El ‘plan b jurídico’ de Casado provoca una tangana monumental entre la derecha

El mundo se puso del revés este martes en el Congreso, con los últimos añicos de la foto de Colón esparciéndose por el hemiciclo. La alternativa del PP al estado de alarma, ese “plan b jurídico” que Pablo Casado venía defendiendo desde hace meses como una de sus medidas estrella, acabó concienzudamente demolido en la Cámara. De las labores de derribo no se encargaron los socios del Gobierno Frankenstein, ni los “filoetarras”, ni todos los que persiguen romper España. La que pretendía ser la gran aportación legislativa del PP acabó abierta en canal por Vox y por Ciudadanos. Sobre todo por Vox, y en su versión más flamígera. El lanzallamas dialéctico del diputado José María Sánchez se ensañó con la propuesta de los populares hasta reducirla a “un conjunto de tonterías”. La tangana entre los todavía socios en comunidades autónomas y Ayuntamientos resultó monumental.

En medio del alboroto, apareció por allí un separatista, el diputado del PDeCAT Genís Boadella, para solidarizarse con la portavoz del PP, Cuca Gamarra, y reclamar respeto para ella. “Nadie debería decir aquí que una propuesta de un grupo es un conjunto de tonterías”, sentenció Boadella, erigido en inesperado hombre de paz entre las disputas de la derecha.

Aislarse sin estado de alarma

El famoso “plan b jurídico” era un mantra de Casado desde que, antes del verano, decidiese sumarse al frente de rechazo a los estados de alarma. Para frenar el abuso que, según el PP, ha hecho el Gobierno de esta legislación excepcional, los populares proponían reformar dos viejas leyes orgánicas, la de Medidas Especiales en materia de Salud Pública y la que regula la jurisdicción contencioso-administrativa. De ese modo, pretendían que las comunidades autónomas pudiesen aislar —bajo control judicial— a poblaciones o a personas determinadas por razones sanitarias sin necesidad de recurrir al estado de alarma.

Para defender esa iniciativa salió el equipo titular. O sea, la portavoz del grupo. Por si fuera poco la emergencia sanitaria, España se encuentra también en “una emergencia de carácter jurídico”, alertó Gamarra, ya que el Gobierno “ha convertido en rutina la excepcionalidad legal máxima”. “Esto no es una cuestión de derechas ni de izquierdas. Es una necesidad”, apeló a los grupos.

“Me gustaba más doña Cayetana”

Vox salió al quite inmediatamente y con uno de sus pesos pesados jurídicos: José María Sánchez, juez en excedencia y catedrático de universidad. Su primera frase ya anunció lo que se venía encima: “Doña Cuca, me gustaba más doña Cayetana”. Es decir, Álvarez de Toledo, la antecesora de Gamarra destituida por Casado y a la que más tarde el diputado de Vox volvería a referirse como “doña Cayetana de grato recuerdo”.

Los golpes fueron incesantes, por mucho que los diputados del PP intentasen interrumpirlos con gritos de protesta. “Usted no sabe lo que le han escrito y no sabe lo que ha dicho. No ha entendido absolutamente nada”, se regodeó Sánchez antes de recomendar a Gamarra, licenciada en Derecho: “Tiene que volver a la Facultad”. Su objeción principal eran las potestades que la propuesta otorgaría a las comunidades autónomas. Ante eso, Sánchez lució un festival de calificativos, culminado con ese “conjunto de tonterías” que acabó conmoviendo hasta a los independentistas. Entre el barullo indignado de los suyos, Gamarra prefirió no extenderse en la réplica, pero tampoco se reprimió con los epítetos al diputado de Vox: “Machista”, “prepotente” y “falto de rigor jurídico”. En los escaños de Vox ya todo era jolgorio y, mientras Sánchez bajaba las escaleras camino de la tribuna para una última contrarréplica, sus compañeros le jaleaban entre carcajadas: “¡Ten piedad! ¡ten piedad!”.

Con la tercera pata de lo que un día fue el bloque de las derechas, Ciudadanos, el debate descendió a un tono de exquisita corrección. Eso sí, en la cuestión de fondo el vapuleo al PP no resultó menor. El portavoz de Cs, Edmundo Bal, con una larga experiencia como abogado del Estado, ya había dejado clara antes del pleno su opinión sobre la propuesta: “Esto al Tribunal Constitucional no le dura ni cinco segundos”. Su extremo cuidado en la tribuna para no incurrir en “prepotencia” o “falta de respeto” no impidió un análisis demoledor sobre el contenido de la iniciativa. Bal argumentó que la Constitución es clara: solo los estados de alarma, excepción o sitio permiten suspender derechos fundamentales. Por lo tanto, traspasar esa competencia a leyes ordinarias, como proponía el PP, equivaldría a permitir que los Gobiernos tomasen ese tipo de medidas “sin restricción ni control alguno”. “Sánchez estaría encantado, ni tendría que venir aquí, que ya sabemos que no le gusta nada”, concluyó.

Así que el gran plan jurídico de Pablo Casado solo sirvió para organizar una nueva zapatiesta en las revueltas filas de la derecha. Los populares se tuvieron que conformar con el apoyo de dos fuerzas satélites, Navarra Suma y Foro Asturias, además de Coalición Canaria y un añadido sorpresa en esta jornada del mundo al revés: el PNV. En total, 10 diputados.