Turquía y la crisis de la democracia
Un año después del intento de golpe de Estado, la oposición ha forjado una identidad, pero el miedo es grande
Turquía despierta gran interés en Occidente por varias razones: en primer lugar, por su importancia geopolítica en la lucha contra el terrorismo, el manejo de los flujos migratorios y de la energía. En segundo lugar, por su intención de seguir el orden liberal desde el establecimiento de la República en 1923. El hecho de que sea miembro de la OTAN y del Consejo de Europa desde hace décadas y su candidatura a la Unión Europea, diferencian a Turquía de otros países de la región. Por consiguiente, el cumplimiento de los principios de la “democracia” es algo esencial para Turquía –no solo como demostración del cumplimiento de los valores internacionalmente reconocidos, sino también como garantía de una mayor estabilidad en el país–. Por esa razón, el mundo occidental sigue con interés (y ahora con preocupación) el desarrollo de los acontecimientos en Turquía: quiere a un país democrático como aliado y también como vecino en la región de Oriente Próximo. No quieren otro Estado fallido en la región.
Mirando a la historia, una democracia liberal ha funcionado en Turquía, con interrupciones, desde 1950, sin ser un paraíso democrático. Sin embargo, sus dos últimos años, desde las elecciones de 2015, han sido muy intensos. La democracia representativa entró en crisis cuando las élites políticas no aceptaron los resultados de dichos comicios, en los que el Partido Justicia y Democracia (AKP) perdió su mayoría absoluta a causa del aumento de votos al Partido de la Democracia de los Pueblos (HDP, izquierdista pro-kurdo). No se logró formar una coalición, y además, en julio, se renovaron los enfrentamiento entre el grupo armado PKK y las Fuerzas Armadas, provocando el fin del proceso de paz entre el Gobierno y los kurdos.
En noviembre de ese año se repitieron las elecciones y el AKP recuperó su mayoría absoluta. En ese periodo, y también después, el país sufrió varios ataques terroristas, cometidos tanto por el PKK como por el Estado Islámico. El clímax de esta inestabilidad fue el intento de golpe de estado el 15 de julio de 2016. Un año después, todavía nos falta conocer muchos detalles de lo que sucedió en realidad, pero se sabe una cosa: fue un hecho muy traumático para la sociedad turca.
Los principios básicos de la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley ya no forman parte de la agenda del Gobierno del AKP
Desde entonces, el país está bajo el estado de emergencia. La purga, en teoría para castigar a los responsables del golpe, le ha costado su trabajo a mas de 130.000 personas, incluyendo 8.271 académicos. Además, 165 periodistas están en la cárcel y 149 medios de comunicación han sido cerrados. También una decena de diputados del HDP y uno de la principal formación opositora, el Partido Republicano Popular (CHP, centroizquierda) permanecen entre rejas.
Bajo estas condiciones, Turquía celebró en abril un referéndum –uno de los mas significativos de su historia- para cambiar la Constitución. Las enmiendas implican un cambio de un sistema parlamentario a un sistema presidencial, sin mecanismos de control. Los observadores internacionales de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) afirmaron que el referéndum en Turquía no respetó los estándares del Consejo de Europa. El periodo de campaña fue muy injusto, violando los principios de elecciones “libres y justas”. Ello, junto a la decisión emitida por la Comisión Electoral Suprema (YSK) de contar también los votos sin sello oficial, provocó muchas dudas sobre la legitimidad del referéndum, pese a su importancia para el futuro del país.
Mirando a todo esto, podemos concluir que los principios básicos de la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley ya no forman parte de la agenda del Gobierno del AKP. ¿Hay alguna reacción a este modo de gobernar del Ejecutivo? Aún estando muy fraccionada, la oposición, ha forjado una nueva identidad, primero con su unión en torno a la opción del no en el referéndum y, después, con la marcha de la justicia liderada por Kemal Kilicdaroglu, presidente del CHP.
Su marcha a pie de 24 días y 425 kms, desde Ankara a Estambul, culminada con un mitin de más de un millón de personas, según la prensa turca, han supuesto la mayor movilización de la oposición desde las protestas de Gezi en 2013. Dicho mitin, celebrado el pasado 9 de julio, es decir, una semana antes de la conmemoración del intento del golpe de Estado, ha mostrado al mundo que la democracia turca no esta muerta pero que necesita de nuevas plataformas. Eso no será fácil, porque debido a la represión que siguió al golpe, el miedo de los ciudadanos es profundo.
Ilke Toygür es investigadora del Real Instituto Elcano y profesora asociada en la Universidad Carlos III de Madrid.
