Los investigadores piden que la ciencia sea considerada actividad económica por ley

Representantes de algunos de los mejores centros de investigación científica del país han exigido hoy reformas urgentes para evitar que la ciencia española quede ahogada por una imparable ola de papeleo. “Sufrimos las trabas de una burocracia que no considera las peculiaridades de la investigación científica”, ha explicado hoy Luis Serrano, presidente de la Alianza de Centros Severo Ochoa y Unidades María de Maeztu (Somma), un distintivo de calidad que el Gobierno otorga a los centros de I+D más competitivos y que va acompañado de financiación adicional. Juntos agrupan a unos 7.000 empleados y una financiación de 530 millones de euros en proyectos de investigación europeos con un marco plurianual. La alianza, creada en otoño de 2017, ha presentado hoy el informe Acciones necesarias para salvaguardar la competitividad de la ciencia.

Al lado de Serrano estaba Carmen Vela, secretaria de Estado de I+D+i y responsable de la política científica del Gobierno.  Aunque buena parte de los problemas detectados se deben a normativas aprobadas por el Ministerio de Hacienda, Vela ha explicado que para solucionarlos habrá que aprobar nuevas leyes en el Parlamento, donde el Gobierno también espera alcanzar un pacto para aumentar el gasto público en I+D. “Nuestra voluntad es pelear para que el gasto siga subiendo, el problema es que sin presupuestos aprobados es imposible hacerlo”, ha asegurado Vela. El Gobierno aún no ha presentado ningún borrador de presupuestos para su debate parlamentario, por lo que se han prorrogado los presupuestos de 2017.

Una de las peticiones del informe es que la ciencia sea considerada una actividad económica por ley. Este cambio permitiría que los centros de investigación puedan desgravar el IVA tanto de las subvenciones que reciben del Gobierno como de los materiales y equipamiento que adquieren. En la actualidad, la posibilidad de desgravarse o no ese dinero depende “de la interpretación de la normativa que haga cada inspector de Hacienda”, ha explicado Serrano, que también es director del Centro de Regulación Genómica (CRG), en Barcelona. Este centro tiene unos ingresos globales de unos 40 millones de euros al año. Si le aplican una deducción como la actual, de entorno a un 60%, debe pagar entorno a un millón de euros de IVA, pero según el criterio original del interventor la cantidad era de unos cinco millones de euros, explican fuentes del centro. Mientras, en otros centros el interventor solo deja desgravar el 30% o incluso el 0%, denuncian los responsables de Somma.

Los centros de investigación  se podrían desgravar el 100% del IVA soportado

Los científicos piden que se aclaren y unifiquen los criterios. Si la ciencia es reconocida como una actividad económica, se podrían desgravar el 100% del IVA soportado. La alianza ha pedido hoy a todas las fuerzas políticas del Congreso de los Diputados que apoyen una enmienda parlamentaria incluida en la ley de contratos menores para concretar que “la investigación, y específicamente la investigación básica, es actividad económica”.

La ley de contratos públicos aprobada en noviembre dispone que para cualquier compra de más de 15.000 euros los centros de investigación deben abrir un proceso de contratación pública. Anteriormente eran 18.000 euros para la administración pública y 50.000 para fundaciones. “En un centro como el CRG”, la nueva normativa, “supone lanzar unos 200 contratos al año, algo inmanejable, imposible con el número de empleados que tenemos”, alerta Serrano. “Deberíamos mirar a lo que hacen otros países, por ejemplo Israel no impone estos límites a la investigación científica mientras que en Alemania el tope está en 30.000 euros. Necesitamos algo similar para reducir el número de contratos públicos”, ha explicado Serrano.

Por último, los representantes de Somma han pedido cambios legales para facilitar la contratación de personal científico y técnico, un problema que ha puesto a prestigiosos centros como el CNIO o el CNIC al límite del colapso. En este caso, piden que se levanten los límites a la contratación de personal técnico para poder gestionar el creciente número de proyectos europeos que captan estas instituciones y la creación de un nuevo contrato indefinido no fijo que aporte más seguridad laboral pero también flexibilidad a la hora de finalizarlo una vez el proyecto de investigación en cuestión haya terminado.