El baño de sangre de final de año en Colombia

En los últimos 20 días, tres hechos han marcado las dinámicas de seguridad en Colombia. El país, asombrado, ha visto decapitaciones, torturas, asesinatos selectivos y reclutamientos forzados. El mundo periodístico parece repetir la frase “regresamos al pasado”. El primer hecho se presentó en la Costa Atlántica. Allí, una pareja de recién casados fue asesinada mientras viajaba a su luna de miel. Horas después del asesinato el país dimensionó lo que pasaba en una de las regiones más turísticas de Colombia: toques de queda, extorsiones y una guerra sin cuartel entre el Clan del Golfo y otro grupo que se hace llamar Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. En esa región, tanto las autoridades militares y policiales están permeadas, cualquier investigación debe ser dirigida desde Bogotá.

El segundo hecho se presentó algunas horas después, pero esta vez en la región del Bajo Cauca, en el departamento de Antioquia. Con una fotografía de una cabeza de un hombre cercano a los 30 años sobre una estaca y un letrero del Bloque Virgilio Peralta o Los Caparrapos se anunciaba el reinicio de la confrontación entre este grupo y el Clan del Golfo. Corregimientos enteros están desocupados, los reclutamientos de menores están a la orden del día y las decapitaciones ahora son comunes, así como la utilización de motosierras para cortar personas vivas.

El tercer hecho es que en cuestión de tres semanas han sido asesinados casi una decena de líderes sociales. El último de los hechos ocurrió en la zona de la sierra, en el sureño departamento de Nariño, allí sicarios llegaron a buscar a un líder social, como no lo encontraron mataron a su madre y su abuelo. El mensaje era claro: no podía volver por la región.

La pregunta obvia es qué está pasando con la seguridad del país. La respuesta no es del todo clara, pero podrían darse tres razones de la actual crisis de seguridad. La primera es una incapacidad de mando y control por parte de la jefatura de la fuerza pública colombiana. Dicha incapacidad viene dada porque el mando militar y policial está más tiempo defendiéndose de problemas judiciales que comandando la seguridad del país. Hace un año fue nombrado Nicasio Martínez como comandante del Ejército, desde su llegada nunca pudo comandar por los múltiples escándalos en los que se vio envuelto. Entre ellos, temas de corrupción y casos de ejecuciones extrajudiciales. Solo hace algunas horas dejó el cargo. Igual pasa con la cúpula de la Policía Nacional, la cual se encuentra en medio de una tormenta por cuenta de varios hechos de corrupción. Están divididos y agarrados entre ellos.

La segunda explicación es la falta de análisis estratégico. Aquí se mezclan dos cosas. Por un lado, el ministro saliente de Defensa, Guillermo Botero, pertenecía al gremio de los comerciantes y no tenía ni idea de temas de seguridad. El actual ministro, Carlos Trujillo, nombrado hace algunos días, tampoco conoce del tema. Por otro lado, la comandancia de las Fuerzas Militares y la Policía es muy buena en lo táctico, pero no en lo estratégico. La ausencia de visión sobre los nuevos fenómenos que afectan la seguridad es increíble.

Hay una tercera explicación que es la demora de la adaptación de las Fuerzas Militares a las nuevas dinámicas del crimen, lo cual es relativamente normal. El aparato de seguridad del país estaba acostumbrado a un fenómeno de grupos guerrilleros, estructurados, con mando, uniformados y con una jerarquía clara. Pero eso cambió en cuestión de semanas luego de la dejación de las armas de la entonces guerrilla de las FARC. Ahora, en Colombia, a excepción del ELN, la mayoría de las organizaciones criminales se podría catalogar como de tercera generación, que funcionan en modo red, sin mandos claros y con capacidad alta de reposición de tropas. Esa adaptación tarda algunos años para el aparato de seguridad. Por el momento parecen ser ineficaces.