Sánchez Llibre: “El Govern debe renunciar a la unilateralidad”

Josep Sánchez Llibre se aseguró, sin oposición, un segundo mandato al frente de la patronal catalana Foment del Treball el pasado verano. Expolítico bregado en el Congreso, conocedor también de las interioridades de la CEOE, de la que es vicepresidente, estrenó su cargo asegurando que uno de sus objetivos de mandato sería conseguir que las empresas que salieron de Cataluña en otoño de 2017 volvieran. Cuatro años más tarde, constatado el fiasco de aquella operación, asegura que trabajará con el mismo fin. Mientras tanto, carga contra el impuesto a los ricos que plantea aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez, a la vez que defiende la estrategia fiscal promovida por la Comunidad de Madrid y Andalucía.

Pregunta. Hace cinco años empezó la huida de empresas en Cataluña. Nada ha cambiado. ¿Qué está fallando?

Respuesta. En este segundo mandato planteamos una hoja de ruta para que en Cataluña haya estabilidad económica, estabilidad política y seguridad jurídica. Cuando lo hayamos conseguido, probablemente algunas de las empresas más relevantes que se fueron de Cataluña planteen su vuelta.

P. Una hoja de ruta suena a medio y largo plazo.

R. Efectivamente, mi mandato es de cuatro años. Yo no descarto que vuelvan, más bien estoy convencido de que habremos conseguido tejer el máximo de complicidades con todas las fuerzas políticas catalanas para que eso sea una realidad.

P. El empresariado fue leal con el Gobierno en el tema de los indultos, mostrándole su apoyo. ¿Cree que ese esfuerzo que ustedes quieren realizar para el regreso de las empresas a Cataluña cuenta con el mismo apoyo político?

R. Es cierto que el apoyo y los pronunciamientos políticos no se han producido. A pesar de ello, estoy convencido de que, a medida que pase el tiempo, estos llegarán. Hasta ahora, solo Foment y la CEOE lo han hecho. Para una respuesta más determinante y contundente será necesaria una declaración inequívoca del Govern, en el sentido de que jamás se volverán a producir unos hechos como los que se produjeron hace cinco años, que dieron como resultado la declaración unilateral de independencia. Ahora creo que vamos en la buena dirección.

P. ¿Y del Gobierno central?

R. El Gobierno central ya ha planteado la constitución de la mesa de diálogo y asumir que existe un conflicto político. Tampoco merece la pena forzar las situaciones o declaraciones que probablemente puedan crear más anticuerpos de los que ya tenemos. La situación se ha de ir consolidando.

P. ¿La forma con la que el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha presentado la supresión del impuesto de patrimonio ha generado anticuerpos?

R. Él ha hecho lo que tenía que hacer: ha sacado adelante un planteamiento que tenía en el programa electoral. Ojalá lo que ha hecho la Comunidad de Madrid y ahora la Junta de Andalucía lo hiciera también el Gobierno catalán. Los socios del presidente Pere Aragonès ya van en esa dirección de supresión del impuesto de patrimonio. Lo que no encuentro razonable de la actuación de Moreno Bonilla es su llamada a que el empresariado catalán deslocalizara su patrimonio de Cataluña. Sabe perfectamente que eso no sucederá. Estos llamamientos solamente producen conflictos territoriales.

P. ¿Considera que Madrid y ahora Andalucía hacen dumping fiscal al resto de comunidades?

R. No. Lo que hacen es aplicar la legalidad vigente que da a las comunidades capacidad fiscal sobre determinados tributos. Cataluña también lo podría hacer y ha hecho lo contrario, crear nuevos impuestos. Espero que la Generalitat reaccione positivamente ante el planteamiento de Andalucía y Madrid.

P. Tras dos años de gasto extremo en las administraciones a causa de la crisis sanitaria, ¿considera un buen momento retirar impuestos que impactan justamente en quienes menos mal lo están pasando?

R. Hablamos de una recaudación insignificante, de 500 millones sobre un presupuesto total de 33.000 millones de euros de la Generalitat. A través de políticas fiscales competitivas o de partidas enfocadas a la mejora de la economía productiva se podrían recuperar esos recursos perfectamente.

P. El Gobierno plantea, para evitar esa guerra fiscal, un impuesto a las grandes fortunas.

R. No se trata de un debate de política fiscal, sino de un debate ideológico, entre ricos y pobres; derechas e izquierdas, y me produce tristeza y perplejidad. Yo lo definiría como un impuesto bolivariano que hará mucho daño a España sin obtener ningún beneficio. Expulsará a los poseedores de bienes y a los creadores de riqueza. Ese impuesto es confiscatorio y estoy seguro de que acabará siendo declarado inconstitucional. Es un impuesto centralizado que va en contra de la capacidad normativa de las comunidades autónomas sobre los impuestos cedidos. Creo que lo plantean desde Unidas Podemos, desde una posición de resentimiento. Me sorprende porque el 7 de junio el PSOE votó en contra de un planteamiento sobre un impuesto a las grandes fortunas propuesto por este mismo partido.

P. ¿Cuánto podrá aguantar España los actuales niveles de inflación?

R. En una situación como la actual, en la que las desigualdades cada día son más grandes, hay que plantearse un plan de choque para luchar contra la inflación y reducirla drásticamente. Para evitar el dolor que sufrirán personas, familias y empresas, el presidente del Gobierno tendría que liderar un pacto de rentas en el que estén presentes patronales, sindicatos, el sector público, pensionistas, el primer partido de la oposición y el resto de formaciones políticas. Se ha de buscar un planteamiento de estabilidad social a medio y largo plazo, en el que todos nos hemos de sacrificar, empresarios y trabajadores, excepto los que tienen salarios más bajos y están en situación más vulnerable, pero también las administraciones públicas tendrían que transferir recursos del Estado a las familias más desprotegidas. El pacto de rentas puede ser un primer paso para reformular lo que considero imprescindible en Europa, el contrato social, y evitar así la mala experiencia que tuvimos tras la crisis de Lehman Brothers, con las desigualdades sociales creciendo.

P. ¿Su versión del pacto de rentas es el mismo que el de la CEOE?

R. Tal y como yo lo defino, lo define la CEOE y su presidente, Antonio Garamendi. Desde Foment damos un paso más: el incremento del salario mínimo (SMI) se tiene que defender dentro del pacto de rentas, aunque en ese caso se tendrían que excluir determinados sectores.

P. ¿Foment del Treball apoyará la candidatura de Antonio Garamendi en las elecciones de la CEOE de noviembre?

R. Decidiremos cuando conozcamos los programas electorales y, si hay varios candidatos, tras haberlos escuchado a todos.

P. ¿Qué elementos puede haber que les lleve a no apoyarle?

R. Veremos cuál es el programa. Ya hemos dicho qué nos gustaría. Más participación y más debate en las decisiones que afectan al empresariado.

P. Reivindica a Foment como la territorial más representativa de la CEOE. ¿No sería lógico que estuvieran tras alguna candidatura?

R. No necesariamente, aunque hasta la fecha nadie nos lo ha planteado. Los tres principales puntos de nuestro programa son que las empresas vuelvan, la defensa del empresario y ser influyentes y determinantes en la política económica.

P. Históricamente Foment ha apoyado las candidaturas de la CEOE.

R. Estamos donde estamos y defenderemos aquellas candidaturas que den cabida a nuestros planteamientos.

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