Proyectos listos para aprovechar los fondos europeos
Bruselas exige que las obras tengan un alto impacto socioeconómico, sean sostenibles y estén ajustadas a plazos de ejecución
Se acerca el 15 de octubre, fecha en la que España ha de remitir a Bruselas el Programa de Reformas para acceder a su parte del Fondo de Recuperación de la Unión Europea aprobado en julio, es decir, a 140.000 millones de euros. Es el primer hito temporal en una carrera para distribuir el dinero europeo, carrera en la que el sector de las infraestructuras, tanto público como privado, aspira a estar en los primeros puestos. Para ello, se han puesto a trabajar y con celeridad.
Una vez aprobado el Programa de Reformas por la Comisión Europea, el siguiente paso es presentar propuestas y proyectos antes del 30 de abril de 2021. Julián Núñez, presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), declara que el sector "ya tiene el trabajo hecho de la primera fase". Seopan ha enviado al Gobierno central y a los autonómicos un informe en el que "se diagnostica la posición de España en cuanto a infraestructuras y su impacto económico y social". Dicho informe está centrado en la Agenda 2030, con la vista puesta en las necesidades más urgentes del país, especialmente en obras de salud y bienestar, aguas y saneamiento, energías no contaminantes o ciudades sostenibles, pero también recoge información sobre el sector para que sea valorada. No hay que olvidar que una de las premisas básicas de Bruselas para dar el visto bueno a los planes es que tengan un alto impacto socioeconómico, a la vez que sostenible, para llevar adelante la reconstrucción poscovid.
La asociación que representa a casi todas las grandes constructoras manifiesta en el informe que para que España cumpla la Agenda 2030, el plan de acción aprobado por la ONU para conseguir un planeta más sostenible, es necesario invertir 157.468 millones de euros en infraestructuras consideradas prioritarias. De las identificadas por Seopan, "el 52% han sido sometidas a análisis coste beneficio y el resultado es un beneficio social durante su vida útil de 156.974 millones de euros". El texto remitido el Ejecutivo añade que "la ejecución de las inversiones propuestas durante el periodo 2021-2030 generarían 144.870 millones de euros de actividad económica inducida" y más de 2,3 millones de nuevos empleos, gran parte en el sector de la construcción pero también en servicios, industria y agricultura. Otra magnitud importante señalada por Seopan son los 77.159 millones de euros que resultarían por el aumento de la recaudación de impuestos y de cotizaciones sociales y en ahorro de prestaciones por desempleo.
El segundo paso ya es más complejo. Si a partir de abril se aprueban los proyectos presentados, se empiezan a adjudicar los contratos con el gasto ya autorizado. "El gran reto que tenemos ahora mismo es cómo ser capaces de llevar a cabo la producción de proyectos antes de 2022, año junto con el anterior en que entran en el presupuesto comunitario, y que estén acabados en 2026, en la fecha fijada", afirma Julián Núñez. "Lo estamos preparando pero habrá que trabajar con un procedimiento de urgencia para que los proyectos estén madurados", añade.
El presidente de Seopan explica que el hándicap de las obras de infraestructuras son los procedimientos administrativos, con tramitaciones largas en el tiempo. "De ahí la necesidad de recuperar el modelo concesional, que acorta plazos y libera fondos públicos", declara Núñez. A su juicio, los proyectos concesionales podrían sufragarse con la parte de los préstamos, que ascienden a 67.300 millones de euros, y el resto de proyectos con las ayudas directas, los otros 72.700 millones. La cantidad del total que puede corresponder al sector es todavía una incógnita.
Mientras, las grandes empresas dedicadas a las infraestructuras en España continúan con su devenir. Pendientes de la negociación que corresponde a Seopan, a la que la mayoría están asociadas, siguen adelante con sus proyectos en el extranjero, que no han parado a pesar de la pandemia de coronavirus, dado el escaso volumen de trabajo en España. Así lo corroboran algunas de ellas como Sacyr, Iberdrola o Acciona. Valga como ejemplos la compra que acaba de llevar a cabo Iberdrola de una compañía eólica marina en Japón o el fin de la construcción del hospital de Tlahuac en México, que gestionará Sacyr Concesiones.
Impacto público
El sector público está, asimismo, a la espera del reparto de los millones del fondo europeo. El Administrador de infraestructuras ferroviarias (ADIF) es el más interesado, pues dispone de proyectos en cartera por valor de 16.000 millones de euros. Fuentes de la entidad aseguran que dichos proyectos ya "estaban maduros" antes de la aparición de la covid-19, "con lo que se ha ganado tiempo".
En ADIF señalan que sus planes "cumplen con las premisas que marca la Comisión Europea, ya que responden a Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), persiguen la intermodalidad y vertebran territorios". Estos proyectos afectan, fundamentalmente, a líneas del AVE, a la mejora de la red de cercanías y a la electrificación de aquellos puntos de la red ferroviaria española que todavía funcionan con alguna otra fuente de energía. Al no contar aún con presupuesto, en la entidad prefieren no detallarlos más. Lo que sí afirman es "que aspiramos a captar todo lo que sea posible del fondo de recuperación europeo".
El ferrocarril se ha convertido para el Gobierno español en uno de los ejes de la inversión en infraestructuras. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ya ha avanzado que el plan de reformas que se enviará a Bruselas el próximo día 15 prioriza, además del desarrollo del ferrocarril, la inversión en movilidad urbana y la eficiencia energética en las viviendas.
