No hay proyecto de vida que pueda desarrollarse sin un techo, sin una casa que te proporcione la seguridad y la autonomía para una vida plena. Millones de personas en todo el mundo no pueden ejercer el derecho a una vivienda. Ahora esa realidad está alcanzando a las opulentas sociedades occidentales con la vivienda convertida en un negocio que prioriza la rentabilidad y no la satisfacción de una necesidad básica, ensanchando a pasos agigantados la brecha de la desigualdad. No es una catástrofe natural ni una condición irremediable de la sociedad de libre mercado. No lo debería ser, al menos, en las sociedades democráticas, que tienen la obligación de cumplir la promesa de bienestar que contraen con sus ciudadanos. Es la hora de que la política responda al clamor que van a leer en estas páginas.
La construcción de casas ha sido tan escasa desde la crisis de 2008 que ni siquiera es capaz de cubrir la formación de nuevos hogares, lo que desemboca en una escalada de los precios de venta y alquiler
El PSOE se aferra a los primeros resultados de la ley estatal, el PP liberaliza suelo mientras legisla contra la “inquiocupación” y Sumar agudiza su perfil reivindicativo
En las últimas cuatro décadas los pisos de precio protegido han pasado de ser el 60% de los nuevos inmuebles al 20%, y ahora ya no representan ni el 3% del total
Durante la última década, varios autores han diagnosticado las causas de la crisis habitacional: los lugares donde vivimos se han convertido en objeto de negocio para el beneficio de unos pocos
El capital extranjero ha dado un vuelco respecto a los protagonistas que hacen las casas, comercializan con ellas o las alquilan. Después del estallido de la burbuja los nombres son otros
La crisis de la vivienda exige dar una respuesta inmediata para aliviar el costoso acceso a ella, pero también requiere desplegar un ambicioso plan que asegure la disponibilidad de casas dignas para todos los ciudadanos. EL PAÍS pregunta a diez expertos
Podría ocurrir que los topes de alquileres aplicados minuciosamente en períodos cortos tuviesen éxito en reducir los picos de precios en fases de gran tensión de demanda, pero no hay evidencia sobre ello
La comunidad aprobó en 2007 la Ley del Derecho a la Vivienda, recortada y no desplegada en parte, pero que ha resultado ser pionera y ha inspirado políticas recientes
Todos los pisos de precio protegido construidos en Euskadi lo son a perpetuidad, y en el último lustro el Gobierno ha ayudado a emanciparse a 11.000 jóvenes
Los alcaldes confían en que el ansiado Estatuto de Municipios Rurales garantice en 2025 la singularidad del territorio, aumente los recursos y combata la despoblación
Este tipo de desarrollo urbanístico propone un modelo respetuoso con el medio ambiente y orientado a las personas, donde los servicios públicos estén a poca distancia
La empresa Crea Madrid Nuevo Norte acaba de comprar a Adif los terrenos de la Operación Chamartín por 1.245 millones. Arranca el proyecto con esta promotora como principal propietaria del suelo
Cada municipio que solicite la ayuda recibirá un importe mínimo de 25.000 euros y se incrementará en función del número de habitantes y de los indicadores sociales
Un barrendero enfermo será obligado a dejar su casa en Vallecas este jueves, propiedad de una aristocrática familia de abogados que reclama el piso después de 50 años
Se consideran inadecuadas aquellas viviendas insalubres, donde el entorno está muy degradado, no hay suministros o los habitantes están en situación de hacinamiento, según el informe de Càritas
La plataforma anuncia que apelará la decisión; las infracciones graves detectadas pueden acarrear multas que multipliquen entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido
PNV y el partido de Puigdemont aceptan que se inicie el debate de esa iniciativa tras reafirmar las competencias de las autonomías en materia de vivienda
El abaratamiento de las hipotecas está dinamizando el mercado inmobiliario según los expertos, pero la subida continua de precios puede acabar por estrangularlo
El partido independentista no adelanta su voto sobre esta iniciativa, que se debate en pleno pulso por la cuestión de confianza anunciada por Puigdemont
La divergencia sobre el acuerdo PSOE-Sumar en el Congreso y el mandato liquidador de la sociedad pública crea incertidumbre entre potenciales compradores de Árqura
