granada, Almería, Murcia, Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona, Islas Baleares y Pontevedra, además de otras móviles que se despliegan puntualmente en zonas ciegas, donde no llegan los otros equipos.

El pliego destaca que los sensores optrónicos que se quiere adquirir son “críticos” para el control de las fronteras exteriores y, sobre todo, para la lucha contra el narcotráfico y el tráfico ilegal de personas. El propio documento reconoce que los actuales equipos tienen serios problemas de obsolescencia: “Más de la mitad” tienen una antigüedad superior a los 15 años y siete de ellos ya no tienen disponibilidad de repuestos para su reparación. Por ello, el ministerio considera necesario un “refresco tecnológico” que permita “incrementar su capacidad en términos de alcance de detección, resolución [de imagen] para identificación y seguimiento automático de objetivos”.

Interior quiere detectar pateras de siete metros de eslora y narcolanchas de entre cinco y ocho metros desplazándose sobre un mar con oleaje a 22 kilómetros de distancia y reconocerlas a 15 kilómetros en condiciones meteorológicas favorables. En caso de que estas sean adversas, las cámaras deberán hacerlo, al menos, a cinco kilómetros. Las cámaras de infrarrojos, utilizadas sobre todo para visión nocturna, deberán dar resultados entre 17 y 12 kilómetros o, en el caso de mal tiempo, cuatro kilómetros.

Interior cataloga las características técnicas de estos equipos de “sensible” para así “garantizar la confidencialidad” y, de este modo, evitar que se divulgue información sobre los mismos. Lo hace para evitar que “las bandas de delincuencia organizada puedan adoptar contramedidas para anular su eficacia en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo o la trata de seres humanos”. El desarrollo y puesta en marcha del SIVE supuso un desembolso de 232 millones de euros durante el periodo 2000-2008. Hasta el año 2006, el coste fue sufragado con fondos propios, pero a partir del año siguiente Interior obtuvo subvenciones de los Fondos de Seguridad Interior de la UE.

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Sobre la firma

Óscar López-Fonseca
Redactor especializado en temas del Ministerio del Interior y Tribunales. En sus ratos libres escribe en El Viajero y en Gastro. Llegó a EL PAÍS en marzo de 2017 tras una trayectoria profesional de más de 30 años en Ya, OTR/Press, Época, El Confidencial, Público y Vozpópuli. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

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