ACS mira a Italia para iniciar su transformación

El miércoles, mientras Florentino Pérez disfrutaba con los goles de Karim Benzema en Stamford Brigde (estadio del Chelsea, en Londres), trascendía que ACS, la empresa que fundó y preside el empresario, se había embarcado en una operación junto a los fondos GIP y Brookfield para controlar Atlantia, su socio en Abertis (50% menos una acción, por lado español, y 50% más una acción, por lado italiano). ACS, según reconoció el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un hecho relevante, “tiene un acuerdo exclusivo” con esos dos grandes fondos internacionales de inversión “por el cual acabaría comprando la mayoría del negocio de concesiones de autopistas, sin que a fecha de hoy haya tomado una decisión al respecto”.

Al día siguiente, con el eco del buen partido del Real Madrid en los medios, se supo que otro fondo estadounidense, Blackstone, también puja por la firma de la familia Benetton, primer accionista con el 33,1% a través de la patrimonial Edizione, con la que mantiene conversaciones, pero sin haber llegado “aún a ningún acuerdo”. Los Benetton calificaron la otra oferta como “no solicitada” y comunicaron que quieren mantener las raíces italianas, además de “seguir contribuyendo al desarrollo sostenible de su valor”.

Es decir, todo está en el aire e indica que se ha desatado una guerra de opas tras precipitarse las cosas, seguramente por filtraciones interesadas que les han hecho poca gracia a los protagonistas, pero que les han obligado a retratarse ante las autoridades regulatorias de España e Italia. Lo que está claro es que, de prosperar, por un lado u otro, la operación sería una de las más sonoras de los últimos tiempos. Atlantia tiene actualmente una capitalización bursátil que supera los 15.000 millones de euros, a los que habría que añadir la deuda que arrastra por más de 30.000 millones.

Florentino Pérez tiene a la vuelta de la esquina (el próximo 6 de mayo) la junta general en la que podrá explicar a los accionistas las pretensiones y el alcance de la operación. Para la multinacional española, el principal interés de la operación sobre Atlantia radica en que significaría dar un paso de gigante en el sector de concesiones y autopistas llegando a ingresos superiores a los 30.000 millones. Le interesan las autopistas y no los aeropuertos y activos ferroviarios de Atlantia, como ya se reflejó el año pasado tras fallar la oferta de compra de Autostrade, que fue adquirida por un consorcio dirigido por el Estado italiano para frenar cualquier intromisión. Por áreas geográficas, los planes de la compañía pasan por crecer en EE UU y Latinoamérica y consolidarse en Australia.

La junta es el momento de poner en valor las actuaciones realizadas el último ejercicio y los planes de crecimiento y transformación, que pasan por crecer en concesiones y negocios renovables y reorganizar el resto de actividades, como la construcción tradicional, embrión del grupo creado por Pérez. De momento cuenta con los 4.900 millones de euros obtenidos por la venta de Cobra al grupo francés Vinci, que le permitió lanzar la opa sobre el 21,4% de la filial australiana Cimic a través de la alemana Hochtief con el objetivo de excluirla de Bolsa; reducir prácticamente a cero la deuda y reforzar el músculo para poder afrontar operaciones como esta posible compra del negocio de concesiones de Atlantia. Precisamente con Vinci, con la que rivaliza en obra civil, comparte intereses en renovables que podrían cristalizar en acuerdos para hacer inversiones conjuntas.

La venta de la filial de servicios industriales fue el punto de partida del plan industrial, del que se encargará de llevar la manija Juan Santamaría, cuyo nombramiento como consejero delegado será propuesto a los accionistas en la citada junta. Santamaría, ingeniero de Caminos como Pérez, es un hombre de la casa, donde empezó dirigiendo precisamente las concesiones en Florida (EE UU), lo que le permitió conocer el negocio y obtener experiencia en la relación con la banca de inversión. Además de su paso por EE UU, dirigió Iridium (filial de ACS), y se desarrolló en Cimic. La tarea en esta firma, que enderezó tras sufrir un descalabro de 1.800 millones de dólares australianos, fue valorada muy positivamente por el presidente para darle el mando ejecutivo en sustitución de Marcelino Fernández Verdes. Además de Santamaría, se incorporará al consejo María José García Beato, abogada del Estado, ex secretaria general del Banco Sabadell y exsubsecretaria del Ministerio de Justicia en época del Gobierno de Aznar. Ocuparán los puestos de Agustín Batuecas y Joan David Grimá, dos históricos en el máximo órgano de administración del grupo. La compañía contará con un consejo de 15 miembros.