El Gatopardo vive en El Cairo (y viste con ropa militar)

Cuando el FMI publicó el pasado enero el informe que incluía los compromisos de Egipto para cerrar un nuevo rescate —el cuarto en seis años— de 3.000 millones de dólares, todos los ojos se dirigieron a las promesas de El Cairo de reducir la huella del Estado en la economía a fin de atraer inversiones y estimular el sector privado. Sin embargo, como en la famosa novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, todo ha cambiado para que todo siga igual.

Apenas un mes después, el primer ministro egipcio, Mostafa Madbouly, presentó una lista compuesta por una treintena de compañías públicas que el Gobierno tenía la intención de privatizar, entre las que se contaban dos empresas propiedad del ejército: la embotelladora Safi y la cadena de gasolineras Wataniya. El acuerdo presentado por El Cairo también incluía otras reformas, como someter a las firmas propiedad de los militares a unas normas fiscales y de transparencia similares a las que se aplica a compañías civiles.

La inclusión explícita en el programa de las empresas militares, que suelen vivir al margen de las estatales, fue un gesto notable. En la última década, el ejército egipcio, y la nebulosa de intereses personales y corporativos que lo rodean, han expandido de forma significativa su poder económico, gracias a su influencia política, a un acceso aventajado a capital y contratos públicos, y a sus privilegios fiscales y laborales, lastrando al sector privado

Un año después de que El Cairo y el FMI llegaran a un acuerdo, sin embargo, no solo casi ninguna de las reformas más ambiciosas se ha materializado, sino que los subterfugios para proteger los intereses de los militares han sido evidentes. Por ejemplo, el Parlamento debatió en julio un proyecto de ley para abolir exenciones fiscales a organismos estatales que participan en actividades económicas. Y la medida tiró adelante con un matiz no menor: no afectará, entre otros, a proyectos relacionados con la defensa y la seguridad.

Allí donde los rodeos del ejército más cejas han levantado —bien por generar incredulidad, bien por rozar lo cómico— ha sido no obstante en el plan de privatización. Y en particular en el proceso de la cadena de gasolineras Wataniya, que tenía la posibilidad de convertirse en símbolo de las reformas y lo ha acabado haciendo del afán de negocios de los militares.

Operación rocambolesca

El lento camino hacia su privatización empezó a adquirir tintes un tanto rocambolescos ya en julio, cuando la Organización Nacional de Proyectos de Servicios (NSPO), el brazo económico del ejército, compró un 20% del gigante energético egipcio Taqa Arabia. Un mes después, Taqa Arabia se sumó a la carrera para hacerse con parte de Wataniya, y se reservó la opción de efectuar parte de dicha operación con moneda local en lugar de dólares, a pesar de que lo único que les interesa a las autoridades estatales son billetes verdes. Otras empresas que también han expresado interés incluyen gigantes del sector de Arabia Saudí, Emiratos Árabes, China y Reino Unido, y ahora está previsto que la decisión final se anuncie antes de que acabe este año.

En medio de este proceso, ha trascendido que Wataniya transfirió 174 de sus 300 gasolineras a otra entidad que no se ha revelado, según un documento de un centro de información vinculado al Gobierno que se filtró a la prensa local. ¿Qué siguió luego? A finales de octubre se supo que la NSPO inaugurará antes de que termine el año ni más ni menos que una nueva línea de estaciones de servicio, llamada A1, según informó Asharq Business, agencia asociada a Bloomberg. Y para acabar de dejar el círculo aparentemente bien atado, A1 se sumará a Chill Out, un minorista de combustible en plena expansión que es propiedad de a quien a estas alturas ya se pueden imaginar.

Aquí puede consultar las últimas Cartas del corresponsal

Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal