La parte contratante de la primera parte

El objetivo es aumentar la competitividad y para eso, Europa necesita regular menos y regular mejor. Es uno de los puntos que destaca Mario Draghi, el economista ‘pragmático’ que, el pasado 9 de septiembre, presentó su informe sobre los desafíos que enfrenta la economía europea. Ante este doble reto, planteado sobre la base de ‘menos es más’, el análisis deja en evidencia cómo el exceso regulatorio, que proviene de Bruselas, afecta a la productividad y la innovación del mercado europeo. La pregunta es: ¿será la UE capaz de cambiarlo?

El Informe Draghi apuesta por el sí. Para conseguirlo, propone la creación de una Vicepresidencia específica, dentro de la Comisión Europea, dedicada a la simplificación regulatoria. Además, sugiere que Europa adopte una nueva metodología para cuantificar los costes derivados de las nuevas legislaciones y reduzca la carga normativa para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Mientras eso llega, la presidenta de la Comisión, Úrsula Von der Leyen, ha dado pasos en esa dirección nombrando a Valdis Dombrovskis, actual vicepresidente de la comisión para asuntos económicos, responsable de implementación y simplificación regulatoria durante los siguientes cinco años.

La apuesta es que la Unión Europea recupere la filosofía de trabajo que tuvo en sus orígenes. La creación del mercado único, uno de los mayores logros económicos de Europa y el motor de su prosperidad presente y futura, no habría sido posible sin la eliminación de las regulaciones nacionales, que delimitaban los mercados de cada Estado miembro. Sin embargo, actualmente la maquinaria regulatoria de Bruselas ha acelerado su producción, actualizando normativas y sistematizando nuevos sectores con mayor rapidez y rigor que cualquier otra región del mundo. Según el análisis del señor Draghi, en los últimos cinco años, mientras que el gobierno de Estados Unidos promulgó 3.500 leyes y 2.000 resoluciones, la Unión Europea aprobó 13.000 normas.

Un exceso que dista de ser gratuito para los europeos puesto que limita la competencia, reduce la productividad y aumenta los costes para las empresas, lastrando su competitividad. Los datos del Informe estiman que el coste administrativo de las regulaciones podría ascender a 150 mil millones de euros, aproximadamente el 1,3% del PIB comunitario. Además, la metodología actual para cuantificar los pros y contras de cada regulación se centra, únicamente, en los costes administrativos, sin considerar los efectos negativos sobre las decisiones de inversión y gasto de las empresas. En este escenario las pymes, imprescindibles para el crecimiento económico y la generación de empleo, disponen de menos recursos que las grandes corporaciones para adaptarse a los nuevos requerimientos.

Para evitar enredarnos en si la parte contratante de la primera parte puede ser o no considerada la parte contratante de la primera parte, disminuir la sobrerregulación debe ser una de las principales prioridades de la nueva Comisión. Sin embargo, es difícil pedirle a la administración en Bruselas que regule menos cuando su razón de ser es, precisamente, regular. No solo las instituciones europeas, también las asociaciones empresariales, de consumidores, los grupos de influencia y las consultoras están ahí para influir en las reglas comunitarias, a favor o en contra de su contenido, pero no para cuestionar su existencia.

Por ello, si Europa desea mejorar la calidad de su regulación y reducir su volumen, necesita también contar con instituciones neutrales e independientes, ajenas a la Comisión. Instituciones que evalúen las normas vigentes, propongan su simplificación, midan los costes y beneficios de las nuevas propuestas y examinen la carga regulatoria que acumulan las empresas en cada sector de la economía. Un rol que podría ser asumido por el Tribunal de Cuentas Europeo, en una función similar a la que ejerce la Comisión de Productividad de Australia o la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos.

Esta externalización, junto con priorizar la simplificación regulatoria y la mejora de la calidad de las normas, sería el contrapeso necesario a la tendencia regulatoria en Bruselas. De esta forma evitaríamos que la conclusión sea que la parte contratante de la segunda parte será considerada como la parte contratante de la segunda parte y se facilitaría el camino para una mejora de la tan buscada competitividad europea, tal y como pide el Informe Draghi. De paso, ojalá, conseguiríamos que las presidencias de la UE midan su éxito y relevancia no por el número de leyes aprobadas, sino por la calidad e idoneidad de las mismas.