Afganistán: regreso a la oscuridad

Afganistán ha vivido un año convulso. A las dificultades económicas, políticas y sociales que arrastraba desde hace décadas, se ha sumado en 2021 el regreso al poder de los talibanes. Aunque el cambio de régimen se veía venir desde que Estados Unidos anunciara la retirada de sus fuerzas, no se esperaba que fuera tan rápido. Como consecuencia de ese golpe, el país ha perdido derechos y libertades, además del acceso a sus reservas de divisas y la ayuda internacional que sostenía su frágil democracia. Atrapados en medio, los afganos se enfrentan a la pobreza y el hambre.

Los peores presagios se hicieron realidad el 15 de agosto cuando el corrupto Gobierno de Ashraf Ghani se volatilizó abriendo las puertas de Kabul y del palacio presidencial a la guerrilla que durante dos décadas había combatido al Estado afgano. Fue un paseo triunfal. Los fundamentalistas no encontraron resistencia de un Ejército que, falto de dirección y muy inferior en número a lo que declaraba, abandonó sus posiciones sin disparar una bala. La batalla se libró antes: en las zonas rurales que los talibanes habían ido conquistando desde hace años y en las capitales provinciales de las que se apropiaron a partir de abril, cuando Washington confirmó su repliegue.

Los talibanes no ganaron la guerra civil que bajo pretexto de expulsar a las tropas extranjeras lanzaron contra el Estado afgano. La perdieron los sucesivos gobiernos que Occidente respaldó en Kabul, al no atender a las necesidades de la población y dejar las instituciones en manos de políticos deshonestos. Víctimas colaterales de los bombardeos contra los insurgentes y sin medios de subsistencia a causa de la sequía que recurrentemente arruina sus cultivos, muchos afganos aceptaron como un mal menor el avance de los barbudos. Otros se refugiaron en las ciudades, donde sobrevivían con trabajos precarios o gracias a la asistencia humanitaria. Las fracturas étnicas, lingüísticas y religiosas también contribuyeron a la desafección.

Ahora, la sociedad afgana se ha visto sacudida por la pérdida de derechos y libertades a los que accedió después de que Estados Unidos derribara la primera dictadura de los talibanes en 2001. La República instaurada entonces, aunque apellidada Islámica, había incorporado instrumentos democráticos como elecciones, separación de poderes y prensa libre. A pesar de que los dirigentes fundamentalistas han adoptado un tono conciliador hacia el exterior, anunciado una amnistía general y prometido respetar los derechos humanos, incluidos los de las mujeres y la libertad de prensa, los hechos cuestionan sus palabras.

El Gobierno provisional que presentaron a principios de septiembre salió en exclusiva de sus filas (comandantes guerrilleros, mayoritariamente pastunes), sin atender a los llamamientos para que incluyeran a miembros de otros grupos políticos y étnicos. Varios meses después, las afganas siguen sin poder asistir a clase a partir de los 12 años, ni trabajar (salvo en la sanidad). Esa discriminación de la mitad de la población está agravando la fuga de cerebros y tiene un coste económico que la ONU ha estimado en un 5% del producto interior bruto.

Poco a poco, también están saliendo a la luz los abusos de sus tropas. La organización Human Rights Watch ha denunciado las ejecuciones extrajudiciales, o desapariciones forzosas, de por lo menos un centenar de antiguos agentes de la policía y los servicios secretos. Con anterioridad, Amnistía Internacional reveló el asesinato de miembros de la etnia hazara, una minoría de confesión chií que constituye el 10% de la población.

Hace años que emigrar, legal o ilegalmente, se había convertido en el objetivo de los jóvenes afganos ante las promesas rotas de la República. Con los talibanes en el poder, es la única salida. Para algunos por razones políticas: activistas de derechos humanos, periodistas, mujeres profesionales o miembros de las antiguas fuerzas de seguridad se sienten amenazados. Muchos más carecen de medios de subsistencia. Apenas un 5% de los 39 millones de afganos tiene suficiente para alimentarse, según la ONU. Con la llegada del invierno, 23 millones están en riesgo de hambruna, entre ellos 3 millones de niños menores de cinco años, tanto en el campo como en las ciudades.

Los talibanes se hicieron con las riendas de Afganistán sin planes sobre cómo gestionar el país. Su rechazo a negociar un arreglo con el anterior Gobierno se tradujo en la ruptura de relaciones de los países que aportaban el equivalente a un 43% de su producto interior bruto (PIB) y financiaban el 75% de su gasto público. Obviaron las consecuencias de las sanciones internacionales por terrorismo que pesaban sobre ellos. Ningún país ha reconocido su Emirato Islámico. En consecuencia, se ha quedado sin la ayuda extranjera y tampoco tiene acceso a las reservas afganas de divisas (unos 9.000 millones de dólares, algo menos de 8.000 millones de euros) depositadas en EE UU.

Todo ello se ha traducido en una reducción del dinero en circulación (los bancos han limitado la retirada de fondos), la caída del valor del afgani (la moneda local) y el consecuente aumento de los precios. Resulta difícil exagerar el impacto que el colapso económico ha tenido sobre los afganos, que ya vivían en uno de los países más pobres del mundo antes del regreso de los talibanes al poder. Han proliferado por todo Afganistán mercadillos al aire libre en los que muchas familias venden sus enseres para sobrevivir. Más grave aún, hay constancia de padres que están entregando a sus hijas, incluso bebés, para pagar sus deudas.

En 2022, los talibanes seguirán utilizando esa dramática situación humanitaria como palanca para reclamar el reconocimiento internacional que les dé el control de las reservas soberanas y les permita comerciar sin restricciones. Para Occidente se trata de un grave dilema moral: cómo ayudar a los afganos, sin respaldar a un régimen que rechaza de facto derechos humanos básicos como la igualdad de sus ciudadanos, la educación para todos y la libertad de expresión.

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