¿Qué pasa con la inmersión lingüística?

Resulta entristecedor que el debate que lleva aparejado el borrador del proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación no sea esencialmente pedagógico, que buena falta haría a la vista de las tasas de fracaso y abandono escolar o de los nefastos indicadores que refleja, por ejemplo, el informe PISA. Mientras debería estarse hablando de los recortes presupuestarios o de la oportunidad de una nueva contrarreforma, y ya van 7 en 43 años, el ministro Wert nos propone una ley retrógrada y un nuevo debate político: el modelo lingüístico en la escuela. Para ello, el ministro Wert parte tanto de un apriorismo delirante como de un falso silogismo: existe un conflicto lingüístico que hay que atajar y, además, como la escuela da sentido de pertenencia, ante el giro soberanista de la política catalana, debe españolizarse a los niños catalanes.

Wert no es un incendiario que actúa por su cuenta sin encomendarse a nadie. Como sociólogo e ideólogo de FAES ejecuta fielmente las directrices aznaristas y de la derecha más extrema, sirviéndose, ante la inhibición de Rajoy, de un tradicionalmente anodino ministerio, hoy prácticamente desprovisto de competencias, como gran trinchera de confrontación ideológica. A falta de pan, buenas son tortas. ¿Que hay crisis económica? Pues toca tensar la cuerda de las relaciones centro-periferia y de paso incomodar a un PSOE poliédrico en el debate territorial. A su manera, el mismo pan y circo de Gallardón, que ha excitado el debate de costumbres desde el Ministerio de Justicia, con el aborto o el matrimonio homosexual.

Vale la pena recordar ahora que hubo un momento en que la derecha española perdió muchos de sus complejos. Aznar afirmó que España era un esqueleto de nación. Se entiende pues que había que muscularla. Y desde el pedestal arrogante de la mayoría absoluta, y con una visión supremacista del castellano, pasó de no recurrir la ley de política lingüística catalana de 1998, que sentó las bases del modelo iniciado en 1982, a lanzar una ofensiva sin cuartel. Del “Pujol, guaperas, habla lo que quieras” del Pacto del Majestic se volvió al “Pujol, enano, habla castellano”. Y todo ello, en compañía de los habituales corifeos de la derecha mediática que desde entonces han presentado las escuelas catalanas como un remedo de madrasa coránica donde se adiestra (se envenena, ha dicho Tejero) a los infantes y se adulteran los currículums para ocultar la existencia de los Reyes Católicos.

La derecha presenta la escuela catalana como una copia de una madrasa coránica

Sin embargo, el actual modelo lingüístico educativo se remonta a 1978, cuando incluso antes de aprobarse la Constitución, un decreto estableció el catalán como asignatura obligatoria e introdujo la posibilidad de utilizarlo como lengua vehicular (a pesar de que Suárez había exclamado aquello de “¿una clase de química nuclear en catalán? Seamos serios”). Habían transcurrido 40 años de prohibición franquista, con la que se quiso llevar a la práctica la divisa del falangista Giménez Caballero: “Vamos a reducir el catalán a un oscuro diálogo entre payeses”. Aunque es sabido que antes que Franco otros lo intentaron: el catalán estuvo prohibido en la escuela por una Instrucción de Felipe V (1715), una Real Cédula de Carlos III (1768), una Provisión del Consejo de Castilla del conde de Floridablanca (1780), la Ley Moyano de Instrucción Pública (1857) o por Primo de Rivera. Ya en democracia, fue un Decreto catalán de 1982 el que permitió a los centros utilizar una única lengua vehicular en todas las materias. Luego, la Ley de Normalización Lingüística de 1983, que sólo hacía referencia a la necesidad de garantizar la utilización progresiva del catalán, fue objeto de desarrollo reglamentario, y mediante un decreto de 1983 se empezó a forjar un modelo que culminó en 1992 con diversos decretos que desplegaban la LOGSE. Con todo, la ley de 1983 acabó en el Tribunal Constitucional (TC). Al fin, el Alto Tribunal dictó una histórica sentencia en 1994, por la que no sólo se reconocía el catalán como “centro de gravedad” del sistema educativo sino que proclamaba que no existía el derecho de los padres a elegir la lengua vehicular mientras no se excluyera el castellano como lengua vehicular. Todo ello, en base a la situación de patente desequilibrio entre las dos lenguas en casi todos los ámbitos de la vida social: medios de comunicación, industrias culturales, etc.

