Podemos se une a ERC y Bildu para presionar al PSOE y prohibir los desahucios hasta 2023

Unidas Podemos, partido socio del PSOE en el Gobierno de coalición, se ha unido este martes a ERC y Bildu para presentar una enmienda conjunta a los Presupuestos Generales del Estado para 2021 que busca suspender los desahucios de vivienda y los cortes de suministros básicos a las familias en situación de vulnerabilidad social hasta 2023. El objetivo de los tres partidos, que comparecieron conjuntamente, es presionar al PSOE para que acepte la medida, aunque fue el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, el que lo expresó a su manera de la forma más evidente: “Aquí está la antiEspaña defendiendo los derechos fundamentales”. Y luego añadió que usarán su fuerza parlamentaria “para hacer que las cosas pasen, doblegar y torcer el brazo al PSOE”.

Sin previo aviso, e incluso después de que portavoces de Unidas Podemos y de ERC ya hubiesen comparecido en el Congreso este martes a primera hora para otros asuntos, al final de la mañana se produjo en la Cámara baja una imagen inusual, con un objetivo político claro. El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, y los portavoces de ERC, Gabriel Rufián, y de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, comparecieron juntos en la sala de prensa para presentar una enmienda parcial conjunta al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021. Un proyecto que Unidas Podemos ha pactado internamente en el Gobierno con el PSOE.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha salido al paso de la iniciativa tras el Consejo de Ministros para pedir a esos partidos que no mezclen el debate presupuestario con los desahucios: "No debería mezclarse una cosa con la otra”. Y agregó que el Gobierno en este tiempo ha dado “muestras de su compromiso” en materia de vivienda, mejorando la protección de los inquilinos, el tratamiento de las viviendas turísticas o el “muy ambicioso” plan de vivienda, centrado en la rehabilitación. Calviño ha recordado que el Ejecutivo también aprobó medidas extraordinarias, el 31 de marzo pasado, en la primera prórroga del anterior estado de alarma, para impedir los desahucios de personas vulnerables, tanto por alquiler como por compra, hasta el 31 de enero de 2021. “Hemos actuado de forma decidida para evitar que se produzcan desahucios”, reiteró.

Jaume Asens, sin embargo, defendió la necesidad de esa iniciativa ante esta segunda ola de la pandemia y para responder ante las necesidades de las personas más vulnerables. El dirigente de En Comú Podem expuso que la idea de la propuesta era “expandir” e “ir más allá” de la moratoria aprobada ya en marzo cuando se declaró el estado de alarma como consecuencia de la covid-19 y añadir ahora a esa prohibición de los desahucios a todas las personas vulnerables al margen de que esa situación se hubiera provocado antes de la pandemia. El dirigente de Unidas Podemos reconoció su “malestar” porque sigan produciéndose desahucios.

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, insistió en esa idea de proteger a las familias que se han quedado más desprotegidas durante la pandemia y explicó que el objetivo de la enmienda es, además de “frenar los desahucios sin alternativa habitacional” hasta el 31 de diciembre de 2022, evitar que se les corten a esas familias suministros tan básicos como la electricidad, el gas natural o el agua. Esos partidos, con el respaldo del PSOE y de otras formaciones, como Ciudadanos, ya refrendaron durante los primeros estados de alarma la pasada primavera que no se pudieran producir lanzamientos o desahucios. Las tres formaciones firmantes de la enmienda reclaman ahora extender dos años esos límites hasta finales de 2022 a la espera de la entrada en vigor de la nueva ley de vivienda.

La dirigente de Bildu argumentó que en el escenario de crisis social y sanitaria actual “no es digno” permitir la especulación de algunos bancos y fondos buitre de inversión, y recordó que en 2019 se habían registrado un total de 54.006 desahucios en el conjunto de España. Aizpurua mencionó el caso reciente que ha afectado en Santurzti (Bizkaia) a Lidia Gil, de 88 años, y lo conectó a la literalidad incumplida del artículo 47 de la Constitución que establece el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna.

Gabriel Rufián fue el más explícito al subrayar la ausencia más evidente en la imagen que los tres partidos buscaban con su comparecencia conjunta en el Congreso: “Aquí falta un actor político importantísimo, espero que de momento, el PSOE, a los que tanto se les llena la boca de hablar de los Presupuestos más sociales de la historia de la humanidad y las tablas de Moisés, que lo pueden ser. Hay que pedirles una sensibilidad social más alta. Estaría bien que el PSOE estuviera y nosotros vamos a usar la fuerza parlamentaria para hacer que pasen cosas, para doblegar y torcer el brazo al PSOE”.

El presidente del grupo Unidas Podemos indicó que las tres fuerzas normalmente aliadas del Gobierno habían establecido algún contacto con el PSOE antes de registrar su enmienda y aseguró que ese partido entendía que la hubiesen presentado. Asens, además, se mostró optimista por sumar al PSOE en las próximas tres semanas en las que se negociarán al detalle los centenares de enmiendas parciales presentadas por todos los partidos: "Esperamos que durante el trámite parlamentario podamos lograr su concurso. Ahora no ha sido posible, pero el PSOE comparte la preocupación que tenemos”.

El PSOE precisó que el proyecto de Presupuestos para 2021 había sido ya muy pactado y cerrado internamente durante las últimas semanas con Unidas Podemos y que ahora lo que queda son más matizaciones técnicas que de fondo, aunque no se cerraron a negociar otros aspectos con los socios prioritarios. Los socialistas sí han negociado con Podemos en ese sentido algunas correcciones, pero no han querido suscribir la enmienda conjunta sobre los desahucios con esa formación, ERC y EH Bildu y argumentan que las exigencias que plantea van “demasiados pasos por delante”.

Dicha enmienda pretende modificar la moratoria hipotecaria aprobada en 2013 por el entonces Gobierno del PP para “evitar las conductas tendentes a eludir la protección de los deudores” que suponen “enmascaramiento tras otras mercantiles para instar procedimientos judiciales que eviten la obligación de respetar la moratoria de lanzamientos”.