Declarada prescrita la causa contra el expresidente andaluz Chaves por un préstamo a una empresa en 1999

La Audiencia de Sevilla ha declarado prescrita la investigación abierta en diciembre del año pasado contra el expresidente andaluz Manuel Chaves, otros 11 ex altos cargos de la Junta y cinco empresarios por un préstamo de 5,8 millones concedido en 1999 a la empresa cárnica Campocarne. Los magistrados consideran que ha transcurrido el plazo de 15 años en el que prescriben los tipos penales de prevaricación y malversación, los delitos por los que se acusaba a los antiguos dirigentes políticos de la etapa socialista.

Desde que el juez instructor del caso de los ERE, José Ignacio Vilaplana, iniciara las pesquisas el 3 de diciembre de 2019 a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la prescripción de los delitos fue uno de los principales argumentos sostenidos por las defensas: en concreto, la del exdirector de la cárnica, Ramón Portal de María, y a la que se adhirió el exconsejero de Trabajo Guillermo Gutiérrez. Anticorrupción y el magistrado instructor rechazaban esta tesis.

El magistrado argumentó que a través de ese préstamo, concedido por el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y aprobado en un acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta celebrado el 9 de noviembre de 1999 y formalizado el 22 de diciembre de 1999, “podría haberse simulado una ayuda pública directa, otorgada sin sujeción a los principios y procedimientos legalmente aplicables, con el consiguiente menoscabo de los fondos públicos”. El juez asumía la tesis de la Fiscalía y concluía que “podría deducirse que bajo la apariencia formal de un contrato de préstamo se decidió disponer arbitrariamente de los fondos públicos, sin sujeción a procedimiento alguno, para beneficiar directamente a Campocarne Andalucía” y que “a consecuencia de su impago o amortización fallida” —en diciembre de 2005— pasaría a ser considerado no un crédito sino una pérdida para la Administración.

En su fallo, dictado el 28 de octubre y que ha adelantado el Diario de Sevilla, la Audiencia de Sevilla no comparte que la prescripción deba comenzar en 2005. Los magistrados sostienen, sin embargo, que “es un hecho incuestionable que la empresa prestataria dispuso del dinero en el momento de su entrega material […] produciéndose entonces el desplazamiento patrimonial en perjuicio del erario público”, independientemente de las “vicisitudes posteriores del préstamo: impagos, incumplimiento de obligaciones pactadas, posibles amortizaciones, etc.”. Los magistrados insisten en que, como aseguran tanto el instructor como la Fiscalía, si nunca “existió voluntad de devolución ni de cobro del préstamo”, se está aceptando que “desde su misma génesis, y más concretamente, desde su formalización y materialización en la escritura pública otorgada el 22 de diciembre de 1999, los delitos investigados habrían quedado consumados”.

La apertura de esta nueva causa contra el expresidente Chaves y otros mandatarios de la Junta —entre ellos los exconsejeros Gaspar Zarrías, Antonio Fernández, José Antonio Viera y Francisco Vallejo, o el fallecido exdirector de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero— se produjo apenas 15 días después de la sentencia de la pieza política de los ERE, que condenó a 19 ex altos cargos del Gobierno andaluz, entre ellos los implicados en esta nueva pieza. El préstamo puente concedido a Campocarne, antigua Halsa, siempre se consideró como la antesala del caso de los ERE.