Una espiral maldita llamada inflación

Cuando España transitaba de la dictadura franquista a la democracia y se firmaron los Pactos de la Moncloa había una constante que galopaba como los cuatros jinetes del apocalipsis, la inflación. Cifras de hasta el 30% martirizaban a los gobernantes, mientras los trabajadores exigían la adaptación de los salarios. El tiempo pasó y se fueron arreglando las cosas, más cuando España entró en la Unión Europea (entonces CEE) y cuando se comprometió a rebajar los precios al 2% de acuerdo al tratado de Maastricht para adoptar la moneda única. Ahora ha vuelto aquel fantasma, que no afecta solo a España. Es un problema que se ha desatado con la fuerza de la gravedad por toda Europa tras la invasión rusa de Ucrania y la crisis energética. La cuestión es peliaguda, como se puso de manifiesto en el tradicional curso sobre economía organizado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) bajo el patrocinio del BBVA.

Rusia y Ucrania son de los principales productores de determinadas materias primas, energéticas y no energéticas, y Europa tiene una elevada dependencia de las importaciones de algunos de estos productos (Rusia representó alrededor del 20% y el 35% de las importaciones de petróleo y gas del área del euro en 2020, que en España no llega al 6%). La exposición comercial directa es moderada (más modesta en España); pero los efectos indirectos pueden ser elevados, particularmente en el contexto de las sanciones. La dependencia financiera, por su parte, es muy reducida; pero se observa un incremento de la volatilidad y de aumento de la tensión de las condiciones de financiación.

En ese contexto, los hogares y empresas experimentarán dificultades para anticipar los desarrollos económicos futuros, en particular sobre sus rentas, lo que pesará sobre sus decisiones de consumo e inversión, según destacó el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. La situación ha producido un deterioro de los indicadores de confianza, según el supervisor, que en menos de medio año ha cambiado sus previsiones a medida que el conflicto se va alargando. Ha pasado del 5,4% de crecimiento del PIB en 2022 que vaticinaba en diciembre de 2021 al 4,1% de este mes de junio y de un aumento del IPC (Índice de Precios al Consumo) del 3,7% al 7,2% en el mismo periodo.

Para el sector bancario español, el gobernador prevé que mantendría una capacidad de resistencia adecuada ante los riesgos macrofinancieros extremos identificados. No obstante, pide un comportamiento prudente al sector y plantea la necesidad de abordar los desafíos estructurales que ya existían, en particular, el ajuste de la capacidad y la creciente competencia de empresas tecnológicas, así como los efectos negativos de los riesgos climáticos.

Las cifras y los cambios de previsiones traen por la calle de la amargura al Gobierno, que no deja de barajar e idear fórmulas para hacer frente a la situación. “Tenemos que encontrar el instrumento, el vehículo fiscal, financiero y legal más adecuado para repartir de forma justa el impacto negativo de esta crisis”, sostuvo el miércoles la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, en la ronda de preguntas a las que atendió telemáticamente después de no haber podido celebrar la rueda de prensa prevista en la inauguración del curso. Calviño reconoció que el Ejecutivo trabaja con un nuevo escenario de inflación más alta y durante más tiempo.

Por videoconferencia también participó el miércoles el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, quien descartó cualquier expectativa positiva. La subida de precios en la zona euro se mantendrá por encima del 8% al menos hasta el otoño, dijo desde Fráncfort. “Si nos encontramos con efectos de segunda ronda, esto llevará a que la inflación sea más extensa y afecte a más componentes del IPC y a que la respuesta de la política monetaria sea diferente”, añadió.

Esta situación presiona al BCE para abordar una subida de tipos de interés de 0,25 puntos el próximo mes y otra (podría ser de 0,50) en septiembre. A partir de ahí, “miraremos la evolución real de la inflación, nuestras proyecciones y actuaremos en consecuencia”, manifestó el vicepresidente del eurobanco. “No sabemos a dónde pueden llegar los tipos, dependerá de los datos”, advirtió. En definitiva, no hay techo previsto, que depende de la evolución mientras se vislumbra la efervescencia entre halcones y palomas sobre la cifra en que se situará la tasa neutral, es decir, la que no expande la economía, pero tampoco la contrae.

Guindos también habló del programa para evitar la fragmentación de la deuda de los países comunitarios y subrayó que no debe interferir en la normalización de la política monetaria ni en la lucha contra la inflación. En ese sentido, considera que servirá para ampliar las opciones del banco: “Contar con un instrumento antifragmentación es liberar a la política monetaria para poder actuar con más contundencia contra la inflación”.

Desde una perspectiva distinta, los sindicatos reclaman, además de potenciar la política industrial, la revalorización salarial para lo que plantean a la patronal CEOE volver a la mesa de negociación. El punto de desencuentro está en la cláusula de garantía salarial, lo que para la organización presidida por Antonio Garamendi supondría cronificar la alta inflación. En resumen, la conflictividad está servida, según reconocieron los secretarios generales de UGT y CC OO, Pepe Álvarez y Unai Sordo.