'Caso Brugal': paradigma de la promiscuidad entre lo público y lo privado

El detonante fue un supuesto soborno por la contrata de la basura en el municipio de Orihuela (en el sur de Alicante) en 2006. El denunciante de aquel presunto cohecho fue el industrial afín al PP, Ángel Fenoll. No obstante un año más tarde, éste se convirtió en la primera víctima policial de una supuesta trama corrupta destapada por la policía, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante. Las diligencias policiales de esta investigación integran el sumario del denominado caso Brugal, que tres años más tarde arroja un saldo de 100 imputados por los supuestos delitos de cohecho, fraude y tráfico de influencias, presuntamente explicitados en millonarias dádivas y financiación ilegal del Partido Popular.

Los dos pilares de esta trama son la adjudicación de la contrata de la basura de Orihuela y la planta del plan zonal de La Vega Baja. La primera, tras el intento fallido de 2006, se adjudicó en octubre de 2008 a una unión temporal de empresas liderada por Sufi y las firmas Liasur y Gobancanst. El valor del contrato es de 190 millones por 20 años. La segunda pata de la trama es la planta del plan zonal. Ésta fue adjudicada por la Diputación de Alicante en enero de 2008 a la unión temporal de empresas integrada por Cespa y una empresa del promotor Enrique Ortiz. La instalación se levantará en una finca propiedad de Fenoll y el contrato está valorado en 250 millones de euros.

Influencia y poder político

Los muñidores de esta supuesta trama, según la investigación, son el presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll, el industrial Fenoll y el promotor alicantino y dueño del Hércules, Enrique Ortiz.

Según la investigación, Ripoll, heredero del sector zaplanista del PP valenciano, ha hecho valer su influencia y poder político desde la presidencia de la Diputación. Un dato gráfico es su nómina de asesores: 76 en total. El empresario Ortiz ha puesto sobre el tapete su poderío económico gestado en el ámbito de la promoción inmobiliaria. El propietario del Hércules es el adjudicatario del mayor PAI de la Comunidad Valenciana (el plan Rabassa, con 13.5000 casas). Y Fenoll como el verdadero patrón de La Vega Baja, donde monopoliza casi en exclusiva las concesiones de la basura y limpieza. Sus negocios siempre rayan en la ilegalidad. En juez llegó decir de él: "Se cree que tiene patente de corso".

Por la causa de la contrata de Orihuela hay un total del 45 imputados, entre ellos, la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, del PP, ocho ediles populares de ese ayuntamiento, más el ex socialista Francisco García Ortuño y dos ex ediles del Centro Liberal, Jesús Fernández y el fallecido Joaquín Escurra. En este caso, la policía ha probado que las firmas Liasur y Gobancants son una tapadera de Fenoll y que éste pagó la campaña electoral del PP local en 2007.

Por la pieza del plan zonal, hay otros 22 imputados, entre ellos, Ripoll, Ortiz y el portavoz de Grupo Socialista en la Diputación, Antonio Amorós. Aquí, el informe policial concluye que Ripoll adjudicó la planta a cambio de dos pisos valorados entre 800.000 y un millón de euros por los favores realizados a Fenoll y Ortiz.

Vacaciones juntos

Los protagonistas de la trama, sobre todo Ripoll, Ortiz y el intermediario de la red (el empresario Rafael Gregory, amigo íntimo de Ripoll) han compartido periodos de asueto en varias ocasiones. Entre otros, viajes de placer a bordo del yate el empresario a Baleares.

Ripoll ha negado este mediodía los hechos y asegura que no dimitirá. Ortiz señaló hace unos días que "no sabía nada de nada". Fenoll guarda silencio. Y Amorós, pese a negar que está imputado, ha dimitido esta tarde como portavoz.

El resto de piezas, hasta completar la veintena de ramificaciones que incluye la trama, recogen supuestos tratos de favor por las contratas de la basura que Fenoll lleva en media docena de municipios de la comarca o financiación ilegal del PP. Hay una pieza especifica que investiga posible financiación ilegal de la Fundación del Hércules, bajo la presidencia de Rafael Gregori. La policía llegó a destapar hasta cuatro intentos de compra de partidos por parte del dueño del Hércules para asegurarse el ascenso a Primera División. Esta causa se archivo por los hechos no son delito en el ámbito penal.