La crisis del coronavirus es cuestión de clases

En el coronavirus, como en casi todo, hay niveles sociales. Si usted pertenece al de un afroamericano en los Estados Unidos, por ejemplo, sus posibilidades de contraer la covid-19 y morir a consecuencia de ella multiplican las de sus vecinos blancos. Si su grupo social es el de un niño madrileño en una familia de bajos ingresos, la aventura del confinamiento se traducirá en exclusión escolar por el apagón digital, almuerzos poco saludables por cuenta de la administración y un peligroso aumento de la tensión doméstica como consecuencia del hacinamiento.

Y si se encuentra usted desclasado, como millones de migrantes sin papeles a lo largo y ancho de nuestros países, entonces sencillamente corre el riesgo de desaparecer de los radares sanitarios y de cualquier medida pública de socorro.

Ninguno de estos efectos es un misterio mariano. Las poblaciones de bajos ingresos concentran patologías previas (diabetes, hipertensión, abuso de sustancias) que jibarizan su capacidad de respuesta ante la covid-19. El confinamiento o el teletrabajo se hace imposible para quienes dependen de la economía informal o de empleos que requieren presencia física y exposición personal en medios de transporte públicos. Los episodios sociales de alta tensión, como el que vivimos, tienden a dar rienda suelta a la estigmatización de minorías y el rechazo de los inmigrantes, lo que hace sus vidas aún más complicadas.

La relación entre las crisis sanitarias y las sociales es un fenómeno de doble vía. El impacto desigual de una pandemia como la de este coronavirus incrementará la brecha entre quienes pueden y no pueden protegerse. Pero las consecuencias económicas de la enfermedad se volverán contra estos mismos grupos de una manera feroz, ampliando sus vulnerabilidades sanitarias y limitando la capacidad de los Estados para proporcionar redes de seguridad. Entre los años 2009 y 2015, la austeridad fiscal llevó al recorte de 0,9 puntos en la inversión sanitaria pública española, elevando los copagos individuales hasta el 24% del total del gasto y abriendo brechas intolerables entre comunidades autónomas. La crisis golpeó de manera particular a grupos vulnerables como los migrantes en situación irregular, cuyas tasas de mortalidad crecieron un 15% tras su exclusión del sistema sanitario.

No tiene porqué ser así. La magnitud y la composición del golpe pueden ser alteradas con una intervención decidida de las administraciones públicas y de las comunidades en las que operan. El punto de partida es que la inequidad social lastra gravemente la recuperación económica y la preparación ante futuras amenazas sanitarias. Esta es una lección que la Unión Europea ha aprendido de manera trágica durante esta pandemia, donde los sistemas de prevención y respuesta de varios Estados miembros acusaron una década de recortes en personal e infraestructuras. En el contexto de la covid-19, aceptar el tipo de darwinismo social impuesto durante la Gran Recesión sería como dispararse dos veces en el mismo pie.

Pero los gobiernos nacionales y regionales tienen también la responsabilidad de desconfinar con equidad. La preparación de una sociedad ante los riesgos sanitarios puede depender menos de las camas de la UCI que del sostenimiento de las rentas mínimas de las familias. Menos de la fabricación en masa de respiradores que de la disponibilidad y habitabilidad de las viviendas. Menos de los aplausos protocolarios que de la dignificación laboral de profesionales sanitarios que han sido empujados a las trincheras de la epidemia en condiciones de precariedad física y financiera.

Se dice que de una pandemia salimos todos o no sale nadie. Es cierto.

* Jeffrey Lazarus es el autor principal del informe ¿Cómo podemos garantizar un enfoque socialmente equitativo en el desconfinamiento?, publicado por el Instituto de Salud Global de Barcelona.