En 1998, el Parlamento catalán aprobó una nueva ley de política lingüística, con la que se propuso blindar por ley la inmersión, y no fue recurrida por Aznar, que todavía hablaba catalán en la intimidad, a diferencia de lo que hizo el PP de Rajoy con el Estatuto de 2006, que se proponía elevar a rango estatutario lo contemplado en la ley de 1998 y en la propia doctrina del TC. La sentencia del Estatut de 2010 dejó muchos interrogantes en materia lingüística, que deberá resolver con una nueva sentencia, puesto que el PP también impugnó la vigente ley de Educación de Cataluña. En la STC 31/2010, se advertía simplemente que las dos lenguas oficiales eran vehiculares, y que corresponde a la Generalitat establecer en qué porcentaje, en función de la realidad sociolingüística de cada momento. Aprovechando tal ambigüedad, el Tribunal Supremo (TS) comenzó hace algún tiempo a cuestionar la inmersión, a raíz de algunos casos particulares, y, actuando como si del legislador se tratara, exigiendo la reintroducción del castellano como lengua vehicular en todos los cursos.

Hay un patente desequilibrio entre las dos lenguas en casi todos los ámbitos sociales

Y Wert ha encontrado un asidero en esos pronunciamientos del TS, de donde ha inferido torticeramente que corresponde al Estado establecer una ponderación “razonable” entre ambas lenguas. Veremos lo que tenga que decir en su día el Tribunal Constitucional. Pero, por lo pronto, no existe ninguna razón objetiva para poner fin a un modelo de éxito, que ha recibido el aplauso de la UE por ser un hallazgo de conjunción lingüística, y que ha actuado como el auténtico cemento de la cohesión social en Cataluña. El sistema, con 34 años a sus espaldas, ha ayudado incluso a la integración de los inmigrantes y a inculcar valores de tolerancia y respeto entre los autóctonos. Además, al final de la etapa educativa obligatoria, y eso es lo que importa, el nivel de castellano no sólo es homologable a la media española sino incluso superior en algunos casos, como revela el Instituto Nacional de Evaluación.

En concreto, Wert pretende dinamitar el modelo dando al catalán el rango de asignatura de especialidad, esto es, por detrás de las asignaturas troncales (un mínimo del 50% del horario lectivo) y específicas (un máximo del 50%), otorgándole un carácter residual frente al castellano y el inglés, que devienen materias obligatorias y postergándolo tras el segundo idioma extranjero, pese a ser no sólo lengua cooficial sino también la propia de la comunidad. El Estado se propone además dictar todo el currículum de las troncales y dejar a las autonomías el de asignaturas como la educación física, la religión o la segunda lengua extranjera. Y no sólo eso, los padres que vivan en zonas en que se aplica la inmersión van a tener derecho a exigir una escuela privada en castellano, sufragada por la administración educativa. Por el contrario, desde 1978 el catalán ha sido troncal debido a que su presencia en una misma área permite educar de forma coordinada los elementos lingüísticos comunes. Por eso, en Cataluña existe un consenso político casi unánime acerca de incumplir, en su caso, una norma a todas luces injusta y que es percibida como un ataque a uno de los pilares de su convivencia. De paso, huelga decir que los sectores de la derecha española que no desfilan tras el tambor del tercio y que postulaban tender puentes de plata con los más receptivos de CiU ven cómo el PP de Rajoy se descerraja un tiro en el pie con el órdago boomerang de Wert.

Joan Ridao es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y ESADE y fue secretario general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de 2008 a 2011.