Entre los bebés ‘robados’ y los de ‘alquiler’

Si la bisexualidad y la transexualidad que van extendiéndose en nuestra cultura pillaron a Freud con el pie cambiado —“¡ni los vio venir”, dice el sabio George Steiner— las demandas de un nuevo tipo de paternidad y maternidad nos han pillado a todos sin las leyes suficientes para encajar y ordenar el nuevo paisaje. La sociedad cambia y la política siempre va detrás.

Un matrimonio formado por dos mujeres logró inscribir esta semana a su tercer hijo como bebé de ambas a pesar de que el Registro les exigía que lo hicieran como hijo biológico de una de ellas y adoptivo de la otra. Ambas se negaron, alegando con justicia que a una pareja heterosexual no se le exige que explique el proceso biológico por el que engendraron a su hijo. Y lo consiguieron. Una laguna aún pendiente de la ley del matrimonio homosexual se ha podido salvar en esta ocasión de esta manera, pero es necesario que ambas madres (o padres) estén en igualdad de condiciones legales para garantizar al bebé sendas condiciones parentales.

La maternidad subrogada es otra de las demandas que se abren paso, en este caso con justificada dificultad. Vamos a exagerar: recurrir a otro vientre para gestar a un hijo a cambio de dinero puede estar en ocasiones bastante cerca de lo que hicieron familias pudientes que lograron comprar o conseguir bebés robados durante el franquismo. La joven Ligia Ceballos Franco ha denunciado ante la fiscalía mexicana su desaparición forzada al conocer que sus padres, una pareja de Mérida (México) la consiguieron en 1968 en España al acudir de parte del arzobispo de Yucatán.

Ahora salvemos todas las distancias, que las hay: los partidarios de la maternidad subrogada defienden su legalidad como una técnica de reproducción en la que lo que se dona es la propia capacidad de gestación. Que exista la posibilidad de una donación altruista en la propia familia o entorno puede ocurrir, sin ninguna duda, y la ley debe empezar a contemplar esa realidad. Pero que los casos mayoritarios nos hablen de venta de embarazos por 90.000 dólares en Estados Unidos o el más módico precio de 12.000 en India lo convierte en un tráfico indeseable en el que cabe escasa o ninguna justificación. Nepal se abre paso como mercado emergente.

El derecho a la paternidad o maternidad a costa del cuerpo ajeno, como el derecho al placer sexual a costa del cuerpo ajeno, no existe. Y la línea que separa el derecho a decidir sobre el propio cuerpo que esgrimen sus defensores se emborrona cuando esa decisión está marcada por la necesidad. Las indias o nepalíes que alquilan su útero no lo hacen por ejercer un derecho sobre su cuerpo, sino por ingresar un dinero, como otros venden riñones o la mitad de un hígado para comer. Y es ahí donde no hay enorme diferencia entre la gestante pobre de la India y la de la España franquista que cedía, engañada o robada, su bebé. La sociedad debe avanzar con leyes, sí, que garanticen los derechos. También los de los débiles. Y los del menor.