Asignaturas pendientes sobre corrupción

Aunque en 2016 se han registrado en España avances legales e institucionales en el terreno de la transparencia y la lucha contra la corrupción, quedan sin embargo numerosas carencias y asignaturas pendientes para el nuevo año en este terreno, y los ciudadanos siguen estando muy preocupados y esperando que los dirigentes políticos hagan algo realmente sustantivo para solucionar el importante problema de la corrupción en este país. Es evidente que los Partidos vienen ignorando clamorosamente la incuestionable voluntad de la ciudadanía de que se dediquen a combatir la corrupción de forma consensuada y a través de un pacto colectivo, que no convierta en papel mojado todas las promesas que individualmente se dedican a hacer unos y otros en su supuesta cruzada contra la corrupción, lo cual origina que el hartazgo y la desconfianza de los ciudadanos vaya creciendo proporcionalmente al sentirse ninguneados una vez más por los Partidos en este terreno.

Desde Transparencia Internacional venimos haciendo un llamamiento permanente a los dirigentes políticos y grupos parlamentarios para que consideren la corrupción como una cuestión de Estado, de un prioritario e indudable interés general y social, y lleguen así a un acuerdo integral y efectivo, con el que puedan poner en marcha de forma eficaz las numerosas medidas legales e institucionales que resultan necesarias para combatir de una forma inequívoca, contundente y definitiva este importante problema. Consideramos así que en este año 2017 es tan necesario como urgente avanzar en la adopción de las siguientes medidas para prevenir y combatir la corrupción:

Es necesario reducir el número de aforados y prohibir los indultos por corrupción

1) Promover la despolitización de los órganos constitucionales y disminuir de forma significativa el excesivo y desequilibrado poder de los Partidos políticos en relación con la sociedad y los ciudadanos.

2) Reducción del número de aforados (ningún país en Europa tiene tantos aforados como España), así como las características del aforamiento, limitándolo exclusivamente a las actividades y actuaciones relacionadas con el correspondiente cargo público.

3) Prohibición legal de la posibilidad de conceder indultos por corrupción. Es importante que los eventuales corruptos sepan que no van a tener ninguna posibilidad futura de una condonación legal de sus delitos a través de la figura del indulto.

4) Disminución sensible del clientelismo político, disminuyéndose a tal efecto la enorme cantidad de cargos de libre designación existentes en este país.

5) Mejorar diversas disposiciones legales en el ámbito sancionador, incluyéndose a tal efecto la figura del delito por enriquecimiento ilícito, así como el desarrollo de un régimen específico de infracciones y sanciones en la Ley de Transparencia.

6) Aprobación urgente del Reglamento de la Ley de Transparencia, todavía pendiente tres años después de haberse publicado la Ley.

7) Publicación de una Ley de protección a los denunciantes: Para que los ciudadanos se sientan protegidos legalmente cuando conozcan hechos y deseen formular denuncias por fraude y corrupción.

8) Regulación de los Lobbies: Es necesario que se regulen desde un punto de vista legal los lobbies, se propicie su transparencia social, y se establezca obligatoriamente la creación de Registros de grupos de interés en las distintas instituciones públicas y parlamentarias.

9) Transparencia de las formaciones políticas: Es necesario que aumente la transparencia (tanto externa como interna) de los Partidos y de las entidades perimétricas de los mismos (Fundaciones, etc.), siguiendo de esta forma las recomendaciones del GRECO (Grupo de países del Consejo de Europa contra la Corrupción). Transparencia Internacional España está preparando una nueva y más amplia evaluación de la transparencia de los Partidos.

La mayor parte de las entidades públicas incumplen la obligación legal de publicar sus contratos y licitaciones

10) Cumplimiento por las instituciones públicas de la normativa legal sobre publicidad de sus contratos. De una forma tan inaceptable como preocupante la mayor parte de las entidades públicas incumplen la obligación legal de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público (en función de lo establecido por la Ley 20/2013 de Garantía de la unidad de mercado). Es muy importante que la información general y detallada de los contratos y licitaciones que llevan a cabo los miles de entidades públicas españolas se encuentre centralizada a nivel nacional y a disposición de todos los ciudadanos y empresas de este país.

11) Eliminación del discrecional y poco transparente sistema de libre designación de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, pasando a basarse su designación en los principios de publicidad, mérito y capacidad, para evitar que sean elegidos por los propios Cargos electos a los que van a controlar.

12) Educación: Los Partidos políticos y grupos parlamentarios han de entender, y trabajar en aras de ello, que la solución más efectiva a medio y largo plazo es prevenir la corrupción a través de la educación de los ciudadanos, debiendo fomentar medidas para que en los distintos niveles educativos se introduzcan conceptos y materias relacionados con la ética, los valores, la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción.

Esperamos que en 2017 los Partidos políticos se pongan a la altura de los ciudadanos y respondan a su continuada petición de adoptar consensuadamente medidas como las anteriores, que pueden marcar un avance efectivo en la prevención y la lucha contra la corrupción en este país.

Jesús Lizcano Alvarez es presidente de Transparencia Internacional España y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.