La Audiencia Nacional concede la semilibertad a los dos últimos condenados del ‘caso Alsasua’

El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, concedió este martes la semilibertad a Jon Ander Cob y Julen Goikoetxea, los dos únicos condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus novias en un bar de Alsasua (Navarra) en octubre de 2016 que aún no disfrutaban de este beneficio penitenciario. Condenados por el Tribunal Supremo a siete años y medio de cárcel a cada uno, Cob y Goikoetxea podrán abandonar a diario el Centro Penitenciario de Zaballa (Álava) para trabajar y estudiar después de que los informes de los profesionales de la cárcel constatasen que ambos mantienen “buena conducta” y su pronóstico de reincidencia es “bajo”. En los autos, adelantados por Vozpópuli y a los que ha tenido acceso EL PAÍS, el juez De Castro también destaca que ambos están haciendo frente al pago de la responsabilidad a la que fueron condenados. A ambos se les aplica el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que permite a presos en segundo grado o régimen ordinario, como es su caso, disfrutar de parte de los beneficios del tercer grado o régimen abierto. Ambos extinguirán sus penas en septiembre de 2025.

El magistrado destaca que los informes penitenciarios resaltan que Cob, desde que fue trasladado a la prisión alavesa, en agosto de 2018, ha estado ingresado en un módulo de respeto —destinados a presos poco conflictivos y en los que ellos mismos autogestionan las labores internas— y que allí realiza los trabajos que se le asignan y forma parte del “comité de actividades”. También que cursa estudios de Psicología a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), que ha seguido un curso de panadería dentro de la cárcel y que no hubo ninguna incidencia en los dos permisos de salida que ha disfrutado (de cuatro y seis días cada uno, ambos el pasado julio). “Ha reflexionado sobre todo lo ocurrido y podría asegurarse que ahora obraría de otra manera. Es consciente de la gravedad de lo ocurrido y también de que no merece la pena perder parte de los mejores años de su vida porque alguien vista, viva y represente una opción diferente”, recoge uno de los informes penitenciarios citados por el juez.

El magistrado también destaca que Cob ha abonado ya 6.400 euros de la responsabilidad civil que se les impuso a todos los condenados y que se ha comprometido a realizar “pagos mensuales de 200 euros” y otras “sumas mayores eventualmente que permitan agilizar el pago de la suma total”. En este sentido, señala que el condenado tiene una oferta laboral para trabajar fuera de prisión, que compaginará con los estudios universitarios, que le permitirán seguir abonando las cantidades restantes. Por todo ello, acuerda aplicarle el artículo 100.2 “que le permita realizar la actividad laboral y estudiantil”, para lo cual la prisión deberá elaborar un plan de ejecución de la pena pendiente.

Sobre Goikoetxea, el magistrado también destaca su “correcta adaptación al medio penitenciario” y su participación en las actividades del módulo de respeto de la cárcel en la que está recluido, y donde es el “auxiliar en [la] cabina de cine”. “Pasa gran parte del tiempo en la biblioteca”, añade el juez para recalcar su “evolución positiva” que también incide en que ha asumido “desde una perspectiva crítica la conducta delictiva realizada y las consecuencias para las víctimas y terceras personas”. El auto hace hincapié en que, a los cuatro años de estudios de grado superior en megatrónica que realizó cuando estaba en libertad, Goikoetxea ha sumado ahora los estudios de psicología iniciados desde prisión. También que ha abonado 12.000 euros de la responsabilidad civil y ha mostrado su disposición a seguir haciéndolo con cuotas de 200 euros mensuales “y algún pago puntual de mayor cantidad”.

De los otros cinco condenados por aquellos sucesos que ingresaron en prisión, Iñaki Abad —con una pena de tres años y seis meses— y Aratz Urrizola —cuatro años y dos meses— comenzaron a disfrutar del régimen abierto en diciembre. Oihan Arnanz, Jokin Unamuno y Adur Ramírez de Alda, a quienes el Tribunal Supremo impuso las mayores penas —nueve años y medio al primero, y de ocho años y medio a los otros dos— pasaron a régimen abierto el pasado mes de julio, cuando estaban a punto de cumplir la mitad de sus condenas. Una octava condenada, Aianara Urquijo, no llegó a ingresar en prisión al recibir una pena inferior a los dos años.