Acción prudente

Los sindicatos exigen al Gobierno que pase a la acción y deje atrás el tiempo de los anuncios y las contradicciones. Acaban de convocar dos meses de movilizaciones para presionar al Ejecutivo de Pedro Sánchez. No les falta razón. Casi desde que tomó posesión, el Ejecutivo proclamó su intención de derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral, pero estas intenciones no se traducen en cambios legales, y su instrumentación se retrasa una y otra vez. Hace tiempo que llegó el momento de que se corrijan algunos de los desequilibrios que generó en el mercado de trabajo la reforma estrella del anterior Gobierno, como se ha corregido —al alza— el salario mínimo, las pensiones o el sueldo de los funcionarios.

Esa acción que piden los sindicatos debe ser prudente. Un Gobierno con 84 diputados no puede aspirar a derogar la reforma laboral entera de Mariano Rajoy. No solo por su debilidad parlamentaria sino por el hecho de que la norma ha ayudado a que se creara empleo nada más comenzar la recuperación, a mayor ritmo que en la salida de otras crisis. Otra cosa es, y de eso se trataría la modificación que hay que hacer, que la mayor parte de ese empleo ha sido precario, sobre todo para los trabajadores jóvenes que ni siquiera conciben ya la posibilidad de un trabajo fijo, a tiempo completo y bien remunerado. La reforma laboral de 2012 no creó la precariedad que reina desde hace décadas en España, pero no solo no la resolvió sino que la acentuó hasta convertirla en un rasgo estructural de nuestro mercado de trabajo, en un entorno, además, de devaluación salarial. Algunos de los cambios en la negociación colectiva restaron mucha fuerza a los trabajadores y favorecieron la acción unilateral de los empresarios.

Las conversaciones de los últimos meses con los sindicatos apuntan en esta última dirección (negociación, ultraactividad, subcontratación). La redacción de lo que hasta ahora se conoce reequilibra un poco el poder en el seno de la empresa, dando más peso a las demandas de las centrales de trabajadores que a las de la patronal, prácticamente ausentes, excepto por la jubilación obligatoria a los 65 años a través de convenios colectivos (algo ya aprobado). No se puede responsabilizar de esto enteramente al Ministerio de Trabajo. La CEOE no ha tenido una actitud constructiva durante las negociaciones, consciente de aquella debilidad parlamentaria del Ejecutivo y de que un acuerdo social nuevo siempre significará perder algunas de las posiciones ganadas en la reforma unilateral de 2011.

No se trata de hacer tabla rasa sino de reequilibrar las posiciones de cada una de las partes en el seno de la empresa. Sería importante para ello que, antes de lanzarse a cambiar el Estatuto de los Trabajadores, contara con opiniones y evaluaciones independientes que ayudaran en las conversaciones con los agentes sociales y económicos y afinaran la iniciativa del Ejecutivo, reduciendo el margen de error.

Todo esto tiene que hacerlo Sánchez rápido, sin más demora. Cambiar la reforma laboral es una promesa fuerte cuyo incumplimiento tendría sin duda grandes efectos en la credibilidad del presidente. Otro mercado de trabajo es ahora una de las asignaturas más importantes para el futuro inmediato.