El día más triste

El primero de octubre de 2017 fue el día más triste. Porque muchos bienintencionados recibieron palizas policiales de consideración. Porque algunos se refocilaron en ellas y otros les indujeron a desempeñar ese inútil sacrificio. Y porque algunos organizadores quisieron capitalizar la desgracia elevándola a gesta heroica y maravillosa, de alcance histórico, cuando fue en buena parte simple producto de una trampa.

El día más triste se convirtió ayer en Las Salesas en un primer parteaguas del forcejeo judicial. Por vez primera pareció haber juego cruzado. La calamitosa declaración, el jueves pasado, del exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, había arruinado —muchos creyeron que sin remedio—, el argumentario del Gobierno Rajoy, y de rebote, la causa legalitaria. Por razones de miseria moral: quien deslocaliza sus responsabilidades hacia sus subordinados nada merece. Y menos si lo hace trasluciendo vagancia en la preparación, descreimiento en los motivos y fragilidad de fraseo.

Por fin supimos, ante el distanciamiento de Mariano y la distancia de Soraya, quién mandaba allí. Era el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, quien asumió entonces (y ayer) todas las responsabilidades, las suyas y las de la superioridad ausente. Consuelo a medias, porque esa delegación en un secretario de Estado sugiere que el 1-O nunca se apareció ante el Gobierno de España como inquietante; o si le inquietaba, apenas concitó su atención, sino que procuró su dejación de funciones; o al menos, un (excesivo) desdén por las tareas de a pie, las susceptibles de malherir imágenes y ensuciar trayectorias.

Ante el fiscal, Nieto se mostró muy seguro en la defensa de dos ideas. Una, que la posición del Govern de Puigdemont era “surrealista”, de manera que él y sus adláteres se reunían para colaborar con aquellos que estaban judicialmente obligados a impedir el referéndum, pero que al mismo tiempo eran sus convocantes, por lo que siempre instaban a que no se actuase. Les “interesaba especialmente” una parte de lo que había dispuesto la magistrada del Tribunal Superior catalán: el imperativo de “mantener la convivencia ciudadana, pero no el mandato en sí” de evitar la votación.

Dos, que el cuerpo de los Mossos d’Esquadra, se caracterizó por su pasividad: solo actuó en municipios pequeños y fáciles, y dejó el grueso de la tarea a guardias civiles y policías nacionales, que en principio solo debían haberles apoyado; amén de que su plan operativo era “insuficiente”. Ante el abogado de Joaquim Forn, sin embargo, mostró dudas, sobre todo en detalles numéricos significativos, cuando le inquirió sobre si no era cierto que el plan había sido “el más potente de los desplegados” en la historia de los Mossos, o por qué ante la presunta inacción de los uniformados autonómicos no actuaron las unidades antidisturbios de los cuerpos estatales.

Esa discusión de los detalles tiene, y tendrá, relevancia judicial: qué fue (jurídicamente) cada conducta, depende al cabo de cómo se desarrolló (prácticamente).